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Buenos fines, malos medios

No vale todo. Por supuesto que no. Ni siquiera por una buena causa. De hecho, el propósito más noble queda bastardeado cuando en su nombre se usa intencionadamente el juego sucio. La mentira, la manipulación o eso que una vocera de Trump ha bautizado con jeta de titanio como “Hechos alternativos” ponen en evidencia a quienes, a falta de escrúpulos y argumentos, los utilizan como atajo hacia sus fines. Insisto, por meritorios que estos sean. Y peor, si la sórdida estrategia incluye un ataque de mala fe a una persona, que en el caso que nos ocupa, reúne, además, la condición de representante de la soberanía popular.

Cierto, son mis palabras. No creo, sin embargo, que la opinión que expresan esté muy lejos del mensaje que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lanza a las plataformas antidesahucios en el auto de archivo de la denuncia que presentaron contra Iñigo Urkullu por haber aportado datos sobre el desalojo de una mujer en Gasteiz. Ocurrió, seguro que lo recuerdan, en el debate electoral en EITB. Interpelado por una de sus adversarias, el entonces candidato a la reelección aportó los citados datos, que desmentían la versión —como poco— exagerada que se había hecho circular. “Lo único que está haciendo es constatar una realidad y lo que es más importante, cumplir con su obligación de mandatario público”, anota el TSJPV junto a media docena de consideraciones en las que deja claro que no hay falsedad, revelación de secreto ni intromisión en ninguna intimidad. El daño está hecho. No tanto al lehendakari como a la verdad y a la propia causa justa a la que supuestamente se pretendía servir.

Arraiz en la tómbola

Falta la banda sonora de Marisol. La Justicia española es una tom-tom-tómbola. Pero no de luz y de color, claro, sino siniestra y sombría. Por añadidura, con trampa y cartón para llenar cuatro trasatlánticos. Los trileros de la bolita del rastro son catedráticos de ética al lado de los feriantes con toga que determinan, conforme a los que les sale de salva sea la parte —llámenle ideología, intereses personales o Razones de Estado— la suerte que corren los atribulados portadores de boletos.

En esas está ahora mismo el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. Mañana empieza a girar su bombo en el Tribunal Superior del País Vasco, e igualmente le puede caer la muñeca chochona que el perrito Nicolás, el que mola mucho más. Aquí cambiamos de música. Toca Jarabe de Palo (esperemos que no en sentido literal) y su canción Depende. Según salga el sol de sus señorías y de las beneméritas (ejem) entidades que ejercen de acusación particular, le pueden caer seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación o puede evitar la trena, si bien quedando imposibilitado para desempeñar un cargo público.

Esto último fue lo que les ocurrió a las otras 35 personas juzgadas por la misma causa. A Arraiz, manda pelotas, la misma condición de aforado que a otros les sirve para marchar de rositas le puede suponer una pena más dura que a sus compañeros. Eso es una tropelía sobre la arbitrariedad fundacional que consiste en la persecución judicial de unas personas, las detenidas en Segura aquel infausto día de 2007, que ya ha quedado acreditado que trabajaban para acabar con el ciclo violento de ETA. Que sea para bien, Hasier.

Y siguen negándolo

A instancias del Gobierno español, faltaría más, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado varios aspectos del decreto de Lakua que reconoce moral y económicamente a las víctimas de abusos policiales. Desde la Secretaría de Paz y Convivencia aseguran que, en todo caso, lo laminado no afecta a lo básico del texto, aunque en prevención de males mayores y para no ponérselo fácil a los buscavueltas, anuncian que convertirán el decreto en ley antes de fin de año.

Ya ven que las cuestiones de principios básicos acaban sepultadas por el enjambre judicioso, como si estuviéramos ante un asunto de tecnicismos para juristas muy cafeteros y no ante una flagrante y desvergonzada maniobra para seguir negando que las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado vulneraron a saco los derechos humanos. Y ojo, que ni siquiera estamos hablando de hoy o de anteayer porque, conociendo el paño y mostrando una buena voluntad infinita, los redactores del texto se cuidaron de establecer el periodo de los abusos reconocibles entre 1960 y 1978; cualquiera se mete con los más recientes.

Lo tremendo es que ni aún con ese pragmatismo magnánimo se ha conseguido que el búnker arroje la menor señal de humanidad. ¿Por qué? Ante semejante obcecación numantina, no caben más explicaciones que las evidentes. Por de pronto, se trata de preservar el monopolio del sufrimiento en manos de las únicas víctimas que, al parecer, merecen tal nombre. Y por el mismo precio, es una forma de retratarse como orgullosos herederos de aquellos uniformados que lo dieron todo —pero todo, todo— por la una, la grande y la libre España.