Ojalá sirvan para algo, pero siento escribir que las nuevas medidas planteadas tanto en la demarcación autonómica como en la foral son un ejercicio de voluntarismo. Loable, desde luego. Necesario, por descontado; nadie entendería que las autoridades se quedasen mirando con la boca abierta la multiplicación diaria de contagios y su reflejo en la sanidad pública. Pero en el punto en el que estamos, marcando récords sucesivos no ya de la quinta ola sino de toda la pandemia, no parece que esta o aquella reducción de horario o aforo pueda ser un gran freno. ¿Lo de la obligatoriedad de las mascarillas en entornos urbanos transitados? Menos da una piedra, si es que no viene el juez jatorra con la guadaña. Quizá la petición de toques de queda (en segundas nupcias en Nafarroa y de estreno, si acaba produciéndose, en la CAV) sea lo que, si se concede, resultaría más efectivo. Aun así, vamos tarde y contra la corriente general. Para empezar, el gobierno español decretó hace meses el fin de la pesadilla vírica y, como se está comprobando, no va a mover un dedo. Que se coman el marrón las comunidades, incluso las gobernadas o cogobernadas por el PSOE. Y si les muestran a Sánchez o a Darias las brutales cifras, les dirán, como en las cuatro olas anteriores, que ya estamos llegando al pico y que pronto comenzará el descenso. Por desgracia, esa pachorra la comparten muchos de nuestros conciudadanos, que siguen viviendo como si estuviéramos a dos minutos de la vieja normalidad. No sé ustedes, pero yo conozco a muy pocas personas que hayan cambiado sus planes o que hayan dejado de incurrir en conductas de riesgo. Así nos va
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Sánchez ni está ni se le espera
No dejará de sorprenderme la paciencia franciscana y la contención budista de Iñigo Urkullu. Y, claro, su insistencialismo a prueba de bomba, o sea, a prueba de la cachaza desparpajuda de un tipo como Pedro Sánchez al que se la bufa todo. Después de año y medio de ser objeto —junto al resto de autoridades locales— de ninguneos y hasta saboteos sin cuento, el lehendakari le ha remitido al inquilino de Moncloa la carta número ene para contarle, por si no lee los periódicos, que los contagios han vuelto a desbocarse y que la situación empeora por momentos. Por ello, la primera autoridad de la CAV urge al presidente español a desatarle las manos para que pueda luchar contra la pandemia. Ya que no está dispuesto a ayudar, por lo menos, que no entorpezca la tarea de quienes sí pretenden hacer frente al virus. Eso, por desgracia, en un estado que sigue rezumando jacobinismo para lo esencial, pasa por estudiar un nuevo estado de alarma para que los jueces jatorras dejen de tumbar cada iniciativa para tratar de frenar los contagios, los ingresos, las muertes y la ruina. Como poco, Urkullu le pedía a Sánchez que reconsiderase el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. La respuesta ha sido que verdes las han segado o, si prefieren una expresión con más intención, que por ahí se va a Madrid. Con una suficiencia que roza la chulería y da de lleno en la mentira zafia, primero la portavoz del Gobierno y luego la ministra de Sanidad (dejo al margen al delegado enredador) negaron la necesidad de esas medidas porque la cosa tampoco está tan mal y porque las comunidades ya tienen herramientas suficientes. Y no se les cayó la cara de vergüenza.
Un puñetazo en la mesa
Esta no es la columna que iban a leer ustedes. En la original, que ya estaba enviada y presentada en página, les hacía partícipes de mi curiosidad sobre el modo en que el Gobierno español iba a obligar a cumplir sus últimas disposiciones político-sanitarias a las comunidades que habían manifestado su intención de no bajar la cerviz. Celebro tener el trabajo de extra de teclear estas líneas de sustitución, porque el BOE me ha ofrecido la satisfacción a lo que tanto me intrigaba. La firmeza de la inconsistente ministra Carolina Darias amenazando con dar tastás en culo a las autoridades locales díscolas era pura impostura. Al final, lo que ha ido negro sobre blanco al órgano que recoge las disposiciones normativas es que la CAV se las puede pasar por la sobaquera en atención a su situación epidemiológica específica. Y ojo, que tampoco es privilegio particular, porque se les deja el mismo libre albedrío al resto de autoridades locales que no estaban por la labor de comulgar con la rueda de molino evacuada por el Consejo Interterritorial de Salud, ese organismo que, como bien dibujaron Asier y Javier, es una versión cutre y sin gracia del camarote de los Hermanos Marx. Desconozco si esta golondrina hará verano. Ojalá el presidente español, al que cada vez más gente conoce como “Su Persona”, haya recapacitado y caído en la cuenta de que no puede seguir maltratando por más tiempo a sus socios más leales cuando se ve de minuto en minuto su precariedad aritmética para mantenerse en Moncloa. Me alegro infinitamente del puñetazo encima de la mesa del lehendakari advirtiendo de que no acataría el edicto del desahogado Sánchez. Ese es el camino.
Solo cabía desobedecer
En la primera parte de la pandemia, fueron las pomposas conferencias de presidentes autonómicos. En la segunda están siendo las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Las maravillosas intenciones nominales de tomar decisiones consensuadas se quedan, cada vez con mayor frustración y hartazgo para las autoridades locales, en un dedazo desde Moncloa. Si repasamos el histórico, comprobaremos que el gobierno español ha venido haciendo de su capa un sayo y, para más inri, vendiendo la mercancía averiada de la cogobernanza. Lo ocurrido en el último encuentro, donde el rodillo se aplicó incluso cuando Euskadi no participó ni en el debate ni en la votación, fue especialmente escandaloso. Ante medidas que, además de no tener sentido sanitario en nuestro entorno, invaden competencias de hoz y coz, la única respuesta que cabía era la desobediencia. Por eso celebro el puñetazo encima de la mesa del lehendakari. Después de meses de ejercicios de contención sin límites para no embarrar el campo, Iñigo Urkullu ha anunciado que lo aprobado el miércoles en el presunto órgano colegiado no será de aplicación en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. Durante las próximas tres semanas seguirán vigentes las disposiciones que aprobó el LABI el lunes. La hoja de ruta, por lo tanto, será el Plan Biziberri. El riesgo, mucho me temo, es que los sectores descontentos acudirán raudos y veloces al Superior de Justicia con los resultados que ya imaginamos porque hay un puñado de precedentes. Con todo, merece la pena asumirlo al tiempo que se manda un mensaje a Pedro Sánchez. Esta vez el maltrato del socio leal sí tiene un precio.
Cien días es demasiado
Pedro Sánchez ha entrado en bucle. No deja de repetir que las Comunidades tienen quintales de herramientas jurídicas para luchar contra la pandemia y, sobre todo, que ahora toca mirar al futuro porque dentro de cien días alcanzaremos la inmunidad de rebaño. Respecto a lo primero, lo de la capacidad normativa, ya se ha visto que no es así ni de lejos. Ahí están como prueba las bofetadas recibidas desde las instancias judiciales superiores. En el caso de Nafarroa, con la propina añadida de tumbar los topes horarios además del toque de queda. Si no querías arroz, toma dos tazas.
Y en cuanto a la machacona apelación a tener paciencia porque nos quedan menos de tres meses, hay que contar hasta un millón. De entrada, porque ni los epidemiólogos más optimistas se atreven a dar el virus por vencido incluso tras la vacunación masiva. El presidente español osa, sin embargo, a cantar una victoria aún en duda. Pero es que además, como escribía ayer en DEIA Iñaki González, a Sánchez se le ha borrado el presente de la ecuación. Fiel a su natural escapista, ha decretado el olvido de las decenas de miles de muertos de los últimos catorce meses. Y no contento con ello, se fuma un puro con los contagios y los fallecimientos que vaya a haber hasta que llegue el día que ha marcado en rojo en su feliz calendario.
Irresponsables con y sin cubata
Si no estuviéramos en medio de una inmensa tragedia con alrededor de cien mil muertos en el estado, resultaría hasta cómico. El ministro de Justicia español, un tipo cuyo nombre desconocen nueve de cada diez de sus administrados, sale de las catacumbas para decir por la mañana pata y al mediodía patata. Qué personaje, el tal Juan Carlos Campo, que nos madrugó en El País con una redacción escolar en la que daba por muerta la pandemia y terminaba con un párrafo pegoteado tras las imágenes de la nochevieja del fin del estado de alarma deslizando que quizá se pueda cambiar el cagarro de decreto evacuado por su gobierno el otro día. Total, para desmentirse a sí mismo un rato después en el programa de Ferreras.
La última versión del mengano cuando tecleo estas líneas es que no hay nada que cambiar, que la legislación ordinaria no permite el toque de queda y que las comunidades tienen “un arsenal de herramientas jurídicas” para hacer frente al virus. Ni media hora antes, su compañero de gabinete Miquel Iceta había asegurado a metro y medio del vicelehendakari Josu Erkoreka que si cualquier comunidad necesitaba un estado de alarma, se estudiaría y con toda probabilidad se concedería. Como se ve, la irresponsabilidad de los juerguistas del domingo es directamente proporcional a la del gobierno español.
Sánchez vuelve a desentenderse
Ya sabemos qué habrá después del estado de alarma. Nada entre dos platos. O, menos finamente, una boñiga pinchada en un palo. El decreto de transición anunciado por la vicepresidenta Carmen Calvo con su ineptitud expresiva habitual no llega ni a mal parche. Bien es cierto que, una vez jurado en hebreo todo lo jurable por la enésima deslealtad del inquilino de Moncloa con quienes lo mantienen donde está, la jugarreta es perfectamente coherente con lo que llevamos visto y padecido desde el principio de la pandemia. A Sánchez y a sus susurradores se la bufan un kilo las muertes de decenas de miles de personas y la ruina económica. Especialmente, si pueden pasarles el marrón a los gobiernos locales, que es lo que vuelve a suceder con este esputo legaloide que se han sacado de la entrepierna.
A partir del domingo se van por el desagüe todas las medidas que nos habían jurado que eran imprescindibles para luchar contra el virus. Si las comunidades pretenden mantenerlas deberán pasar por la doble humillación de recibir el aval del Superior de Justicia correspondiente y de suplicar clemencia al Supremo es-pa-ñol en el muy probable caso de que un juez jatorra se ponga estupendo; precedentes tenemos. Los cuantopeormejoristas del terruño, que ya juran que estamos peor que en India, se van a dar un festín.