A buenas horas han descubierto algunos que el chisgarabís Rafael Catalá es un bocachancla con cartera ministerial adosada. Anda que no lo ha demostrado largamente adelantando al milímetro lo que iba a pasar con Iñaki Urdangarín o teledirigiendo con su lengua suelta a los togados por el turbio mar del Procés. Por no hablar, claro, de cómo se ganó a pulso la reprobación de todos los partidos menos el suyo tras hacer mangas y capirotes con las fiscalías, en comandita con el difunto Maza, para limitar el daño en las cloacas genovesas. Se pregunta uno dónde estaban entonces todas esas asociaciones gremiales de lo jurídico que ahora se muestran ofendidísimas porque el individuo ha soltado mierda sobre uno de los suyos.
Soy el primero en proclamar que un miembro del gobierno no debe poner en la picota —a lo Gila, además: “Todos saben que alguna persona tiene algún problema”— a un juez. Ni siquiera a uno que nos ha revuelto el estómago. Si de verdad sabía algo que inhabilitaba al fulano para meter sus narices en un asunto tan delicado como la actuación depredadora de La Manada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de las instancias oportunas. Si solo es un tiro por elevación para embarrar más el campo y quedar bien con la calle, es cierto que no puede estar un minuto más en el cargo. Sin embargo, anoto a continuación que ni las citadas asociaciones de jueces ni el sacrosanto CGPJ tienen la menor legitimidad para pedir la dimisión de Catalá. Primero, porque no lo hicieron cuando debieron. Y segundo, porque al hacerlo, incurren en lo mismo de lo que acusan al ministro: atacar la separación de poderes.