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Investidura o así

Venga, va. Marchando el enésimo día histórico para Catalunya. Esta vez se trata de la investidura del President que ha de comandar la nueva etapa. No les digo de qué porque hasta eso ha quedado en difusa nebulosa. Y ahí tenemos ya una pista sobre quién maneja esta barca. Como todas las anteriores jornadas para la posteridad que se han dado desde el 27 de octubre de 2017, el ritmo y las normas de juego las marca el Estado español. Comprendo la jodienda que implica recordarlo, pero es que lo contrario nos llevaría al autoengaño.

Allá quien quiera timarse a sí mismo en el solitario. Lo contante y sonante es que, cuando de acuerdo a aquella hoja de ruta que se nos dijo estaba grabada en mármol y meditada al milímetro, deberíamos haber cumplido el primer trimestre de independencia, sigue habiendo un gobierno intervenido. Con menos capacidad de decisión que el de Murcia, para expresarlo de un modo claro y, supongo, doloroso.

Más allá de la épica, cada capítulo que ha sucedido desde la promulgación del 155 hasta hoy mismo ha respondido a la voluntad de Madrid. Eso incluye las elecciones del 21 de diciembre, los encarcelamientos y las libertades condicionales, las mil actuaciones judiciales, las expatriaciones, y lo que de momento es lo último, esta investidura que puede acabar no siendo tal cosa. Por de pronto, varios consellers desplazados han tenido que renunciar a su acta, conscientes de que caminan por el lado más débil de la cuerda. Recuerdo las palabras de Girauta: “Se aplicará el 155 las veces que haga falta, hasta que tengamos el Gobierno que sea el que nos merecemos los catalanes”. Pues eso.

Para delirio, lo de Alsasua

Qué oportuno, Rajoy hablando de delirios autoritarios en relación a Catalunya, apenas 24 horas después de que sus terminales judiciosas en la Audiencia Nacional hayan pedido descomunales penas de cárcel para los presuntos autores de la paliza —yo no lo diré de otro modo— a dos guardias civiles en Alsasua. 62 años para uno, 50 para otros seis y 12 y medio para la que, hay que joderse, sale mejor librada. ¿Quién delira ebrio de autoritarismo norcoreano en este caso? Por desgracia, los únicos que tienen la capacidad para hacerlo. Suyas son las leyes y suya, la facultad de retorcerlas hasta donde les salga del níspero.

Impotentes, los escandalizados espectadores clamamos que no es justicia sino venganza y nos quedamos patéticamente cortos. Ni siquiera lo hacen por resarcirse de la vieja afrenta. O no solo. Simplemente, les pedía el cuerpo un escarmiento ejemplarizante y se han pegado el capricho de darlo en las carnes de los primeros pardillos que les han salido al paso. Para que se vea quién sigue mandando aquí, como aviso a navegantes y, de propina, como provocación a ver si alguien muerde el cebo y tenemos unos sanfermines calentitos, como aquellos de hace 39 años.

Echa uno de menos en este lance, igual que en tantos, a los campeones siderales de la democracia y el requeteprogresismo molón. Quizá es que en mi tele ponen otra cosa, pero no veo a la siniestra exquisita montando el cristo en los programas postureros que ustedes y yo sabemos. Como exceso, una leve queja a media voz o un tuit de aluvión envuelto en burbujitas de plástico, no nos vayan a confundir con los malos. ¡Vaya con la revolución!

De togas y maltratadores

No son solo las absoluciones y las cortesanas libradas de la cárcel de la parentela del rey. Ni el trato benévolo cuando no directamente bonachón a los corruptos conspicuos de la parte alta del organigrama, empezando por los que tienen o han tenido ciertos carnés. Ni la facilidad con la que, en contraste, se enchirona a los pardillos elegidos para dar ejemplo al populacho. Qué va. Es prácticamente todo. La Justicia española hiede por cada uno de sus costados. Atiendan a la última fechoría.

Todos contemplamos con el vello erizado y la respiración suspendida la brutal paliza que un tipejo le propinaba a una mujer en un portal. El vídeo mostraba cómo el agresor tiraba al suelo a la víctima, la golpeaba ferozmente con pies y manos, y finalmente se la llevaba escaleras arriba arrastrándola por el pelo. La condena inicial para el desalmado maltratador fue de dos años de cárcel, pero a sus ilustrísimas señorías de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante les ha parecido que la tunda no fue para tanto.

Los fulanos con toga han dejado la cosa en 9 meses porque entienden que, al no haber lesiones, los hechos no pasan de ser un delito de violencia de género simple. “Simple”, se lo juro, esa es la denominación técnica, que en sí misma clama al cielo. Es decir, que como no desgració a la joven, el matón se va de rositas. Para dar un poquito más de asco y rabia, la sentencia deja caer que la difusión de las imágenes había provocado un juicio público al pobrecito acusado. Y ya saben, punto en boca, que es una decisión de los eruditos de la ciencia judiciosa. Luego, que si tolerancia cero y tal.

El último de Bateragune

Desde estas humildes líneas, me sumo a la iniciativa por la libertad de Rafa Díez Usabiaga. Lo hago enfatizando la pluralidad de quienes la han impulsado. Podrá parecer una anécdota, pero es algo más que una grata sorpresa encontrar a un exgobernador civil de Bizkaia —Daniel Arranz— entre las adhesiones.

Respecto a los motivos, poco que decir. Resulta frustrante explicar lo obvio. Como todos sus compañeros del funesto caso Bateragune que tuvieron que comerse hasta el último día de prisión, Díez Usabiaga es víctima, en el mejor de los casos, de la incapacidad de la Justicia española para reconocer un error clamoroso. El tiempo y los hechos —el jueves se cumplen cinco años del comunicado de cese de las acciones armadas de ETA— han demostrado que fueron condenados por exactamente lo contrario de lo que hicieron. Desde luego, si hubieran sido culpables de lo que se les acusaba, el desenlace habría sido otro. Probablemente, aún seguiríamos lamentando asesinatos.

Y ya digo que esa, la de la equivocación que cabría asumir y rectificar, es la teoría más favorable. La mayoría de ustedes y yo sospechamos, con bastante base, que detrás de este atropello continuado ha habido una clara intencionalidad. No es difícil tampoco poner nombres y caras a los elementos del conglomerado político-judicial que perpetraron la injusticia. Qué menos que recordar al ministro de Interior de aquellos días infames, Alfredo Pérez-Rubalcaba, y al juez que le puso barniz legaloide, un tal Baltasar Garzón Real, hoy honda y profusamente aclamado por cierta progresía como paladín de la Democracia y mártir del Sistema. Gran paradoja.

Arraiz en la tómbola

Falta la banda sonora de Marisol. La Justicia española es una tom-tom-tómbola. Pero no de luz y de color, claro, sino siniestra y sombría. Por añadidura, con trampa y cartón para llenar cuatro trasatlánticos. Los trileros de la bolita del rastro son catedráticos de ética al lado de los feriantes con toga que determinan, conforme a los que les sale de salva sea la parte —llámenle ideología, intereses personales o Razones de Estado— la suerte que corren los atribulados portadores de boletos.

En esas está ahora mismo el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. Mañana empieza a girar su bombo en el Tribunal Superior del País Vasco, e igualmente le puede caer la muñeca chochona que el perrito Nicolás, el que mola mucho más. Aquí cambiamos de música. Toca Jarabe de Palo (esperemos que no en sentido literal) y su canción Depende. Según salga el sol de sus señorías y de las beneméritas (ejem) entidades que ejercen de acusación particular, le pueden caer seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación o puede evitar la trena, si bien quedando imposibilitado para desempeñar un cargo público.

Esto último fue lo que les ocurrió a las otras 35 personas juzgadas por la misma causa. A Arraiz, manda pelotas, la misma condición de aforado que a otros les sirve para marchar de rositas le puede suponer una pena más dura que a sus compañeros. Eso es una tropelía sobre la arbitrariedad fundacional que consiste en la persecución judicial de unas personas, las detenidas en Segura aquel infausto día de 2007, que ya ha quedado acreditado que trabajaban para acabar con el ciclo violento de ETA. Que sea para bien, Hasier.

Otegi y la normalidad

“¡La que se nos viene encima!”, se hacía el preocupado Pedrojota para vender en Twitter la consabida pieza de aluvión de su nuevo periódico digital sobre la puesta en libertad de Arnaldo Otegi. Abundan estos días esas novelitas de a duro que pintan al personaje como una mezcla del Sacamantecas, el Arropiero y Jarabo, solo que en mucho peor. Y me temo que, andando los días, el género truculento seguirá proliferando, bien es cierto que en proporción similar a los cantares de gesta que nos llegan desde la acera de enfrente. La batalla por el relato, le dicen, sin pararse en disimulos al toma y daca. Será muy interesante comprobar hasta qué punto triunfan y dónde esas literaturas exaltadas de lo pésimo o lo superior.

Apoyándome en que nosotros, los de entonces, ya no somos exactamente los mismos, apostaría que, pasada una cierta novedad, y pese al derroche de bombo y platillo de las respectivas claques, la mayoría del personal perderá el interés. No creo pronosticar nada que no haya ocurrido ya. La capacidad digestiva del cuerpo social tiende a infinito. Le bastan tres eructos para despachar lo que le echen y pasar al siguiente bocado.

Así funciona la normalidad, el lugar al que vuelve Otegi después de una tremebunda anormalidad que ha consistido en robarle seis años y medio de su vida —a él y a otras cuatro personas que siempre quedan en penumbra— en un acto de palmaria injusticia, de venganza pura y dura, o de lo uno entreverado de lo otro. Si algo de ese brutal calado no provocó más allá de un puñado protestas y la vida siguió más o menos igual, no parece que ahora vaya a ceder ningún cimiento.

Justicia española, según

Un titular que obliga a mirar al reloj y al calendario: “El Fiscal Superior del País Vasco pide 6 años de cárcel para Hasier Arraiz por integración en ETA”. La letra menuda profundiza la impresión de haber caído en un agujero negro espacio-temporal. Resulta que la cosa viene de octubre de 2007, que en la mente de la mayoría de los ciudadanos de este país es el paleolítico inferior.

Y no, oigan, no estoy abogando por la desmemoria ni por el pelillos a la mar. Pero es que la petición de pena del hiperactivo Calparsoro no se basa ni de lejos en la aparición de pruebas que relacionen al hoy presidente de Sortu con asesinatos o extorsiones. Se trata de su presencia en aquella reunión de dirigentes de la entonces ilegalizada Batasuna en la casa de cultura de Segura que terminó en espectacular redada televisada a mayor gloria del ministro de Interior de la época, a la sazón, Rasputín Pérez Rubalcaba. Era un plazo más del pago diferido del atentado de la T4 y del fracaso de las negociaciones de Loiola. Se vendió —y aún se dilucida así en la Audiencia Nacional— como la reconstrucción del brazo político de una ETA que había vuelto al matarile. Los hechos han demostrado de sobra que si algo se buscaba en ese encuentro y en otras actuaciones que también acabaron en juicios y condenas —Bateragune—  era forzar a la banda al ERE de extinción.

Una vez he dejado claro que para mi esta causa judicial no tiene más sentido que el político, no puedo evitar, sin embargo, plantear una duda existencial: ¿cuándo hay que ciscarse en la malvada Justicia española y cuándo hay que apoyarse en ella para atizar al adversario?