Víctimas de cuarta

Para quien, como este humilde rellenador de columnas, tiene un recuerdo bastante vívido del momento en que un representante de HB echó una bolsa de cal viva en el escaño vacío del socialista Ramón Júregui, lo del otro día en el Parlamento Vasco es apenas la enésima muestra de que hay asignaturas pendientes que jamás se aprobarán. Y ni siquiera me refiero expresamente a la bronca que ocurrió en la cámara, sino a las palabras de justificación y aplauso que se sucedieron después. Creo que me conocen lo suficiente para imaginar que hablo de todos los protagonistas del encontronazo y de sus respectivas hinchadas. Nazi, pues tú más nazi, grandiosas argumentaciones, comparaciones de parvulario, y como síntesis, la certidumbre de que, como canta Aute, tirios y troyanos son tal para cual. Cuidado con tocarles a sus asesinos o sus torturadores, que se ponen como basiliscos.

Lo triste en que bajo esa polvareda no se ve la ley que se debatía y salió finalmente aprobada de un modo que también supone un doloroso retrato de nuestra realidad. Votaron a favor PNV y PSE, sabiendo que su intento para reparar a las víctimas de abusos policiales no llegaba hasta donde debería llegar. La abstención de EH Bildu y Podemos propició la aprobación como mal menor. Mientras, el PP de Alonso, que es el de Casado, votó en contra con su representación residual, pero blandiendo su gran comodín: el recurso al su primo de Zumosol, también llamado Tribunal Constitucional. Es previsible que las cuatro cuestiones mínimas que contiene la norma vuelvan a ser agua de borrajas porque, como también sabemos, hay víctimas que no tienen derecho a nada.

Y siguen negándolo

A instancias del Gobierno español, faltaría más, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado varios aspectos del decreto de Lakua que reconoce moral y económicamente a las víctimas de abusos policiales. Desde la Secretaría de Paz y Convivencia aseguran que, en todo caso, lo laminado no afecta a lo básico del texto, aunque en prevención de males mayores y para no ponérselo fácil a los buscavueltas, anuncian que convertirán el decreto en ley antes de fin de año.

Ya ven que las cuestiones de principios básicos acaban sepultadas por el enjambre judicioso, como si estuviéramos ante un asunto de tecnicismos para juristas muy cafeteros y no ante una flagrante y desvergonzada maniobra para seguir negando que las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado vulneraron a saco los derechos humanos. Y ojo, que ni siquiera estamos hablando de hoy o de anteayer porque, conociendo el paño y mostrando una buena voluntad infinita, los redactores del texto se cuidaron de establecer el periodo de los abusos reconocibles entre 1960 y 1978; cualquiera se mete con los más recientes.

Lo tremendo es que ni aún con ese pragmatismo magnánimo se ha conseguido que el búnker arroje la menor señal de humanidad. ¿Por qué? Ante semejante obcecación numantina, no caben más explicaciones que las evidentes. Por de pronto, se trata de preservar el monopolio del sufrimiento en manos de las únicas víctimas que, al parecer, merecen tal nombre. Y por el mismo precio, es una forma de retratarse como orgullosos herederos de aquellos uniformados que lo dieron todo —pero todo, todo— por la una, la grande y la libre España.

Las no víctimas de Urquijo

Ocurrió en el tiempo de prodigios del que tanto nos dan la brasa bañada de ajonjolí. Un mes después de la legalización (previo arrodillamiento) del PCE y uno antes de las primeras elecciones tras la muerte en la cama del señor de El Pardo. Llevaba año y medio en el trono el Borbón recién abdicado y aún no se había cumplido el primer aniversario del nombramiento del beatificado Adolfo Suárez como presidente del gobierno español. Era ya ministro de la porra el siniestro Rodolfo Martín Villa. A pesar de un aligeramiento para la foto, las cárceles seguían a reventar, y en el norte irredento del que procedían gran parte de los presos, gentes de diverso signo convocaron la Semana pro-amnistía. Balance final: ocho muertos de entre 28 y 78 años. Cinco cayeron a tiros de la policía o la guardia civil, uno fue atropellado al intentar retirar una barricada y a otro le fulminó un infarto en medio de la refriega. El octavo fue Francisco Javier Núñez. Les recuerdo su caso.

El último día de las protestas bajó a comprar el periódico y quedó atrapado en los disturbios. Unos uniformados le molieron a golpes. Dos días después fue a presentar una denuncia al Palacio de Justicia de Bilbao. Al salir, lo interceptaron unos tipos que se lo llevaron a un lugar en que volvieron a apalearlo y le obligaron a beber una botella de coñac y otra de aceite de ricino. Falleció días después con el hígado reventado.

Hace unos meses, el Gobierno Vasco lo reconoció, junto a otros, como víctima de la violencia policial en un decreto que el virrey Carlos Urquijo ha recurrido. Solo él sabrá por qué. Los demás nos lo imaginamos.

Víctimas en las aulas

El testimonio de las víctimas de abusos policiales llegará también a las aulas vascas. La noticia es que sea noticia. O, en todo caso, el retraso. Si algo debería parecernos extraordinario, es que hasta la fecha se haya obviado esa parte del relato con absoluta naturalidad. Es como si en clase de matemáticas enseñaran a dividir pero no a multiplicar, un sinsentido que solo se comprende en un país que hemos pretendido construir únicamente con los ladrillos de conveniencia. Pero como también somos previsibles hasta el aburrimiento, un titular así provoca crujidos de dientes y rasgados rituales de vestiduras. ¡Equiparación, equiparación!, claman fuera de sí los que se niegan a admitir cualquier sufrimiento que no sea el canónico. Al hacerlo, se retratan —nuevamente— como ciegos voluntarios, amén de como inhumanos monopolistas del dolor que intentan eliminar la competencia. Ni se les ocurre pensar que los padecimientos no solo no se anulan entre sí, sino que son complementarios.

En cualquier caso, no sé qué ando gastando tinta, papel, energías y su paciencia describiendo por enésima vez una evidencia de la que (casi) todos, incluidos los que obran así, estamos al corriente. En el espacio que me queda intentaré ser propositivo, que no sé muy bien lo que quiere decir, pero que está muy de moda. Me limitaré a dar la bienvenida a la iniciativa y, en la medida que me lo permite mi escepticismo, a desear que resulte de provecho. Debo confesar que albergo mis dudas sobre el efecto que puedan tener las experiencias de víctimas de cualquier violencia en chavalas y chavales de entre 12 y 16 años. Digo yo que mal no les harán las narraciones, pero igualmente me temo que asistan a ellas con el mismo entusiasmo con que atienden una lección sobre las partes de la célula o las características del ser parmenideo. Quizá baste, es verdad, con que a uno o dos les llegue el mensaje. No estamos para pedir mucho más.