Arraiz en la tómbola

Falta la banda sonora de Marisol. La Justicia española es una tom-tom-tómbola. Pero no de luz y de color, claro, sino siniestra y sombría. Por añadidura, con trampa y cartón para llenar cuatro trasatlánticos. Los trileros de la bolita del rastro son catedráticos de ética al lado de los feriantes con toga que determinan, conforme a los que les sale de salva sea la parte —llámenle ideología, intereses personales o Razones de Estado— la suerte que corren los atribulados portadores de boletos.

En esas está ahora mismo el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. Mañana empieza a girar su bombo en el Tribunal Superior del País Vasco, e igualmente le puede caer la muñeca chochona que el perrito Nicolás, el que mola mucho más. Aquí cambiamos de música. Toca Jarabe de Palo (esperemos que no en sentido literal) y su canción Depende. Según salga el sol de sus señorías y de las beneméritas (ejem) entidades que ejercen de acusación particular, le pueden caer seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación o puede evitar la trena, si bien quedando imposibilitado para desempeñar un cargo público.

Esto último fue lo que les ocurrió a las otras 35 personas juzgadas por la misma causa. A Arraiz, manda pelotas, la misma condición de aforado que a otros les sirve para marchar de rositas le puede suponer una pena más dura que a sus compañeros. Eso es una tropelía sobre la arbitrariedad fundacional que consiste en la persecución judicial de unas personas, las detenidas en Segura aquel infausto día de 2007, que ya ha quedado acreditado que trabajaban para acabar con el ciclo violento de ETA. Que sea para bien, Hasier.

Justicia española, según

Un titular que obliga a mirar al reloj y al calendario: “El Fiscal Superior del País Vasco pide 6 años de cárcel para Hasier Arraiz por integración en ETA”. La letra menuda profundiza la impresión de haber caído en un agujero negro espacio-temporal. Resulta que la cosa viene de octubre de 2007, que en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país es el paleolítico inferior.

Y no, oigan, no estoy abogando por la desmemoria ni por el pelillos a la mar. Pero es que la petición de pena del hiperactivo Calparsoro no se basa ni de lejos en la aparición de pruebas que relacionen al hoy presidente de Sortu con asesinatos o extorsiones. Se trata de su presencia en aquella reunión de dirigentes de la entonces ilegalizada Batasuna en la casa de cultura de Segura que terminó en espectacular redada televisada a mayor gloria del ministro de Interior de la época, a la sazón, Rasputín Pérez Rubalcaba. Era un plazo más del pago diferido del atentado de la T4 y del fracaso de las negociaciones de Loiola. Se vendió —y aún se dilucida así en la Audiencia Nacional— como la reconstrucción del brazo político de una ETA que había vuelto al matarile. Los hechos han demostrado de sobra que si algo se buscaba en ese encuentro y en otras actuaciones que también acabaron en juicios y condenas —Bateragune—  era forzar a la banda al ERE de extinción.

Una vez he dejado claro que para mi esta causa judicial no tiene más sentido que el político, no puedo evitar, sin embargo, plantear una duda existencial: ¿cuándo hay que ciscarse en la malvada Justicia española y cuándo hay que apoyarse en ella para atizar al adversario?