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Gestión de las prisiones, no más

De acuerdo al gran mito cavernario repetido desayuno, comida y cena, la asunción de la gestión de las prisiones de la CAV por parte del Gobierno Vasco se traducirá en la inmediata libertad de todos los presos de ETA internos en Zaballa, Basauri y Martutene. Es obvio que no va a ser así… simplemente, porque no puede ser así. Por mucho que se rasguen las vestiduras los tramposos vocingleros, lo que se consumó el pasado viernes —¡con 42 años de retraso; esa debería haber sido la noticia!— no fue el traspaso de la política penitenciaria, qué más quisiéramos, sino el mero control de cada una de las cárceles. Eso implicará, desde luego, un cambio (ojalá a mejor) en el funcionamiento de los centros y, desde luego, en las condiciones de vida de los reclusos. Pero no más. La legislación básica, la que atañe a progresos de grado y periodos de cumplimiento de la condena, seguirá estando, como hasta ahora, en manos del Estado.

Es importante que lo vayamos interiorizando todos. También destacados portavoces de la autotitulada izquierda soberanista vasca que, empatando con el ultramonte hispano en el discurso, andan vendiendo la especie de que de que la consumación de la trasferencia implicará de facto la amnistía automática de “sus” presos. Y recalco lo de “sus” presos para hacer notar que la población reclusa va más allá de los condenados por terrorismo. Es un agravio comparativo indecible olvidarse del resto de los internos, como si solo fueran una especie de secundarios. Pues no. Salvo que nos estemos engañando en el solitario, la gestión de las cárceles por parte del Gobierno Vasco no hará distingos entre los presos.

Prisiones, 42 años después

Más de cuatro decenios después, el gobierno español se compromete a traspasar las gestión de las prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco. La noticia debería ser el tremebundo e inexcusable retraso en cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de Gernika, un conjunto de leyes votado mayoritariamente en los tres territorios y asumido (¡incluso celebrado!) como marco jurídico indiscutible por quienes ahora ponen el grito el cielo. Sin embargo, la triderecha hispanistaní —el PP, Vox y los restos de serie de Ciudadanos— y sus descangalladas terminales mediáticas claman que es una inaceptable traición al estado y vaticinan la inminente puesta en libertad de los presos de ETA.

Una vez más piensa el ladrón que todos son de su condición. No existe el menor motivo para sospechar y aventar semejante demasía. Simplemente se cumplirá lo dispuesto en un conjunto de normas que se dieron los vascos hace unas cuantas generaciones. Lo mismo, por cierto, que ocurría en la malvada Catalunya sin rasgado de vestiduras hasta que llegó el Procés. O, por citar otras comunidades menos sospechosas, lo que disponen los estatutos de Galicia, Andalucía o Canarias. Se retratan quienes pretenden que el tardío cumplimiento de un compromiso es motivo de rasgado de vestiduras. Por fortuna, sus ladridos casi ni se escuchan.

Calendario, por lo menos

Y todavía habrá que dar las gracias. A principios del año en que el Estatuto de Gernika cumple cuatro decenios, el gobierno eventual de Pedro Sánchez ha hecho llegar a las pacientes autoridades de la demarcación autonómica un calendario para negociar las transferencias eternamente pendientes. De saque, queda fuera todo lo que tiene que ver con esa fruta prohibida que es la gestión de la Seguridad Social y se deja para el postre la presuntamente peliaguda competencia de prisiones.

Manda pelotas, por demás, que siendo así, tengamos que asistir al posturero rasgado de vestiduras del ultramonte, vendiendo la especie de que el inquilino de Moncloa se ha bajado los bombachos no ya ante el PNV, sino la izquierda abertzale y, ya que nos ponemos, ETA. Les juro que cosa similar cacareaba anteayer en su editorial aquel diario que fundó Pedrojota. Y no crean que anda lejos el PP; ya escuchamos a Casado gritar con los ojos fuera de las órbitas que impediría que Zaballa se convierta en “catedral de ETA”. Cualquiera le explica al aznárido alevín que el acercamiento de reclusos no tiene demasiado que ver con la asunción de la política penitenciaria tal y como se dejó plasmado negro sobre blanco en el Estatuto que tanto le gusta a su partido esgrimir como supuesta argamasa de los ciudadanos de los tres territorios. De cumplirlo, que es de lo que se trata simple y llanamente, ya tal.

Resumiendo, que entre la pachorra y la racanería de los actuales mandarines españoles y la cerrilidad de las envalentonadas derechas unas y trinas, dan ganas de cortar por lo sano. Pero lo práctico es no hacerlo… todavía. Menos da una piedra.

No nos resignemos

39 años y un mes después, llegan a la demarcación autonómica las transferencias de 6 kilómetros de una autopista y 14 de dos líneas de ferrocarril de mercancías. Un pellizquito a descontar del Cupo. No me digan que no es motivo de celebración. Casi para sacar la gabarra, si no fuéramos a herir sensibilidades. Pero eso no es todo, oigan. Lo rebueno es que hay un calendario. ¿El de los bomberos? ¡Ca! ¡Mucho mejor! Uno que hace el inventario de lo que ponía en el Estatuto de 1979 en la fila de la derecha, mientras que en la de la izquierda figuran las fechas en las que el muy cumplidor Estado español va a ir devolviendo el trigo a su dueño nominal. ¿Como las anotaciones de las deudas en la barra de hielo? Por ahí debe de ir la cosa, con el pequeño matiz de que el gobierno presuntamente pagador está en situación de interinidad y podría ser que pasado mañana, cuando toquemos el timbre para ver qué hay de lo nuestro, nos contesten que Pedro ya no vive aquí y que las reclamaciones, al maestro armero.

Admito que me llamen pinchaglobos, incluso antes de que les revele el minúsculo detalle de que la ministra Batet, cabeza del equipo negociador español, ha dejado claro que, sintiéndolo mucho, la Seguridad Social (artículo 18.2) se cae de la lista de lo demandable. Bastante será que se ponga sobre la mesa la competencia de Prisiones, esa que Marlaska dijo que no y Celaá que quién sabe.

Comprende uno que, con la amenaza ultracentralizadora de la tripleta Casado-Rivera-Abascal cerniéndose en el horizonte, quepa apechugar con la teoría del mal menor. Pero resignarse a quedarnos sin lo que es ley no debería ser una opción.