Los «virtuosos y decentes» del TC

A buenas horas, mangas verdes. Juan José González Rivas se despidió ayer como presidente del Tribunal Constitucional español clamando que los miembros de la entidad que abandona deben ser ejemplo de virtud y de decencia. Y con la carrerilla cogida, pidió a los cuatro magistrados de estreno tras el último enjuague partidista que actúen con discreción, lealtad institucional y huyendo de la crispación. Lo sorprendente es que nadie en el auditorio rompiera reír o a llorar amargamente ante semejante muestra de cinismo. El cesante sabe (o debería saber) mejor que nadie que si por algo se ha caracterizado el Constitucional en sus últimas actuaciones ha sido exactamente por lo contrario de lo que él aventó. Basta repasar las actuaciones recientes para comprobar que el altísimo Tribunal ha ejercido no ya de contrapeso sino de tosco enmendador de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo.

Pero como toda situación mala siempre es susceptible de ser empeorada, con las últimas incorporaciones, se riza el rizo de la ideologización hasta dar de lleno en el sectarismo más grosero. Y no solo por el ya célebre Enrique Arnaldo sino por su contraparte de la izquierda en el pasteleo, Ramón Sáez, cuyas sentencias rezuman doctrina por arrobas. Para que no falte nada, hoy será elegido como nuevo presidente de la cosa Pedro González Trevijano, ponente de la desparpajuda sentencia que tumbó el primer estado de alarma y rector de la Universidad Juan Carlos Primero en los días de los másteres opacos de Pablo Casado y Cristina Cifuentes, entre otros niños bien con carné del PP. Ya ni disimulan.

Ruido de togas

Leo a un jurista poco sospechoso de derrotar por la diestra que la decisión del Tribunal Supremo ordenar la repetición del juicio a Arnaldo Otegi y los otros cuatro de Bateragune no debe ser considerada motivo de escándalo. Sostiene el experto —de nombre, Miquel Pasquau— que tal repetición se deriva directamente de la nulidad del juicio a instancias del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Si no entiendo mal la explicación, no cabría una condena mayor a la del proceso anterior ni, desde luego, la vuelta a prisión. En el peor de los casos, se dilucidará si los otra vez acusados tienen derecho a ser indemnizados por el tiempo que pasaron en la cárcel y si procede o no la inhabilitación.

Quizá sea exactamente así y lo aceptaría si estuviéramos hablando de una Justicia —y, sobre todo, de unos encargados de administrarla— fuera de dudas. Es evidente que no estamos ni de lejos ante tal supuesto, como prueba la larga bibliografía presentada por el muñidor de la decisión, el magistrado Manuel Marchena. Tampoco es baladí, que gusta decir a los columneros finos, el hecho de que todo esto sea fruto de la petición de una asociación de víctimas vinculada sin tapujos con Vox. Nos preocupamos con razón por el ruido de sables, pero quizá deberíamos estar más acongojados por el ruido de togas.

Ser Iglesias o no

Para que no haya dudas —aunque las habrá igualmente; conozco a mis clásicos—, empezaré diciendo que las imputaciones que pretende cargarle a Pablo Iglesias el juez García-Castellón suenan un congo a paja mental de su señoría. Díganme si no lo aprecian en este fragmento del auto, cuando el togado califica los hechos como una “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el señor Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”. Ya me contarán cómo carajo se va a probar que lo que movió al líder de Podemos fue hacerse el mártir para rascar votos. Tiene toda la pinta de que este fuego de artificio quedará en humo.

Por lo demás, en el momento procesal actual, Iglesias no es culpable de nada. Ni siquiera presunto culpable. Será el Supremo quien determine si procede imputarlo (o investigarlo, según la jerga nueva). ¿A que el principio es de cajón? Debería, pero ya saben que no. Solo se aplica cuando los pleitos afectan a los intocables. Cualquier otra persona sobre la que se emprende una acción judicial es automáticamente culpable. Es la eterna doble vara. Por cierto, este juez tan malvado es el mismo que instruye el caso Kitchen. Denle una vuelta.

De injusticia en injusticia

No es la mejor temporada para creer en la Justicia española. En realidad, da igual cuándo lean la frase anterior. Hasta donde este juntaletras tiene memoria, los de las togas y las puñetas nos han regado con un sinfín de arbitrariedades a cada cual más obscena. Si no era la chufla del 23-F, era la filfa de los GAL, el caso Egunkaria, el atropello a Atutxa, Bateragune o, en lo más reciente, Altsasu o el Procés.

Y andamos en el suma y sigue hasta el infinito y más allá. Hagamos recuento de los desafueros en menos de una semana. Como menú degustación, el baranda del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, se ciscaba en la obligada neutralidad marcándose una exaltación borbónica donde no tocaba. Poco tardamos en enterarnos de que era el preaviso para lo que venía: la inhabilitación de la primera autoridad de Catalunya con la estúpida excusa de que se había negado a retirar una pancarta a favor de unos políticos encarcelados en medio de una campaña electoral.

El mismo día, otra sala de idéntico Tribunal rebajaba la pena de un maestro pederasta del Opus Dei de 11 a dos años de cárcel con argumentos de pata de banco. Sin tiempo para digerir lo anterior, la Audiencia Nacional absolvía ayer a Rodrigo Rato y sus 33 secuaces en la salida a bolsa de Bankia. Lo tremendo es que ni siquiera nos sorprende.

Injusticia con sordina

Pues no. Esta vez no ha habido rasgado de vestiduras ni concurso de soflamas incendiarias contra la manga ancha de la Justicia. Será en vano que busquen pronunciamientos de campeones siderales del Yo acuso, ni airadas peticiones de cambio inmediato del Código Penal. Qué va. Únicamente silencio en la grada progresí y algarabía en la de enfrente, la ultramontana, que ha disfrutado sin competencia de una denuncia que debería haber sido compartida por cualquiera con un mínimo sentido de la decencia. Pero es que en este viaje no molaba por quiénes eran el criminal y la víctima. Les cuento, por si no acaban de caer.

Ocurre que la Audiencia de Zaragoza ha absuelto a un fulano llamado Rodrigo Lanza, de oficio sus antisistemeces, del delito de asesinato de un tipo al que pateó hasta la muerte porque le provocó… ¡llevando unos tirantes rojigualdos! Los togados, a medias con un jurado popular, le han hecho precio de amigo y dejan el matarile —por la espalda y a traición— en homicidio imprudente. En román paladino, de 25 años a un máximo de 12, que todo quisque apuesta que será mucho menos.

Es bastante fácil imaginar la explosión de bilis que se hubiera producido de haber estado cambiados los papeles. De hecho, sin llegar a eso, me consta que más de media docena de los lectores de estas líneas las habrán dejado cabreados antes de llegar aquí. No pocos de los que alcancen el punto final verán confirmada su tesis de que soy un fascista que lamenta que le hayan dado su merecido a un individuo que sobraba de la faz de la tierra. Eso, sin contar con los que se encogerán de hombros y concluirán que no les gusta la columna.

Gana el Supremo

En la puesta en escena solo ha faltado Tamariz dejándose la garganta en su “¡Taratachán-chan-chan!”. Menudo juego de manos se han traído la Junta Electoral Central, unos juzgados pedáneos de Madrid y, en el papel estelar pero no demasiado, el Tribunal Supremo a cuenta de si Puigdemont, Comin y Ponsatí podían presentarse o no a las elecciones europeas en su condición de prófugos/exiliados (táchese lo que no proceda). Al final, ha sido que sí, como sabía cualquiera, incluso sin haber pisado una facultad de Derecho y teniendo en cuenta que la Justicia hispanistaní tiende a sacarse sus dictámenes de la sobaquera.

Pero es que esta vez no hacían falta ni los clásicos ejercicios de contorsionismo judicioso. La clave está en la perversión de una ley que permite ser elegible pero impide ejercer como electo. Lo hemos visto con los presos que se presentaron a las autonómicas catalanas —a ver qué pasa con los que acaban de ganar escaño en el Congreso— y con los huidos, entre otros, el mismo Puigdemont. A la hora de la verdad, tuvieron que hacerse a un lado para evitar que su ausencia diera la mayoría a la bancada de enfrente.

Celebraba el residente en Waterloo “la primera victoria en campo contrario”. No reparaba (o no quería hacerlo) en que quien ha ganado en el lance ha sido el Supremo. Sin siquiera mancharse las manos, puesto que la decisión final la han asumido los juzgados ordinarios que pretendían hacerse los suecos, ha conseguido dar la impresión de que España es un Estado de Derecho funcionando a pleno pulmón donde los benéficos tribunales son capaces de dar la razón a los disolventes… cuando no sirve para nada.

Como poco, respeto

No me avergüenza confesar que mi argumento más sólido contra la prisión permanente revisable es el hecho de que su aplicación depende de la Justicia española. Me fío entre poco y nada del modo en que se puede utilizar la traída y llevada figura penal en un sistema que, de saque, contempla más años de cárcel para los jóvenes de Altsasu que para asesinos sin sentimientos como José Bretón. Por lo demás, después de haber visto cómo se retuerce la legislación —o se incumple sin ningún disimulo— de acuerdo con intereses políticos, como vemos con los presos de ETA o con los dirigentes del Procés encarcelados preventivamente, resulta difícil no sospechar de un uso a discreción de semejante herramienta para el escarmiento.

Me uno, por lo tanto, a la petición de derogación, no sin dejar de señalar, a riesgo de escandalizar a la concurrencia, que comprendo perfectamente muchas de las razones que aportan quienes solicitan mantenerla. Incluso aunque no fuera así, les aseguro que no perdería de vista que se trata de una evidente mayoría social, tanto en España como en Euskal Herria. Eso, como poco, merece un respeto que está brillando por su ausencia entre los que, curiosamente, se presentan como la releche en verso del progreso, la equidad, la democracia y me llevo una. Es un insulto inadmisible tratar como una turbamulta inculta y pastoreable a personas —millones, insisto— que tienen a bien pensar que además de la cacareada reinserción, el fin de una temporada entre rejas también es pagar por un acto que no debió cometerse. Sobra, una vez más, la estomagante superioridad moral de los castos, puros y justos.