Marchena el digno

Miren por dónde, al magistrado Manuel Marchena le nace la dignidad con una semana de retraso —en simulado y diferido, que diría la políticamente difunta Cospedal— y saca un comunicado renunciando a presidir esa casa de tócame Roque que llaman Consejo General del Poder Judicial. Premio para el que tenga la presencia de ánimo suficiente para reprimir la carcajada seguida del vómito. Hay que gastar una desvergüenza de talla triple XL para arrearse un comunicado jactándose de ser la releche en verso de la ausencia de mácula después de siete días en boca de todo chirichi como el vendedor de su alma al bipartidismo renacido a cambio de un puesto de relumbrón. Viene a preguntarnos el mengano en su tardía descarga de amor propio que por quién le tomamos. Y cabe contestarle a lo George Bernard Shaw: quién y qué es ya ha quedado claro; ahora se está negociando el precio.

Corrijo: se estaba negociando. La renuncia al puesto que se le había otorgado por adelantado ha mandado al carajo todo el cambalache entre PSOE y PP para repartirse las fidelidades y las poltronas del presunto órgano de gobierno de los jueces. Por si faltaran pelendengues a la broma, la formación que rompe es la de Casado, cuando la espoleta que lo revienta todo son unos guasaps del senador pepero (y cosas peores), Ignacio Cosidó, en los que se vanagloria del trapicheo.

La conclusión provisional es que volvemos a la casilla de salida, solo que con unos cuantos jirones más en el descrédito de la Justicia. Y no digamos ya en el de la política, que no ha de pasarse por alto que el fétido episodio venía bendecido por el silencio cómplice de Unidos Podemos.

Togas y porras

El pasado miércoles resultó una jornada de lo más reveladora para entender el mecanismo de nuestro sonajero político. ¿Por la entrevista entre el Lehendakari y el President —interino, según el mismo reconoce— de la Generalitat semiintervenida? Pues también, pero menos. Nada de ese encuentro podía sorprendernos a estas alturas del serial. De hecho, y aunque muchos no lo vieron o prefirieron no hacerlo, lo más relevante del almuerzo en Ajuria Enea fue el capote que Iñigo Urkullu le echó a Pedro Sánchez al advertir a Torra de que lo malo conocido puede ser una opción razonable al lado de la catástrofe casado-riveriana por venir. Dos horas antes, no se pase por alto, Madrid había vuelto a hacer de Madrid en la reunión sobre las transferencias de calderilla.

No, la alusión del comienzo iba por el acto (solemne, juraría que ponía en la invitación) de apertura del año judicial en la demarcación autonómica. En la cabeza de todos, claro, la enésima marca de descrédito batida por los de las togas con puñetas. Qué mejor contexto para que el presidente del primer tribunal vasco se metiera a tertuliano y se fumara la independencia del poder legislativo con una andanada al acuerdo de bases sobre el nuevo estatus alcanzado por los partidos que suman dos tercios de la cámara de Gasteiz.

Eso, dentro del Palacio de Justicia de Bilbao. Fuera, ErNe, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, se retrataba en varios sentidos del término junto a sus colegas de la Guardia Civil y la Policía Nacional para protestar contra la tramitación de la ley que (tarde y regular) busca la reparación de las víctimas de abusos policiales. Caray.

Bipartidismo a ratos

¡Las horas del tercer milenio que son, y este Montesquieu que no aparece! Van decenios ya sin saber nada de él. ¡A ver si va a ser verdad que está palmera y bien palmera, como porfió Alfonso Guerra en el cercanamente lejano o viceversa año del Señor (González) de 1985! ¿Lo creeremos? No sé, miren que también se daba por difunto al bipartidismo turnista español, y anteayer mismo renació de sus presuntas cenizas en forma de acuerdo, o sea, cambalache, para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial. O del Joder Judicial, según el glorioso gazapo freudiano de ya no recuerdo qué veterano compañero del gremio plumífero.

Manda carallo con la Historia repitiéndose, no ya como farsa, sino como choteo infame. Les invito a bucear en la hemeroteca. Comprobarán cómo cada actualización del llamado gobierno de los jueces ha consistido en un desvergonzado apaño entre PSOE y PP, bien es cierto que con el concurso de otras siglas, incluidas las cercanas —se siente—, que en aras del pragmatismo ancestral, preferían estar en el baile, aunque fuera con la puntita, antes que en la grada.

¡Lo que se habrá quejado todo dios de la fórmula de marras! Hasta un tal Pedro Sánchez tiene dicho que había que “despolitizar el CGPJ” y que los partidos debían “dejar de proponer candidatos”. Pues ahí lo tienen, trapicheando con el pérfido Casado que el presidente de la cosa sea de la ganadería reaccionaria a cambio de que la mayoría de los vocales pertenezcan a la cuadra pretendidamente progre. Y en el papel de mamporreros y bendecidores de la componenda—mátame, camión— los apóstoles de la independencia judicial Iglesias y Garzón. Snif.

Togas contra Catalá

A buenas horas han descubierto algunos que el chisgarabís Rafael Catalá es un bocachancla con cartera ministerial adosada. Anda que no lo ha demostrado largamente adelantando al milímetro lo que iba a pasar con Iñaki Urdangarín o teledirigiendo con su lengua suelta a los togados por el turbio mar del Procés. Por no hablar, claro, de cómo se ganó a pulso la reprobación de todos los partidos menos el suyo tras hacer mangas y capirotes con las fiscalías, en comandita con el difunto Maza, para limitar el daño en las cloacas genovesas. Se pregunta uno dónde estaban entonces todas esas asociaciones gremiales de lo jurídico que ahora se muestran ofendidísimas porque el individuo ha soltado mierda sobre uno de los suyos.

Soy el primero en proclamar que un miembro del gobierno no debe poner en la picota —a lo Gila, además: “Todos saben que alguna persona tiene algún problema”— a un juez. Ni siquiera a uno que nos ha revuelto el estómago. Si de verdad sabía algo que inhabilitaba al fulano para meter sus narices en un asunto tan delicado como la actuación depredadora de La Manada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de las instancias oportunas. Si solo es un tiro por elevación para embarrar más el campo y quedar bien con la calle, es cierto que no puede estar un minuto más en el cargo. Sin embargo, anoto a continuación que ni las citadas asociaciones de jueces ni el sacrosanto CGPJ tienen la menor legitimidad para pedir la dimisión de Catalá. Primero, porque no lo hicieron cuando debieron. Y segundo, porque al hacerlo, incurren en lo mismo de lo que acusan al ministro: atacar la separación de poderes.

¿Legislar en caliente?

Hay que ver cómo cambia el cuento. Ahora el gobierno español anuncia que revisará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, y prácticamente todo el arco político se apunta el tanto. Dicen que es el clamor de la calle y que hay que ponerse inmediatamente manos a la obra. Desde aquí, me sumo a la exigencia —a ver si esta vez lo hacen bien—, pero inmediatamente me hago una pregunta en voz alta, ustedes me dirán: ¿No habíamos quedado en que no se debía legislar en caliente?

Reitero que a mi me parece más que procedente y anoto mi vana esperanza de que en lo sucesivo esta forma de actuar marque tendencia. Qué gran retrato se han hecho los que en esta ocasión no han tenido remilgos en demandar, casi tea en mano, no ya cambios legales sino la crucifixión de los cinco malnacidos de La Manada, mientras que hace unas semanas trataban de turbamulta manipulada por el fascio a quienes salían a expresar su rabia por el asesinato del niño Gabriel Cruz. No faltaron los grandes santurrones que pidieron comprensión hacia la asesina en atención a su sexo, su origen y el color de su piel.

Y no, no es solo porque las violaciones les merezcan un trato diferente. Depende de cuáles. Yo tengo memoria. El pasado diciembre, cuatro depredadores alevines agredieron sexualmente a una niña en un trastero de Barakaldo. Hubo un par de pancartas en alguna concentración deslucida, de puro trámite, pero los apóstoles del buen rollo corrieron a apelar a la educación en valores, antes de ordenar discreción y respeto… para los victimarios, por supuesto. Ojalá lo de estos días suponga el fin de tanta hipocresía.

Catalá enseña el camino

Como la Justicia es igual para todos y al duque empalmado le faltan abogados, el ministro español de la Cosa, Rafael Catalá, se ha puesto en primera línea de defensa del sujeto. Y no crean que para soltar la soplagaitez de la confianza debida en el Estado de Derecho y sus mariachis con toga y puñetas, qué va. Es gracioso que manifestarse ante un tribunal sea una intolerable coacción a los jueces, mientras que el titular gubernamental del negociado jurídico se puede permitir el lujo de señalar el buen camino a los encargados de tomar, en este caso, la decisión sobre si el marido de la infanta (graciosamente) absuelta debe entrar o no en el trullo.

Traguen saliva antes de leer, que corren el riesgo de ahogamiento ante la desfachatez supina del gachó: “La prisión preventiva es una medida extraordinaria en nuestro Derecho. Privar de libertad a una persona cuando todavía no ha finalizado definitivamente una causa es una medida absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, [en el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín] tiene que estar muy justificado por qué es necesario anticipar una pena privativa cuando todavía no hay sentencia definitiva”. Tracatrá.

Por supuesto, tal lección de retorcimiento de la legalidad hasta el corvejón solo es de aplicación con reos de alcurnia, aunque sea adquirida por vía inguinal, como ocurre con el tipo del que hablamos. Cualquier otro pelagatos, y especialmente algunos, se va al talego de cráneo a esperar, no ya la sentencia firme, sino la mera apertura del juicio oral. Hay ejemplos sangrantes. Piensen, sin ir más lejos, en los jóvenes de Altsasu. Y no son los únicos.