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Justicia española, según

Un titular que obliga a mirar al reloj y al calendario: “El Fiscal Superior del País Vasco pide 6 años de cárcel para Hasier Arraiz por integración en ETA”. La letra menuda profundiza la impresión de haber caído en un agujero negro espacio-temporal. Resulta que la cosa viene de octubre de 2007, que en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país es el paleolítico inferior.

Y no, oigan, no estoy abogando por la desmemoria ni por el pelillos a la mar. Pero es que la petición de pena del hiperactivo Calparsoro no se basa ni de lejos en la aparición de pruebas que relacionen al hoy presidente de Sortu con asesinatos o extorsiones. Se trata de su presencia en aquella reunión de dirigentes de la entonces ilegalizada Batasuna en la casa de cultura de Segura que terminó en espectacular redada televisada a mayor gloria del ministro de Interior de la época, a la sazón, Rasputín Pérez Rubalcaba. Era un plazo más del pago diferido del atentado de la T4 y del fracaso de las negociaciones de Loiola. Se vendió —y aún se dilucida así en la Audiencia Nacional— como la reconstrucción del brazo político de una ETA que había vuelto al matarile. Los hechos han demostrado de sobra que si algo se buscaba en ese encuentro y en otras actuaciones que también acabaron en juicios y condenas —Bateragune—  era forzar a la banda al ERE de extinción.

Una vez he dejado claro que para mi esta causa judicial no tiene más sentido que el político, no puedo evitar, sin embargo, plantear una duda existencial: ¿cuándo hay que ciscarse en la malvada Justicia española y cuándo hay que apoyarse en ella para atizar al adversario?

¿Fiscal o abogado?

Hola amiguitas y amiguitos con toga. Soy Coco, y en esta edición especial de Barrio Sésamo para fiscales superiores os voy a explicar lo que debéis decir ante un micrófono cuando los malvados periodistas os pregunten por cosas sobre las que tenéis el deber de guardar silencio. Es muy pero que muy fácil, repetid conmigo: “Mire, esa es una cuestión que ahora mismo está siendo investigada por el Ministerio Público que yo represento y, en consecuencia, tengo la obligación ética y legal de no pronunciarme hasta que no se emita el fallo oportuno”. Y si insisten, que los plumillas son muy cansos, os encogéis de hombros, ponéis una sonrisa de circunstancias y zanjáis la cuestión con un “No, de verdad que lo siento, pero no puedo añadir nada más, discúlpenme”. ¿Lo habéis pillado? Hala, pues a ponerlo en práctica.

Lástima que este episodio se lo perdiera en su día el locuaz titular de la fiscalía superior del País Vasco, Juan Calparsoro. Bueno, este y uno anterior en el que se detallaban las diferencias entre fiscal y abogado. No se entiende de otro modo que por segunda vez en quince días el responsable último de las diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por un dirigente socialista —y hermano político del que saben— haya salido con estrépito al rescate del investigado.

En la primera ocasión, recordemos, largó ante las alcachofas que “dado quién es él, quién es el cuñado y quién es el que denuncia, existe el temor de que tras la filtración haya podido haber una motivación electoral o política detrás”. Vamos, ni quito ni pongo, pero ayudo a mi señor. Lo de anteayer fue tres partidos judiciales más allá cuando sostuvo que el marrón Gil “no es grave porque el Código Penal establece como delitos graves los que tienen tipificadas penas superiores a cinco años de prisión y no es el caso”. Luego les extraña que no creamos en la Justicia. O que se infrinja la ley.

Mendia copia a Gila

Gila contaba que detuvo a Jack el Destripador con indirectas. Se cruzaba con él por el pasillo y, sin mirarle, decía: “aquí alguien ha matado a alguien, y no me gusta señalar”. Con la moral minada, el asesino se entregó y confesó. Se ve que Idoia Mendia hizo el mismo cursillo de criminología parda. Cuando hace dos semanas echó a rodar la bola de mierda sobre las presuntas irregularidades detectadas en el Departamento de Justicia (del que se cuenta que ella misma es titular), utilizó prácticamente la misma fórmula: “No estamos señalando a nadie”.

No, claro que no. Por eso, cinco minutos después de la piada, en todas las portadas digitales estaba en letras gordas el nombre de Joseba Azkarraga, si bien es cierto que en las de los medios más afines el tiro por elevación alcanzaba a Juan José Ibarretxe o se demarcaba el alcance del marrón al consabido genérico “en la etapa del PNV”. Algo más que curiosa, la coincidencia entre la puesta en circulación del chauchau con la bronca con los jeltzales sobre el supuesto agujero en la caja. Adelántate, madre, para que no te lo llamen, que se suele decir.

Como estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan, junto al del anterior consejero, empezaron a aparecer en los papeles otros nombres. Una de las personas teóricamente “no señaladas” por la portavoz resultó ser una alta funcionaria nombrada por el socialista Ramón Jáuregui y a la que la propia Mendia había entregado el premio Manuel de Irujo —lo más de lo más en materia jurídica— por su labor. También se han desvelado las empresas que habrían participado en la trapisonda, entre ellas, dos reputadísimas firmas… ¡con las que la actual consejería sigue trabajando!

Ahora el asunto está en manos del superfiscal Calparsoro. Ojalá descubra a los responsables de la evaporación de los 23 millones. Y en el mismo viaje, a quienes guardaron el pufo en el cajón, que eso también es delito.