Derecho o ideología

Si tienen medio rato tonto, les propongo un ejercicio divertido e ilustrativo. Se trata de buscar en esas redes de Belcebú y/o en los medios de comunicación de distinta obediencia opiniones de juristas del recopón (incluidos jueces en ejercicio) sobre el caso del ya exdiputado Alberto Rodríguez. Les costará poco comprender cómo en función del pie político del que cojee el espolvoreador de la teoría, con el simpático Rodríguez se ha cumplido a rajatabla lo que contempla el estado de Derecho o se ha cometido una tropelía de cien pares de narices. Y cada experta o experto lo argumenta de modo irrefutable, acogiéndose a un congo de principios jurídicos de la recaraba y acusando a los que sostienen lo contrario, según los casos, de rojos desorejados enemigos del sistema o de fachas irredentos que actúan por odio.

¿Y qué cabe pensar a los infelices con conocimientos jurídicos de andar en pantuflas? Nada. Basta con alinearse con los sabios que defiendan aquello que coincide con las filias y fobias propias. A quien el de las rastas le parezca, como leí ayer a un exabruptador diestro, un vendedor de pulseras de playa con querencia a patear rodillas de policías, concluirá que la pérdida del escaño es poco. Si, por el contrario, derrota por babor, tendrá la certeza de que estamos ante una versión corregida y aumentada del Caso Dreyfus.

Luego estamos los pardillos que tendemos a no comulgar con ruedas ni del molino de arriba ni del molino de abajo. En estado de permanente perplejidad y con sentimiento inenarrable de inferioridad moral, nos preguntamos por qué le llaman Derecho cuando quieren decir ideología.

Una justicia, dos varas

Al final, el Estado de Derecho —hagamos derroche innecesario de mayúsculas— era esto. Ante los mismos hechos, varios tribunales superiorísimos toman decisiones no ya diferentes sino diametralmente opuestas. Es como si dos equipos médicos de élite diagnosticaran un catarro o un cáncer a la vista de síntomas idénticos y recetaran en consecuencia: unas juanolas o quimioteraìa agresiva. Sería algo de todo punto inadmisible que conllevaría un severo castigo a los galenos que hubieran metido la pata.

En el caso de los dictámenes de sus ilustrísimas e intocables señorías, sin embargo, te tienes que comer la matraca de rigor: eso es lo bonito del hecho jurídico, que no hay una única interpretación. Lo pistonudo es que te lo dicen como si no fuera un escándalo de proporciones cósmicas que según qué tipos y/o tipas con birrete te hayan caído del cielo, tienes barra libre para hacer lo que te salga de entre las ingles —caso de la CAV— o debes acogerte a ciertas normas lógicas cuando todavía la pandemia no se ha ido, incluso aunque exhibas cifras sanitarias muy razonables como en Valencia o Baleares. El remate es tener la absoluta certeza (porque el individuo que la ha dictado ni siquiera disimula) de que la resolución no se ha tomado atendiendo a la legalidad vigente sino a pulsiones puramente personales.