Los jueces nos salvarán

Qué esfuerzo más inútil, el de las administraciones públicas al pretender que la gestión de la pandemia se guíe por criterios sanitarios. Epidemiólogos, virólogos y demás profesionales de bata blanca están de más. Los que de verdad saben de esto son los de las togas y las puñetas. Y como muestra más reciente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tumbar el confinamiento de la Comunidad que había decretado el gobierno español alegando que vulnera derechos y libertades fundamentales. Cómo explicar, cómo contar a sus reverendísimas señorías que tales derechos y tales libertades te sirven de una mierda cuando estás muerto.

Y sí, me sé la letanía con que me vendrán incluso muchos de mis más apreciados amigos del mundo jurídico. Que las cosas no son tan sencillas, que entre Ayuso, Illa y Sánchez lo han puesto a huevo, que hay principios irrenunciables que deben prevalecer y bla, bla, requeteblá. A todo eso respondo que sí, que muy bien, que en el plano teórico o académico, esos adagios lucen un huevo. Pero explíquenselo a quien, en el mejor de los casos, se va a pasar dos meses entubado en una UCI porque unos tíos que viven en una realidad paralela pidieron que les sujetaran el cubata para dictaminar que las razones médicas son una coña marinera al lado de su infinita sapiencia.

De mal en peor

800.000 contagios en el Estado, y subiendo. No es consuelo que en lo más inmediato, la demarcación autonómica, la cosa parezca contenida, susto arriba o susto abajo. De sobra tenemos aprendido que es cuestión de que vengan bien o mal dadas durante media docena de días para que las cañas se vuelvan lanzas y viceversa. En la montaña rusa de la pandemia se pasa de cero a cien en un abrir y cerrar de ojos. Sin ir más lejos, recuerden lo razonable que pintaba la cosa en Navarra a principios del verano hasta que la curva se puso en punta y este es el momento en que tenemos cuatro pueblos reconfinados y unos números generales todavía preocupantes.

Lo peor, volviendo a mirar el escenario global, es que da la impresión de que se actúa a salto de mata y con criterios más políticos que sanitarios. Madrid es el ejemplo más claro —aunque no el único— de una sucesión de decisiones (o de falta de decisiones) que parecen fruto de una mezcla letal de improvisación, desconocimiento real, incapacidad y, como detonante definitivo, búsqueda del rédito político a peso. Y es muy fácil culpar a la esperpéntica presidenta de la Comunidad, pero quizá alguna responsabilidad tenga el Ministerio español de Sanidad que, ahora por boca del bienamado Simón, comienza a reconocer que los números eran terribles ya hace mucho.

155 sanitario a Madrid ya

La alucinógena presidenta de Madrid ha venido choteándose del ministro español de Sanidad de un modo indecente. Espera uno que a Salvador Illa se le hayan terminado de hinchar las pelotas y cumpla sin temblor de manos la decisión de chapar las diez grandes ciudades de la comunidad, incluyendo la villa y corte. Ojo, que no es cosa del atribulado filósofo de Roca del Vallés, sino acuerdo ampliamente mayoritario de las demarcaciones autonómicas del Estado español. A un pelo hemos estado de que por las santísimas narices de Isabel Díaz Ayuso colaran de punta a punta de la piel de toro una especie de ricino para todos para disimular el particular mal hacer de la susodicha. El insulto final fue que la propia proponente de la medida se descolgara de ella menos de 24 horas después como la criatura caprichosa que es y pretendiera in extremis otro apaño chungalí para evitar el confinamiento impepinable.

¿Se imagina alguien que, en lugar de Madrid, estuviéramos hablando de cualquiera de los terruños que arrastramos fama de irredentos? Los mismos cuervos cavernarios que ahora graznan sobre presuntos agravios malintencionados estarían reclamando a todo trapo el 155 sanitario y, si me apuran, el entrullamiento de los responsables políticos de esas comunidades en nombre de la salud y de la vida. Apuéstense algo.

Máster de caradura

De cuando en cuando, la actualidad te regala caramelos como el marrón universitario de la cada vez menos mirlo blanco pepero Cristina Cifuentes. No me ha dado un aire, lo digo completamente en serio. Ya podían ser todas las corruptelas así, es decir, sin daños realmente graves y, al mismo tiempo, tan reveladoras de la condición humana de sus protagonistas y de las instituciones afectadas. Estaría por jurar que de cara a la opinión pública, estos triles acaban teniendo bastante más repercusión que muchas mangancias verdaderamente sustanciosas en lo económico. Vaya, pues, tentándose las ropas la desparpajuda presidenta de la Comunidad de Madrid, que a lo peor le toca comerse con patatas ese vídeo —este, sí que sí, máster cum laude de chulería— más de parvulario que de Enseñanza Superior en el que porfía que no piensa dimitir, chincha raviña.

Vaya desde aquí mi caluroso aplauso a ElDiario.es por su campanada informativa y por la forma en que ha ido dosificando los detalles, de modo que cada excusa de la doña quedaba inmediatamente desmentida por los documentos. ¡Y lo que faltará aún! Por lo demás, para que la diatriba sea completa, no olviden incluir una jaculatoria para los usos y costumbres de esta universidad pública en concreto, la Rey Juan Carlos (lo siento mucho, no volverá a ocurrir), y tantas otras casas de tócame Roque presuntamente académicas donde campan a sus anchas el compadreo y la jeta sideral. Acuérdense, sin ir muy lejos, de la beca chollo de Iñigo Errejón. Y ya que menciono al individuo, no me digan que no hace falta desahogo para ser de los primeros en salir a atizar a Cifuentes.

Corrupción institucional

Al girar la puerta, no necesariamente hay una eléctrica o una teleco. Alberto Ruiz-Gallardón, por ejemplo, se encontró con un Consejo Consultivo. El de la Comunidad de Madrid, esa que anda afeando a los demás no sé qué privilegios y prebendas. Puede sonar a premio de consolación, pero, oigan, son 8.500 euros del ala al mes por una reunión semanal que se celebra los miércoles, salvo, imagino, cuando le toca Champions a los merengues. Hasta el sastre de Tarzán trabaja más. El lote incluye coche oficial, despacho, secretaria (o secretario, digo yo) y la utillería de rigor, a saber, Iphone del copón, tablet de quitar el hipo y resmillería personalizada. ¡Ah! Y para que luego digan de la temporalidad de los contratos, se trata de un puesto vitalicio. Sin periodo de prueba ni nada. Aquí te ficho, aquí cobras la primera dieta: no se le habían secado las lágrimas por la dimisión del martes, y el jueves estaba ya a la orden. Solo el Tribunal Constitucional resolviendo recursos contra Catalunya tiene acreditada tal celeridad.

Por lo demás, al progre más ultra (o viceversa) no le va a faltar buena compañía. Preside la cosa Ignacio Astarloa, presunto muñidor de algún indulto firmado por el propio Alberto, culo conocedor de una amplia panoplia de cargos, y todavía diputado en el Congreso; las incompatibilidades son para para los pringaos. También hay otra media docena de perfectos desconocidos y, rematando el lustre, ese simpático bribón de la política que atiende por Joaquín Leguina. Se pregunta uno qué necesidad tendrá este ganado de andar con sobres y cajas B, si tienen la corrupción institucionalizada.