Renovemos ya el Estatuto

He aquí la clásica, casi tópica, columna de aniversario del Estatuto de Gernika. Creo que desde que firmo estas letras, hace ya once años, no he dejado pasar la efeméride. Si no cuadraba en la fecha redonda, era en la víspera o, como es el caso, al día siguiente. En este tiempo, han variado los contextos —recordemos que el 25 de octubre llegó a ser declarado festivo por el efímero gobierno del PSE con el sostén externo del PP— pero el mensaje básico no ha cambiado demasiado. O si lo ha hecho, ha sido para ensanchar los motivos de enfado por el incumplimiento. Como recogían ayer los diarios del Grupo Noticias con precisión al cuarto decimal, 42 vueltas completas de calendario después, sigue habiendo 27 materias pendientes de traspaso. A la cabeza, claro, la intocable Seguridad Social.

“¡Oiga, oiga”, me dirán los miradores de botellas casi llenas, “que acabamos de estrenar la gestión de las prisiones”. ¡Le parecerá barro! Y en efecto, me lo parece porque ya hace unos cuantos lustros que debíamos haberla ejercido. Pero tampoco me detendré a llorar por la leche derramada. De poco sirve entregarse a la nostalgia biliosa. Prefiero ser práctico y seguir aprovechando las necesidades aritméticas del gobierno español presuntamente en el alambre para ir arrancándole lo que legítimamente nos corresponde. Todo, sin olvidar mirar hacia adelante. Con o sin cumplir, el Estatuto de 1979 fue un texto que hay reivindicar con orgullo. Pero hoy se nos ha quedado viejo en no pocas cuestiones. Andamos muy tarde ya para renovar el pacto de convivencia. Me pregunto por qué no hemos sido capaces de hacerlo. Tristemente, conozco la respuesta. Como ustedes.

Tiempo de recomenzar

Ante ustedes, un estajanovista de la democracia representativa que en el instante de redactar estas líneas lleva a la chepa las ocho horas de discursos, réplicas y dúplicas que se suceden en el debate de Política General del Parlamento Vasco. Mi primera conclusión, de hecho, no tiene que ver con el fondo sino con la forma. Quizá haya llegado el momento de plantearse el sentido de estos atracones dialécticos cuya sustancia se queda —y eso, siendo generosos— entre los actuantes y los que ejercemos de notarios. Pregunten a su alrededor y comprobarán que salvo los muy cafeteros, nadie sabrá darles razón de lo que se dijo ayer en la cámara de Gasteiz. Para empeorarlo, si alguien pretendiera acceder a un resumen de la sesión a través de los medios, hoy se va a encontrar que los titulares gordos lo reducen casi todo a una mención a 1839 de lo más golosa para lucirse en la interpretación. Personalmente, creo que esa alusión fue demasiado arriesgada, pues se prestaba a gracietas y cargas de profundidad como las que inspiran los tuits más salerosos. Qué despiporre, por cierto, que los mismos que se ponen megaserios remitiéndonos a 1714 se choteen de la referencia a otro año histórico de un siglo y pico después.

En todo caso, y puesto que, como les he dicho, estuve pendiente de cada ripio que se aventó ayer en pleno que abre el curso político, me quedaré con lo que para mí su espíritu más allá de las proclamas y los cruces de declaraciones. Por primera vez en más de un año volvimos a ver todos los escaños ocupados. Un paso hacia la luz que se atisba al todavía lejano final del túnel de la pandemia. Es el momento de recomenzar.

España nos sisa (y mucho)

La erosión silenciosa es el título de un robusto volumen —setecientas páginas de vellón— que recoge cómo a lo largo de los años el centralismo español rampante ha ido afanándole a la demarcación autonómica pequeñas dosis de autogobierno. No se trata de esas cuestiones que van a los titulares gordos y provocan visibles movidas que acaba resolviendo casi siempre a favor de Madrid el Tribunal Constitucional, juez y parte. Tampoco de las eternamente adeudadas transferencias que recoge negro sobre blanco el tan cacareado como incumplido estatuto de Gernika. Qué va. Son, como denunció la consejera Olatz Garamendi en la presentación de este censo general de mangancias, una suma continua de contumaces actuaciones fuera de los focos y el interés público que en conjunto han esquilmado el ya de por sí precario bosque de las competencias propias.

Hablamos de cuestiones en apariencia tan poco sospechosas como la concesión de tarjetas de aparcamiento para personas discapacitadas, un plan renove de automóviles o la normativa sobre claves digitales. Tal y como han documentado los servicios jurídicos de Lakua en un trabajo que profundiza hasta el vigésimo decimal, tacita a tacita, como en el célebre anuncio de café soluble de Carmen Maura que recordamos los viejenials, nos han ido arañando pedacitos de autogobierno. Quizá sea excesivo decir que España nos roba, pero está claro que nos sisa de un modo continuo e independientemente del color del gobierno. Es muy procedente la acusación que contiene este trabajo, pero no se puede quedar simplemente en el enésimo pataleo. Va siendo hora de parar los pies al rapiñador.

Reclamar lo que es nuestro

Hoy toca foto de familia (no demasiado bien avenida) en Salamanca, que como reza el dicho referido a su universidad, no presta lo que la naturaleza no da. Veremos ahí a Pedro Sánchez-Profidén sonriendo junto a lo que él considera sus vasallos locales. No sé si antes o después de los flashes se habrá producido el presunto acontecimiento nuclear, la conferencia de presidentes, que escribo en minúsculas porque no creo que merezca más un ringorrango que consiste en una sucesión de monólogos celéricos —el tiempo es limitado— abiertos y cerrados por la bendición condescendiente del citado inquilino de Moncloa. Cuentan las crónicas redactadas con abundancia de aspavientos que muchos de los citados están que se suben por las paredes porque en la antevíspera, a cambio de su presencia en el sarao, el lehendakari Iñigo Urkullu obligó a Sánchez a convocar la Comisión Mixta del Concierto. A los lectores de la demarcación autonómica les digo que esa, la de ayer, es la única reunión que importa. De ella salieron decisiones que harán un poco más llevadera la lucha contra la crisis económica de la pandemia. Ojo, que no es ninguna prebenda como claman los tiñosos de costumbre, sino la aplicación de las normas vigentes. Y a quienes lean esto en la comunidad foral les insto a ver la diferencia. Todo lo que consiguió Urkullu le pertenece por derecho a Nafarroa. Se comprende que la militancia de María Chivite le obliga a fichar sin rechistar en la capital castellana cuando su superior jerárquico en el partido firma la convocatoria. Pero lo cortés no quita lo valiente y la presidenta debería reclamar lo que es de sus administrados.

Solo cabía desobedecer

En la primera parte de la pandemia, fueron las pomposas conferencias de presidentes autonómicos. En la segunda están siendo las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Las maravillosas intenciones nominales de tomar decisiones consensuadas se quedan, cada vez con mayor frustración y hartazgo para las autoridades locales, en un dedazo desde Moncloa. Si repasamos el histórico, comprobaremos que el gobierno español ha venido haciendo de su capa un sayo y, para más inri, vendiendo la mercancía averiada de la cogobernanza. Lo ocurrido en el último encuentro, donde el rodillo se aplicó incluso cuando Euskadi no participó ni en el debate ni en la votación, fue especialmente escandaloso. Ante medidas que, además de no tener sentido sanitario en nuestro entorno, invaden competencias de hoz y coz, la única respuesta que cabía era la desobediencia. Por eso celebro el puñetazo encima de la mesa del lehendakari. Después de meses de ejercicios de contención sin límites para no embarrar el campo, Iñigo Urkullu ha anunciado que lo aprobado el miércoles en el presunto órgano colegiado no será de aplicación en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. Durante las próximas tres semanas seguirán vigentes las disposiciones que aprobó el LABI el lunes. La hoja de ruta, por lo tanto, será el Plan Biziberri. El riesgo, mucho me temo, es que los sectores descontentos acudirán raudos y veloces al Superior de Justicia con los resultados que ya imaginamos porque hay un puñado de precedentes. Con todo, merece la pena asumirlo al tiempo que se manda un mensaje a Pedro Sánchez. Esta vez el maltrato del socio leal sí tiene un precio.

Con o sin estado de alarma

En su última gran comparecencia a mayor gloria de sí mismo, Pedro Sánchez dejó caer que su objetivo era no prorrogar el estado de alarma cuando alcance la fecha de caducidad el próximo 9 de mayo. En realidad, el inquilino de Moncloa estaba haciendo de la necesidad virtud. Tal y como baja el patio politiquero en Hispanistán, con unas elecciones a cara de perro en Madrid, los aliados soberanistas cabreados y hasta el socio de gobierno actuando de dinamitero, no conviene arriesgarse a una derrota en las Cortes. Menos, si tenemos en cuenta que desde el fiasco de Murcia, no han dejado de llover piedras sobre el presidente y su hechicero Iván Redondo, al que parece haberle dejado de funcionar la magia.

Pasando por alto el comprensible cabreo de los responsables autonómicos —empezando por el lehendakari— por un anuncio hecho sin consulta previa, cabe preguntarse cómo se luchará contra la pandemia sin estado de alarma. Y lo cierto es que no tengo una respuesta. Hasta ahora ese presunto paraguas jurídico ha sido una especie de perro del hortelano. Ni ha comido ni ha dejado comer. Las comunidades, da igual el signo político, no han podido hacer lo que entendían mejor para poner el virus en retirada. La paradoja es que a partir del 10 de mayo tampoco podrán hacerlo. La elección es entre lo malo y lo peor.

Estatus interruptus

Cuando despertó, la ponencia sobre el nuevo estatus todavía estaba allí. Y al paso que va el triciclo, empiezo a sospechar que este comienzo de columna tan escasamente original —está muy visto lo del dinosaurio de Monterroso— seguirá vigente. El penúltimo aplazamiento ha sido hasta noviembre. Que lo están peinando, dice la comisión de expertos, peculiar grupo formado por especialistas que se lo toman en serio, alguien que, según me chivan por el pinganillo, no sabe por dónde le da el aire y un sputnik convocado para el troleo descarado. Todos, ¡ay!, con sigla adosada a la solapa, lo que seguramente es muy democrático pero poco práctico. No me miren así. Se supone que el contenido de la cosa lo deciden los políticos de acuerdo a su representación. La tarea del sanedrín debería ser dar forma jurídica a la cosa, independientemente de la fe partidista que profesen.

¿Y cómo de grave es el enésimo retraso? Ríñanme, pero les diré que entre casi nada y nada. Si lo fuera, al anuncio de la de la demora le habría seguido una bronca de pantalón largo en la calle. Mejor que nos quitemos la venda: salvo un selecto grupo de muy cafeteros, prácticamente nadie está al corriente de que en el Parlamento Vasco se trabaja en la futura arquitectura institucional de la demarcación autonómica. Es verdad que tampoco he preguntado uno a uno a los avecindados en los tres territorios, pero algo me dice que la cuestión ahora mismo no está entre sus preocupaciones más perentorias. Intuyo de igual modo, o sea, a ojo, que habría una amplia mayoría partidaria de profundizar en el autogobierno, pero que no tiene una enorme prisa. Continuará.