¿Y qué opina Alonso?

Si lo piensan, tampoco es tan extraño que el petimetre Pablo Casado, un tipo que se merca másteres de Harvard en Aravaca y que cree que Getxo está en Gipuzkoa, vaya por ahí expandiendo la idea de que la Ertzaintza es una especie de policía de la señorita Pepis. Este humilde columnero que les canta las mañanas ni se molestó en indignarse ante la penúltima soplagaitez del ahijado putativo de Aznar. Me limité a sonreír con resignación cuando le escuché vomitar que si llega a Moncloa, hará que la Policía Nacional y la Guardia Civil, presunta Benemérita, tengan prevalencia sobre el resto de los cuerpos de orden público.

Qué santa paciencia, la de Aitor Esteban al contestarle lo obvio: que el Estatuto de Gernika, incluso en la parte más o menos cumplida y creíamos que asumida por todos, deja claro el carácter de la Ertzaintza como policía integral. Es más, si hay algo sujeto a debate es la negativa reiterada a replegar a los de los uniformes azules y verde oliva. Como sostuvo el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, la memez del chisgarabís palentino entra en la categoría de agresión a ese Estatuto que tan fariseicamente festejado. Y aquí es donde uno se acuerda de Alfonso Alonso, nominalmente responsable del PP vasco o, según me decía el otro día una lengua viperina, el encargado de ventas de la zona norte. Tengo la certeza de que ni de lejos comparte la demasía de su jefe y que en su fuero interno está que fuma en pipa, pero algo me dice que no saldrá a enmendarle la plana. Bajará la testuz y, como las veces anteriores, dirá que estamos haciendo una “lectura nacionalista” de las palabras de Casado. Apuesten algo.

‘Provincias traidoras’

Casi no merece la pena ni indignarse. Más bien, procede ahorrarse el berrinche y tomarse a beneficio de inventario la penúltima —vendrán mil más— pasada de frenada del PP con las transferencias eternamente pendientes. Es verdad que al Gobierno vasco le tocaba, como ha hecho ayer mismo, poner el grito en el cielo por la ruindad sin límites que supuso haber promovido una moción en el Senado exigiendo al gobierno de Sánchez que incumpla la legalidad, es decir, que bloquee el calendario previsto para el traspaso de lo muchísimo que todavía queda por llegar. Sin embargo, el pronunciamiento, que ha resultado firme y tiene el valor de venir avalado por los dos socios del Ejecutivo, llega cuando ese capitulo de iniquidad ya ha sido desbordado.

Ahora estamos donde no hubiéramos imaginado ni en lo más crudo de los años del plomo. De hecho, hemos vuelto al lenguaje del epílogo del último parte de la guerra civil, cuando los vencedores eliminaron el sistema foral de las “provincias traidoras”, Bizkaia y Gipuzkoa. El pizpireto líder de las falanges genovesas, Pablo Casado, ha actualizado la terminología, pero los resabios son los mismos. “Comunidades desleales” es la nueva acuñación del individuo, que no tiene empacho en proclamar que cuando gobierne retirará las competencias que sea menester a los terruños que no observen la debida adhesión inquebrantable al régimen que pretende (re)instaurar con la ayuda del figurín figurón naranja y del cid campeador de Amurrio. Y el PP vasco, silbando a la vía. El 25 de octubre tendrán los santos bemoles de soltar que el Estatuto sobre el que se ciscan es el que une a los vascos.

La (i)legalidad según el PP

Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu otra mano derecha. O bueno, sí, que lo sepa, y que se la refanfinfle que sea exactamente lo contrario de lo que se anda propalando a voz en grito. Como habrán adivinado por el título, me refiero al PP. Menudos aplausos con las orejas al Borbón reinante por haberse pasado por entre las ingles su obligada neutralidad —jua, jua, jua— para atizar la enésima colleja a los soberanistas catalanes. “Sin legalidad no hay democracia”, tuvo el cuajo de moralizar el vástago del Campechano, como si no supiéramos que él está donde está gracias a la legalidad franquista.

Pero otro día exploro ese jardín. Hoy me centro, como apuntaba arriba, en el desparpajo de la banda de Casado, que horas después de hacer la ola a esa filípica —o felípica, en este caso— se hicieron mangas y capirotes con ella en el Senado al aprovechar su mayoría absoluta para aprobar una moción que insta al gobierno de Sánchez a no completar las transferencias pendientes a la Comunidad Autónoma Vasca. Ojo, todas y cada y una de ellas, desde las que más sarpullidos les arrancan —Prisiones y Seguridad Social— hasta la más triste devolución de medio kilómetro de línea ferroviaria. ¿Acaso no es eso instar al incumplimiento vergonzante de la legalidad emanada, no se pierda de vista, del festejado Estatuto de Gernika y de la sacrosanta Constitución española? Tampoco es cuestión de sacar a paseo los grandes exabruptos, pero sí procede recordar que cuando la vaina es al revés, las bocas se llenan con la demasía del golpe de estado. En esta ocasión, sin embargo, la democracia es fumarse un puro con la ley. Así es el PP.

No nos resignemos

39 años y un mes después, llegan a la demarcación autonómica las transferencias de 6 kilómetros de una autopista y 14 de dos líneas de ferrocarril de mercancías. Un pellizquito a descontar del Cupo. No me digan que no es motivo de celebración. Casi para sacar la gabarra, si no fuéramos a herir sensibilidades. Pero eso no es todo, oigan. Lo rebueno es que hay un calendario. ¿El de los bomberos? ¡Ca! ¡Mucho mejor! Uno que hace el inventario de lo que ponía en el Estatuto de 1979 en la fila de la derecha, mientras que en la de la izquierda figuran las fechas en las que el muy cumplidor Estado español va a ir devolviendo el trigo a su dueño nominal. ¿Como las anotaciones de las deudas en la barra de hielo? Por ahí debe de ir la cosa, con el pequeño matiz de que el gobierno presuntamente pagador está en situación de interinidad y podría ser que pasado mañana, cuando toquemos el timbre para ver qué hay de lo nuestro, nos contesten que Pedro ya no vive aquí y que las reclamaciones, al maestro armero.

Admito que me llamen pinchaglobos, incluso antes de que les revele el minúsculo detalle de que la ministra Batet, cabeza del equipo negociador español, ha dejado claro que, sintiéndolo mucho, la Seguridad Social (artículo 18.2) se cae de la lista de lo demandable. Bastante será que se ponga sobre la mesa la competencia de Prisiones, esa que Marlaska dijo que no y Celaá que quién sabe.

Comprende uno que, con la amenaza ultracentralizadora de la tripleta Casado-Rivera-Abascal cerniéndose en el horizonte, quepa apechugar con la teoría del mal menor. Pero resignarse a quedarnos sin lo que es ley no debería ser una opción.

Cuidado con la reforma

Las crónicas sobre los fastos anuales por la Constitución, igual que los del día de la Hispanidad, siempre han pertenecido más al género del cotilleo que a cualquier cosa levemente parecida al periodismo político. De saque, porque buena parte de los y las asistentes de cualquiera de los estratos sociales o profesionales, empezando por ciertos plumillas de ego XXL, aprovechan para exhibir sus modelitos. A ello se añade el hecho de que una de las inveteradas costumbres sea hacerse lenguas de los ausentes y ponerles de chupa de dómine con exageración en los aspavientos. Y como remate, la tradición porteril de los corrillos, donde se chismorrea sin micrófonos y en confianza. Bueno, en realidad, en ese tipo de confianza ful de Estambul impostada para ser traicionada.

Así es como van a los titulares declaraciones que no hay forma de saber si salieron de la boca del mengano o la zutana a quienes se atribuyen, si son producto de la creatividad del reporter o, como suele ser el caso más frecuente, si atienden a un apaño para poner en circulación la consigna que toque en cada rato. Si entiendo bien lo que voy leyendo y escuchando, el recado oficial de este año es que ni se va a meter mano ni se va a dejar de meter mano en las sagradas escrituras. O, en cualquier caso, que si se hace, no será para abrir el juego territorial, sino para dar matarile a las alegrías descentralizadoras que se dejaron colar los padres —eran todo tíos— de la llamada Carta Magna. Y no creo que a los tenidos por privilegiados e insolidarios habitantes de los territorios forales se nos escape por dónde empezaría la poda. Ojo al parche.

Apenas la fotografía

Ir o no ir, he ahí la cuestión. Si hablamos de la cacareada conferencia de presidentes autonómicos, se pueden encontrar argumentos igualmente razonables a favor o en contra. De hecho, fijándonos en lo que nos toca más cerca, comprobamos que la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha optado por la presencia, mientras que el lehendakari Iñigo Urkullu se ha decantado por la ausencia. No parece que ni una ni otra postura se vayan a traducir para las respectivas ciudadanías en algo que les beneficie o les perjudique de modo especial. Al fin y al cabo, a casi nadie se le escapa que el principal motivo del encuentro, si no el único, reside en la fotografía solemne —también conocida como de familia— con todos los asistentes flanqueando a Mariano Rajoy y al rey Felipe Sexto, recién llegado en este caso de su bisnes por esa satrapía llamada Arabia Saudí.

La instantánea quizá no dé para una tesina de semiología, pero si la miran durante dos o tres segundos, les cantará la Traviata sobre un modelo de Estado que debería estar superado hace un buen rato. Y si además de mirarla, la huelen, percibirán el aroma inconfundible y ya rancio de aquel funesto café para todos que, si ya era malo de inicio, no ha dejado de aguachirlarse con el paso de los años y de los gobiernos de estas o aquellas siglas. No se antoja detalle menor que el ejecutivo liderado por el que aparece en el centro —cómo no— de la imagen haya sido el que con más brío, cuando no directamente saña, se ha empleado, en compañía de sus magistrados de corps, para cercenar el ejercicio de un autogobierno que, no lo olvidemos, ya venía afeitado de serie.

Si molestamos, nos vamos

A iniciativa de los tocanarices profesionales de UPyD, pero con los votos imprescindibles del PP, la Asamblea de Madrid ha aprobado una resolución que exige la supresión del Concierto y del Convenio. Sostiene esta panda de tiñosos indisimulados que los regímenes especiales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa suponen un intolerable agravio comparativo y quiebran el principio de solidaridad entre “las distintas comunidades de España”. Al primer bote y de calentón, la respuesta es bien sencilla: pues si tanto jodemos la marrana, échennos de una puñetera vez, que ya nos las apañaremos (o no) fuera de su manto dizque protector. ¿Se dan cuenta de que lo suyo es de manual de psicopatología? Concretamente, de los capítulos que hablan sobre los mecanismos mentales de los maltratadores. Háganselo mirar.

Luego está la matraca de los privilegios. Hay que tener rostro de granito para venir a dar esa barrila desde el punto del mapa tocado por las regalías sin fín de la capitalidad. ¿Echamos cuentas del repastón que les llueve solo por ser vos quien sois? Otra cosa es que, por ese carácter entre corruptuelo y manirroto (o las dos cosas) de sus mandamases, o sea, ustedes, acaben puliéndoselo todo en faraonadas y sus comisiones correspondientes.

Añadan, dones y doñas culiparlantes, que la cámara que acoge sus rasgados de vestiduras es de la Señorita Pepis, inventada anteayer junto a la pomposa Comunidad que se sacaron de la manga en una de las mil carambolas chuscas del café para todos. El poblachón manchego y su comarca devinieron en Autonomía por la jeró. Si ahora no les llega para vicios, es su problema.