Gana el Supremo

En la puesta en escena solo ha faltado Tamariz dejándose la garganta en su “¡Taratachán-chan-chan!”. Menudo juego de manos se han traído la Junta Electoral Central, unos juzgados pedáneos de Madrid y, en el papel estelar pero no demasiado, el Tribunal Supremo a cuenta de si Puigdemont, Comin y Ponsatí podían presentarse o no a las elecciones europeas en su condición de prófugos/exiliados (táchese lo que no proceda). Al final, ha sido que sí, como sabía cualquiera, incluso sin haber pisado una facultad de Derecho y teniendo en cuenta que la Justicia hispanistaní tiende a sacarse sus dictámenes de la sobaquera.

Pero es que esta vez no hacían falta ni los clásicos ejercicios de contorsionismo judicioso. La clave está en la perversión de una ley que permite ser elegible pero impide ejercer como electo. Lo hemos visto con los presos que se presentaron a las autonómicas catalanas —a ver qué pasa con los que acaban de ganar escaño en el Congreso— y con los huidos, entre otros, el mismo Puigdemont. A la hora de la verdad, tuvieron que hacerse a un lado para evitar que su ausencia diera la mayoría a la bancada de enfrente.

Celebraba el residente en Waterloo “la primera victoria en campo contrario”. No reparaba (o no quería hacerlo) en que quien ha ganado en el lance ha sido el Supremo. Sin siquiera mancharse las manos, puesto que la decisión final la han asumido los juzgados ordinarios que pretendían hacerse los suecos, ha conseguido dar la impresión de que España es un Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón donde los benéficos tribunales son capaces de dar la razón a los disolventes… cuando no sirve para nada.

Como poco, respeto

No me avergüenza confesar que mi argumento más sólido contra la prisión permanente revisable es el hecho de que su aplicación depende de la Justicia española. Me fío entre poco y nada del modo en que se puede utilizar la traída y llevada figura penal en un sistema que, de saque, contempla más años de cárcel para los jóvenes de Altsasu que para asesinos sin sentimientos como José Bretón. Por lo demás, después de haber visto cómo se retuerce la legislación —o se incumple sin ningún disimulo— de acuerdo con intereses políticos, como vemos con los presos de ETA o con los dirigentes del Procés encarcelados preventivamente, resulta difícil no sospechar de un uso a discreción de semejante herramienta para el escarmiento.

Me uno, por lo tanto, a la petición de derogación, no sin dejar de señalar, a riesgo de escandalizar a la concurrencia, que comprendo perfectamente muchas de las razones que aportan quienes solicitan mantenerla. Incluso aunque no fuera así, les aseguro que no perdería de vista que se trata de una evidente mayoría social, tanto en España como en Euskal Herria. Eso, como poco, merece un respeto que está brillando por su ausencia entre los que, curiosamente, se presentan como la releche en verso del progreso, la equidad, la democracia y me llevo una. Es un insulto inadmisible tratar como una turbamulta inculta y pastoreable a personas —millones, insisto— que tienen a bien pensar que además de la cacareada reinserción, el fin de una temporada entre rejas también es pagar por un acto que no debió cometerse. Sobra, una vez más, la estomagante superioridad moral de los castos, puros y justos.

Investidura o así

Venga, va. Marchando el enésimo día histórico para Catalunya. Esta vez se trata de la investidura del President que ha de comandar la nueva etapa. No les digo de qué porque hasta eso ha quedado en difusa nebulosa. Y ahí tenemos ya una pista sobre quién maneja esta barca. Como todas las anteriores jornadas para la posteridad que se han dado desde el 27 de octubre de 2017, el ritmo y las normas de juego las marca el Estado español. Comprendo la jodienda que implica recordarlo, pero es que lo contrario nos llevaría al autoengaño.

Allá quien quiera timarse a sí mismo en el solitario. Lo contante y sonante es que, cuando de acuerdo a aquella hoja de ruta que se nos dijo estaba grabada en mármol y meditada al milímetro, deberíamos haber cumplido el primer trimestre de independencia, sigue habiendo un gobierno intervenido. Con menos capacidad de decisión que el de Murcia, para expresarlo de un modo claro y, supongo, doloroso.

Más allá de la épica, cada capítulo que ha sucedido desde la promulgación del 155 hasta hoy mismo ha respondido a la voluntad de Madrid. Eso incluye las elecciones del 21 de diciembre, los encarcelamientos y las libertades condicionales, las mil actuaciones judiciales, las expatriaciones, y lo que de momento es lo último, esta investidura que puede acabar no siendo tal cosa. Por de pronto, varios consellers desplazados han tenido que renunciar a su acta, conscientes de que caminan por el lado más débil de la cuerda. Recuerdo las palabras de Girauta: “Se aplicará el 155 las veces que haga falta, hasta que tengamos el Gobierno que sea el que nos merecemos los catalanes”. Pues eso.

Para delirio, lo de Alsasua

Qué oportuno, Rajoy hablando de delirios autoritarios en relación a Catalunya, apenas 24 horas después de que sus terminales judiciosas en la Audiencia Nacional hayan pedido descomunales penas de cárcel para los presuntos autores de la paliza —yo no lo diré de otro modo— a dos guardias civiles en Alsasua. 62 años para uno, 50 para otros seis y 12 y medio para la que, hay que joderse, sale mejor librada. ¿Quién delira ebrio de autoritarismo norcoreano en este caso? Por desgracia, los únicos que tienen la capacidad para hacerlo. Suyas son las leyes y suya, la facultad de retorcerlas hasta donde les salga del níspero.

Impotentes, los escandalizados espectadores clamamos que no es justicia sino venganza y nos quedamos patéticamente cortos. Ni siquiera lo hacen por resarcirse de la vieja afrenta. O no solo. Simplemente, les pedía el cuerpo un escarmiento ejemplarizante y se han pegado el capricho de darlo en las carnes de los primeros pardillos que les han salido al paso. Para que se vea quién sigue mandando aquí, como aviso a navegantes y, de propina, como provocación a ver si alguien muerde el cebo y tenemos unos sanfermines calentitos, como aquellos de hace 39 años.

Echa uno de menos en este lance, igual que en tantos, a los campeones siderales de la democracia y el requeteprogresismo molón. Quizá es que en mi tele ponen otra cosa, pero no veo a la siniestra exquisita montando el cristo en los programas postureros que ustedes y yo sabemos. Como exceso, una leve queja a media voz o un tuit de aluvión envuelto en burbujitas de plástico, no nos vayan a confundir con los malos. ¡Vaya con la revolución!

De togas y maltratadores

No son solo las absoluciones y las cortesanas libradas de la cárcel de la parentela del rey. Ni el trato benévolo cuando no directamente bonachón a los corruptos conspicuos de la parte alta del organigrama, empezando por los que tienen o han tenido ciertos carnés. Ni la facilidad con la que, en contraste, se enchirona a los pardillos elegidos para dar ejemplo al populacho. Qué va. Es prácticamente todo. La Justicia española hiede por cada uno de sus costados. Atiendan a la última fechoría.

Todos contemplamos con el vello erizado y la respiración suspendida la brutal paliza que un tipejo le propinaba a una mujer en un portal. El vídeo mostraba cómo el agresor tiraba al suelo a la víctima, la golpeaba ferozmente con pies y manos, y finalmente se la llevaba escaleras arriba arrastrándola por el pelo. La condena inicial para el desalmado maltratador fue de dos años de cárcel, pero a sus ilustrísimas señorías de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante les ha parecido que la tunda no fue para tanto.

Los fulanos con toga han dejado la cosa en 9 meses porque entienden que, al no haber lesiones, los hechos no pasan de ser un delito de violencia de género simple. “Simple”, se lo juro, esa es la denominación técnica, que en sí misma clama al cielo. Es decir, que como no desgració a la joven, el matón se va de rositas. Para dar un poquito más de asco y rabia, la sentencia deja caer que la difusión de las imágenes había provocado un juicio público al pobrecito acusado. Y ya saben, punto en boca, que es una decisión de los eruditos de la ciencia judiciosa. Luego, que si tolerancia cero y tal.

El último de Bateragune

Desde estas humildes líneas, me sumo a la iniciativa por la libertad de Rafa Díez Usabiaga. Lo hago enfatizando la pluralidad de quienes la han impulsado. Podrá parecer una anécdota, pero es algo más que una grata sorpresa encontrar a un exgobernador civil de Bizkaia —Daniel Arranz— entre las adhesiones.

Respecto a los motivos, poco que decir. Resulta frustrante explicar lo obvio. Como todos sus compañeros del funesto caso Bateragune que tuvieron que comerse hasta el último día de prisión, Díez Usabiaga es víctima, en el mejor de los casos, de la incapacidad de la Justicia española para reconocer un error clamoroso. El tiempo y los hechos —el jueves se cumplen cinco años del comunicado de cese de las acciones armadas de ETA— han demostrado que fueron condenados por exactamente lo contrario de lo que hicieron. Desde luego, si hubieran sido culpables de lo que se les acusaba, el desenlace habría sido otro. Probablemente, aún seguiríamos lamentando asesinatos.

Y ya digo que esa, la de la equivocación que cabría asumir y rectificar, es la teoría más favorable. La mayoría de ustedes y yo sospechamos, con bastante base, que detrás de este atropello continuado ha habido una clara intencionalidad. No es difícil tampoco poner nombres y caras a los elementos del conglomerado político-judicial que perpetraron la injusticia. Qué menos que recordar al ministro de Interior de aquellos días infames, Alfredo Pérez-Rubalcaba, y al juez que le puso barniz legaloide, un tal Baltasar Garzón Real, hoy honda y profusamente aclamado por cierta progresía como paladín de la Democracia y mártir del Sistema. Gran paradoja.

Arraiz en la tómbola

Falta la banda sonora de Marisol. La Justicia española es una tom-tom-tómbola. Pero no de luz y de color, claro, sino siniestra y sombría. Por añadidura, con trampa y cartón para llenar cuatro trasatlánticos. Los trileros de la bolita del rastro son catedráticos de ética al lado de los feriantes con toga que determinan, conforme a los que les sale de salva sea la parte —llámenle ideología, intereses personales o Razones de Estado— la suerte que corren los atribulados portadores de boletos.

En esas está ahora mismo el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. Mañana empieza a girar su bombo en el Tribunal Superior del País Vasco, e igualmente le puede caer la muñeca chochona que el perrito Nicolás, el que mola mucho más. Aquí cambiamos de música. Toca Jarabe de Palo (esperemos que no en sentido literal) y su canción Depende. Según salga el sol de sus señorías y de las beneméritas (ejem) entidades que ejercen de acusación particular, le pueden caer seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación o puede evitar la trena, si bien quedando imposibilitado para desempeñar un cargo público.

Esto último fue lo que les ocurrió a las otras 35 personas juzgadas por la misma causa. A Arraiz, manda pelotas, la misma condición de aforado que a otros les sirve para marchar de rositas le puede suponer una pena más dura que a sus compañeros. Eso es una tropelía sobre la arbitrariedad fundacional que consiste en la persecución judicial de unas personas, las detenidas en Segura aquel infausto día de 2007, que ya ha quedado acreditado que trabajaban para acabar con el ciclo violento de ETA. Que sea para bien, Hasier.