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Sin prórroga ni alternativa

Yo también albergaba cierta esperanza de que Pedro Sánchez cambiaría de opinión sobre la no prórroga del estado de alarma cuando pasaran las elecciones madrileñas. Es de sobra conocida, hasta el punto de ser marca de la casa, la querencia del inquilino de Moncloa por los digodiegos. Nadie como él ejecuta los giros de 180 grados. Y en esta ocasión, todo parecía apuntar por ahí. Resultaba lógico pensar que el aperturismo de la campaña podría cambiarse por la prudencia responsable una vez contados los votos, incluso independientemente del resultado.

Sin embargo, viendo la insistencia casi machacona del propio Sánchez y de los diferentes portavoces del ejecutivo español, tiene toda la pinta de que se han quemado las naves y, pase lo que pase, no habrá marcha atrás. El 9 de mayo decaerá el estado de alarma y ni siquiera se contempla mantenerlo en aquellas comunidades donde la situación sanitaria fuera más delicada. Ni ocho horas tardó en quedar desautorizada la vicelehendakari segunda del Gobierno vasco, Idoia Mendia, que fue quien deslizó esa posibilidad. Todo hace indicar que, pese a los horribles números que tenemos en las demarcaciones autonómica y foral, quedaremos en manos del buen, mal o regular criterio de las instancias judiciales. Los precedentes no invitan precisamente a la confianza.

Prórroga, el mal menor

Todos los políticos con o sin responsabilidades de gobierno deberían revisar lo que han dicho sobre el estado de alarma desde que se decretó el primero hace más de un año. Comprobarían que han ido incurriendo no en una sino en una buena colección de contradicciones. Y da lo mismo la postura que se haya defendido. Quienes lo ponderaban como herramienta imprescindible e insustituible sostienen ahora que basta con la legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia. Exactamente a la inversa, los que que proclamaban que era una exageración echar mano de un instrumento legal excepcional se han convertido ahora en partidarios de la prórroga.

Debo confesar que yo mismo no estoy libre de la contradicción o, si quieren, la incoherencia. En todo caso, después de lo visto en estos interminables 14 meses, opto por lo práctico. El decreto de estado de alarma —y más con la pachorra con que lo ha administrado el gobierno español— es la opción menos mala. Utilizando la metáfora al uso, es el paraguas jurídico que aun teniendo un montón de agujeros puede sacarte de un apuro en un momento dado. Vamos, que menos da una piedra. Por eso, y dado que los efectos de las vacunas todavía no han conseguido que la situación sanitaria sea muy distinta a la de octubre del año pasado, lo más lógico es mantenerlo.

Con o sin estado de alarma

En su última gran comparecencia a mayor gloria de sí mismo, Pedro Sánchez dejó caer que su objetivo era no prorrogar el estado de alarma cuando alcance la fecha de caducidad el próximo 9 de mayo. En realidad, el inquilino de Moncloa estaba haciendo de la necesidad virtud. Tal y como baja el patio politiquero en Hispanistán, con unas elecciones a cara de perro en Madrid, los aliados soberanistas cabreados y hasta el socio de gobierno actuando de dinamitero, no conviene arriesgarse a una derrota en las Cortes. Menos, si tenemos en cuenta que desde el fiasco de Murcia, no han dejado de llover piedras sobre el presidente y su hechicero Iván Redondo, al que parece haberle dejado de funcionar la magia.

Pasando por alto el comprensible cabreo de los responsables autonómicos —empezando por el lehendakari— por un anuncio hecho sin consulta previa, cabe preguntarse cómo se luchará contra la pandemia sin estado de alarma. Y lo cierto es que no tengo una respuesta. Hasta ahora ese presunto paraguas jurídico ha sido una especie de perro del hortelano. Ni ha comido ni ha dejado comer. Las comunidades, da igual el signo político, no han podido hacer lo que entendían mejor para poner el virus en retirada. La paradoja es que a partir del 10 de mayo tampoco podrán hacerlo. La elección es entre lo malo y lo peor.

Cogobernanza o así

Mi animal mitológico favorito es la cogobernanza. Más concretamente, al estilo Pedro Sánchez y en enunciado de su alucinógena vicepresidenta primera (si no me lío con el orden del camarote monclovita), Carmen Calvo. La cosa se viene a resumir en la martingala para timar a pardillos que empleaba un jeta de mi barrio: cara, gano yo; cruz, pierdes, tú. O, aplicado a la gestión de la pandemia, que es el caso que nos ocupa, el Ejecutivo central dicta las normas y las comunidades las acatan, las ejecutan y, por supuesto, se comen los marrones que acarreen, que son un quintal. Vamos, que todo lo que salga mal o disguste a los ciudadanos es culpa de los gobiernos locales. Los éxitos, faltaría más, se atribuyen automáticamente a la fastuosa labor del pastor central.

Semejante principio (o sea, falta de principios) está tan rodado, que hasta ha dejado de ser necesario el estado de alarma. Dice Calvo que en el momento en que el decreto caduque, allá por el 9 de mayo, “se podrían utilizar acciones coordinadas de todas las comunidades cuando se estimen necesarias y que tendrían que ser cumplidas por todos obligatoriamente”. Lo de “acciones coordinadas”, como bien sabemos porque seguimos sufriéndolas, es el viejo artículo 33. Madrid ordena y manda y la periferia obedece, pero eso sí, todo de muy buen rollito.

¡Hagan algo ya!

De la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de hoy no espero autocrítica. Qué va, ni siquiera aunque los responsables sanitarios nos deban quintales de explicaciones por el modo en que su ceguera voluntaria sea en buena parte culpable de esta tercera ola telegrafiada que nos golpea sin piedad. Llegará —ojalá—el momento de exigir responsabilidades, pero ahora no toca llorar por la leche derramada sino remangarse y hacer frente de verdad al descomunal repunte de contagios, ingresos hospitalarios y muertes. Lisa y llanamente, hay que coger el virus por los cuernos y dictar las medidas más eficaces para ponerlo en retirada.

¿Cuáles? Es obvio que no tengo la cualificación profesional para enumerarlas, así que me abstendré de decir si se trata de un confinamiento a rajatabla, de mayores restricciones horarias y de movilidad o de cierres selectivos de actividades concretas. Sí me atrevo a anotar, en todo caso, que parecen necesarias determinaciones más drásticas y, por descontado, acordadas entre las diferentes comunidades desde la honradez y renunciando al lucimiento propio o al aprovechamiento político. Y, claro, con el compromiso del poder central, que debe comprender de una vez que cogobernar no es boicotear a las autoridades locales ni meterse las manos en los bolsillos y silbar a la vía.

No es «tomar el mando»

¡Albricias! En su bondad infinita, el magnánimo presidente españolísimo, Pedro Sánchez, ha accedido a convocar un consejo de ministros extraordinario —¡en domingo!— para decretar el estado de alarma en sus dominios, tal y como le han solicitado los presidentes de ocho comunidades autónomas. ¿Solicitado? Bah, eso es precio de amigo: en la cabeza del mandarín monclovita y en la pluma de sus succionadores, se lo han rogado, implorado o mendigado, con el lehendakari a la cabeza, chupaos esa, disolventes eternamente disconformes con el centralismo. ¿Veis cómo no se os puede dejar solos porque, a la hora de la verdad, tenéis que venir con la testuz baja a pedir sopitas al primo de Zumosol para que os saque las castañas del fuego?

Ya habrán comprobado que por ahí va la doctrina oficial, que para sorpresa de nadie, es exactamente la misma que la de los locales cuantopeormejoristas, doblemente felices ahora porque se llenan las UCI y el tipo que les arrea un buen meneo en todas las elecciones ha tenido que dar el paso que comentamos. Cómo explicar a unos y otros obtusos vocacionales que esto no va de humillarse ante Sánchez para que “tome el mando”, sino de reclamarle el puñetero paraguas jurídico necesario para que cada autoridad tome medidas que salven vidas y empleos en la realidad que mejor conoce.