Siempre pensé, y ahora lo hago con más motivo, que a los cinco minutos de aplausos de las ocho de la tarde a los sanitarios y a los colectivos comprometidos en la lucha contra la pandemia deberían haber seguido otros diez o quince de abucheos a los que que estaban colaborando con la difusión del virus. Entre esos jorobadores de la marrana ha destacado por méritos propios el llamado poder judicial, especialmente en sus escalones más altos. A lo largo de año y medio eterno, y particularmente en los momentos más graves, los Superiores de Justicia —con doble subrayado para el vasco— y el Supremo han venido saboteando miserablemente el esfuerzo sobrehumano de los sectores en primera línea de batalla, de las autoridades y, en la derivada final, de cada ciudadano de a pie que aportaba su granito de arena por incómodo que le resultase. Sus muy elevadísimas señorías lo hacían, para más recochineo, en nombre los derechos fundamentales que quedaban conculcados por la legislación ex-cep-cio-nal con la que se trataba de evitar las hasta seiscientas muertes diarias que llegó a haber en la fatídica primavera de 2020. Inasequibles al desaliento, los de las togas negras jamás se han rendido, como lo prueba que a iniciativa de Vox —¡Sí, malotes progres, de Vox!— el Tribunal Constitucional está a punto de declarar ilegal el primer estado de alarma. Por si no fuera suficiente con que las zarpas neofascistas prendieran la mecha, el ponente de la sentencia es Pedro González Trevijano, a la sazón, rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el momento de los escándalos de los másteres. Lo tremendo es que el fulano se saldrá con la suya.
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Irresponsables con y sin cubata
Si no estuviéramos en medio de una inmensa tragedia con alrededor de cien mil muertos en el estado, resultaría hasta cómico. El ministro de Justicia español, un tipo cuyo nombre desconocen nueve de cada diez de sus administrados, sale de las catacumbas para decir por la mañana pata y al mediodía patata. Qué personaje, el tal Juan Carlos Campo, que nos madrugó en El País con una redacción escolar en la que daba por muerta la pandemia y terminaba con un párrafo pegoteado tras las imágenes de la nochevieja del fin del estado de alarma deslizando que quizá se pueda cambiar el cagarro de decreto evacuado por su gobierno el otro día. Total, para desmentirse a sí mismo un rato después en el programa de Ferreras.
La última versión del mengano cuando tecleo estas líneas es que no hay nada que cambiar, que la legislación ordinaria no permite el toque de queda y que las comunidades tienen “un arsenal de herramientas jurídicas” para hacer frente al virus. Ni media hora antes, su compañero de gabinete Miquel Iceta había asegurado a metro y medio del vicelehendakari Josu Erkoreka que si cualquier comunidad necesitaba un estado de alarma, se estudiaría y con toda probabilidad se concedería. Como se ve, la irresponsabilidad de los juerguistas del domingo es directamente proporcional a la del gobierno español.
Una justicia, dos varas
Al final, el Estado de Derecho —hagamos derroche innecesario de mayúsculas— era esto. Ante los mismos hechos, varios tribunales superiorísimos toman decisiones no ya diferentes sino diametralmente opuestas. Es como si dos equipos médicos de élite diagnosticaran un catarro o un cáncer a la vista de síntomas idénticos y recetaran en consecuencia: unas juanolas o quimioteraìa agresiva. Sería algo de todo punto inadmisible que conllevaría un severo castigo a los galenos que hubieran metido la pata.
En el caso de los dictámenes de sus ilustrísimas e intocables señorías, sin embargo, te tienes que comer la matraca de rigor: eso es lo bonito del hecho jurídico, que no hay una única interpretación. Lo pistonudo es que te lo dicen como si no fuera un escándalo de proporciones cósmicas que según qué tipos y/o tipas con birrete te hayan caído del cielo, tienes barra libre para hacer lo que te salga de entre las ingles —caso de la CAV— o debes acogerte a ciertas normas lógicas cuando todavía la pandemia no se ha ido, incluso aunque exhibas cifras sanitarias muy razonables como en Valencia o Baleares. El remate es tener la absoluta certeza (porque el individuo que la ha dictado ni siquiera disimula) de que la resolución no se ha tomado atendiendo a la legalidad vigente sino a pulsiones puramente personales.
El domingo, tonto el último
Empezaré apuntando una maldad. Los que han decidido que no son necesarias ni la prórroga del estado de alarma ni una legislación específica a partir del domingo son los mismos que pensaron que era una buena idea presentar una moción de censura en Murcia. En uno y otro caso subyace el principio ludopático que rige sus actuaciones, que es el que mi profesor de cuarto de EGB enunciaba así: si sale con barbas, San Antón; si no, la Purísima Concepción. Lo tremendo es que en el caso que nos ocupa, esta apuesta a cara cruz se puede traducir en decenas de miles de contagios y en una buena cantidad de muertes. Alguna experiencia tenemos en desescaladas a tontas y a locas y en salvaciones del verano, las navidades o la semana santa.
Escribo esto, no lo niego, bajo los efectos del inmenso canguelo que me da pensar en el monumental pifostio que se puede montar pasado mañana, cuando el personal sienta que tiene permiso para hacer de su capa un sayo. Y la cuestión es que será literalmente cierto porque decaerán las medidas troncales para hacer frente a la pandemia. Como poco, el toque de queda y los cierres perimetrales. Todo lo demás deberemos fiárselo a los tribunales de Justicia. Con los precedentes que nos han dejado sus señorías, solo nos queda rezar para que el virus se tome un respiro. Ojalá.
Sánchez vuelve a desentenderse
Ya sabemos qué habrá después del estado de alarma. Nada entre dos platos. O, menos finamente, una boñiga pinchada en un palo. El decreto de transición anunciado por la vicepresidenta Carmen Calvo con su ineptitud expresiva habitual no llega ni a mal parche. Bien es cierto que, una vez jurado en hebreo todo lo jurable por la enésima deslealtad del inquilino de Moncloa con quienes lo mantienen donde está, la jugarreta es perfectamente coherente con lo que llevamos visto y padecido desde el principio de la pandemia. A Sánchez y a sus susurradores se la bufan un kilo las muertes de decenas de miles de personas y la ruina económica. Especialmente, si pueden pasarles el marrón a los gobiernos locales, que es lo que vuelve a suceder con este esputo legaloide que se han sacado de la entrepierna.
A partir del domingo se van por el desagüe todas las medidas que nos habían jurado que eran imprescindibles para luchar contra el virus. Si las comunidades pretenden mantenerlas deberán pasar por la doble humillación de recibir el aval del Superior de Justicia correspondiente y de suplicar clemencia al Supremo es-pa-ñol en el muy probable caso de que un juez jatorra se ponga estupendo; precedentes tenemos. Los cuantopeormejoristas del terruño, que ya juran que estamos peor que en India, se van a dar un festín.
Sin prórroga ni alternativa
Yo también albergaba cierta esperanza de que Pedro Sánchez cambiaría de opinión sobre la no prórroga del estado de alarma cuando pasaran las elecciones madrileñas. Es de sobra conocida, hasta el punto de ser marca de la casa, la querencia del inquilino de Moncloa por los digodiegos. Nadie como él ejecuta los giros de 180 grados. Y en esta ocasión, todo parecía apuntar por ahí. Resultaba lógico pensar que el aperturismo de la campaña podría cambiarse por la prudencia responsable una vez contados los votos, incluso independientemente del resultado.
Sin embargo, viendo la insistencia casi machacona del propio Sánchez y de los diferentes portavoces del ejecutivo español, tiene toda la pinta de que se han quemado las naves y, pase lo que pase, no habrá marcha atrás. El 9 de mayo decaerá el estado de alarma y ni siquiera se contempla mantenerlo en aquellas comunidades donde la situación sanitaria fuera más delicada. Ni ocho horas tardó en quedar desautorizada la vicelehendakari segunda del Gobierno vasco, Idoia Mendia, que fue quien deslizó esa posibilidad. Todo hace indicar que, pese a los horribles números que tenemos en las demarcaciones autonómica y foral, quedaremos en manos del buen, mal o regular criterio de las instancias judiciales. Los precedentes no invitan precisamente a la confianza.
Prórroga, el mal menor
Todos los políticos con o sin responsabilidades de gobierno deberían revisar lo que han dicho sobre el estado de alarma desde que se decretó el primero hace más de un año. Comprobarían que han ido incurriendo no en una sino en una buena colección de contradicciones. Y da lo mismo la postura que se haya defendido. Quienes lo ponderaban como herramienta imprescindible e insustituible sostienen ahora que basta con la legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia. Exactamente a la inversa, los que que proclamaban que era una exageración echar mano de un instrumento legal excepcional se han convertido ahora en partidarios de la prórroga.
Debo confesar que yo mismo no estoy libre de la contradicción o, si quieren, la incoherencia. En todo caso, después de lo visto en estos interminables 14 meses, opto por lo práctico. El decreto de estado de alarma —y más con la pachorra con que lo ha administrado el gobierno español— es la opción menos mala. Utilizando la metáfora al uso, es el paraguas jurídico que aun teniendo un montón de agujeros puede sacarte de un apuro en un momento dado. Vamos, que menos da una piedra. Por eso, y dado que los efectos de las vacunas todavía no han conseguido que la situación sanitaria sea muy distinta a la de octubre del año pasado, lo más lógico es mantenerlo.