Como la Justicia es igual para todos y al duque empalmado le faltan abogados, el ministro español de la Cosa, Rafael Catalá, se ha puesto en primera línea de defensa del sujeto. Y no crean que para soltar la soplagaitez de la confianza debida en el Estado de Derecho y sus mariachis con toga y puñetas, qué va. Es gracioso que manifestarse ante un tribunal sea una intolerable coacción a los jueces, mientras que el titular gubernamental del negociado jurídico se puede permitir el lujo de señalar el buen camino a los encargados de tomar, en este caso, la decisión sobre si el marido de la infanta (graciosamente) absuelta debe entrar o no en el trullo.
Traguen saliva antes de leer, que corren el riesgo de ahogamiento ante la desfachatez supina del gachó: “La prisión preventiva es una medida extraordinaria en nuestro Derecho. Privar de libertad a una persona cuando todavía no ha finalizado definitivamente una causa es una medida absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, [en el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín] tiene que estar muy justificado por qué es necesario anticipar una pena privativa cuando todavía no hay sentencia definitiva”. Tracatrá.
Por supuesto, tal lección de retorcimiento de la legalidad hasta el corvejón solo es de aplicación con reos de alcurnia, aunque sea adquirida por vía inguinal, como ocurre con el tipo del que hablamos. Cualquier otro pelagatos, y especialmente algunos, se va al talego de cráneo a esperar, no ya la sentencia firme, sino la mera apertura del juicio oral. Hay ejemplos sangrantes. Piensen, sin ir más lejos, en los jóvenes de Altsasu. Y no son los únicos.