3 de marzo, 45 años

Sin desdeñar ninguno, de los aniversarios que se nos han venido y se nos vienen encima estos días, me quedo con el de hoy. 45 años de la matanza de Gasteiz. Por fortuna, a diferencia de muchísimos otros casos, esta vez sí se ha conseguido mantener vivo el recuerdo de lo que el propio patrullero que hablaba por radio con sus jefes calificó como masacre. Desde el primer minuto, prácticamente desde el conmovedor e indescriptible funeral por los cinco asesinados, los supervivientes, las familias, el movimiento obrero, la mayoría de los partidos políticos y una parte no pequeña de los vecinos de la capital alavesa se conjuraron contra el olvido. Y con los años entrarían también las instituciones, aunque no todas: las gobernadas por el PP siempre evitaron no ya la condena, sino una mínima reprobación.

Esa cerrilidad con aroma culpable no ha impedido, como digo, que en Gasteiz —y diría que en cualquier lugar del Estado— se tenga una conciencia muy nítida de la injusticia todavía sin reparar que cometieron hace tres decenios y medio personas cuya responsabilidad tampoco ha sido señalada por los órganos supuestamente competentes. Ese debería ser el siguiente paso. Sin ánimo de venganza, y aunque ni siquiera acarree consecuencias penales, es necesario que quede claro quiénes fueron los culpables.

Larrion y el factor humano

No puedo negar que me apena enormemente la situación por la que está pasando la ya ex portavoz de EH Bildu en el ayuntamiento de Gasteiz, Miren Larrion. Por demás, me resulta imposible imaginar qué circunstancia privada tan apremiante le pudo llevar a suplantar la identidad de una compañera de partido para abrir una cuenta bancaria. Sí alcanzo a hacerme cargo de la angustia que le impulsó a dar semejante paso en falso que ha resultado irreversible para su carrera política y me temo que también a la profesional y, desde luego, a la personal. Una vez más se ha impuesto el factor humano, —tan básico, tan primario, tan pedestre— a cualquier otra consideración. Aquí se van al guano los argumentarios partidistas y las defensas dialécticas de lo indefendible.

Me consta que habrá lectores que ahora mismo piensen que soy comprensivo con una actitud intolerable. Nada más lejos. Solo anoto que, independientemente de lo que determine la investigación judicial en curso —que puede ser algo muy grave—, Larrion lleva literalmente la penitencia en el pecado. O definitivamente desconozco su personalidad, o nadie será más dura que ella misma al juzgarse y al comprobar todo lo que ha echado por la borda con su comportamiento a la desesperada. Quizá ahora piense en otros casos en los que pudo haber sido menos hiriente.

El 3 de marzo, en Europa

42 años después, la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz ha llegado al Parlamento europeo. Es decir, a uno de sus organismos casi arcanos para el común de los mortales, con un nombre, por demás, que a los que somos de natural escéptico nos hace pensar en una suerte de dispensario burocrático para el derecho al pataleo: Comisión de Peticiones. Y no se crean que es tan fácil situarse a pie de ventanilla. Por lo que contaba hace un par de días en Onda Vasca la eurodiputada Izaskun Bilbao Barandika, ha habido que batirse el cobre durante meses para que Nerea Martínez y Andoni Txasko, portavoces incombustibles e imprescindibles de Martxoak 3, fueran escuchados ayer en Bruselas.

Por lo demás, casi sonroja lo primario de la reclamación que toca seguir difundiendo a los cuatro decenios largos del asesinato de los cinco de Zaramaga. El puro catón: verdad, reparación, justicia y como resumen y corolario, fin de la impunidad. Se imagina uno la cara de pasmo del auditorio al ser informado de que hasta la fecha, ningún gobierno español —da igual su color— ha hecho absolutamente nada siquiera para reconocer que aquello ocurrió, que tuvo unos culpables en diferente grado y, desde luego, que las víctimas y sus familias merecen, además de un trato humano, la misma consideración que cualquiera de las muchísimas personas que han sido objeto de sufrimiento injusto. No se pide nada más que eso. Y nada menos. Cuesta trabajo creer, aunque desgraciadamente los hechos confirman que ha sido así, que cada gabinete que ha sucedido a aquel presidido por el inefable Arias Navarro se haya alineado sistemáticamente con los asesinos.

Todavía más depredadores

Sigo haciendo memoria de depredadores nada mediáticos, que en realidad son casi todos. Solo en lo que va de curso radiofónico, cada semana nos ha tocado informar, como poco, sobre un caso. Casi podíamos haber hecho una plantilla para contarlos porque la inmensa mayoría eran un calco. Cambiaba la localidad y la edad de la víctima, que podía oscilar entre los 14 y los 30. Cabía una variación sobre si se conseguía detener o no al agresor o agresores o sobre la decisión judicial; no era extraño, ojo, la puesta en libertad. Tampoco eran muy distintos los abordajes, generalmente en un portal. Las demás circunstancias eran idénticas: enérgica condena plagada de tópicos —esta, sí que sí, de molde—, concentración de repulsa, y hasta la próxima.

Así ocurrió, para ir individualizando, con la violación de una niña de Barakaldo a manos de cuatro machitos el pasado 29 de diciembre. Llegamos a saber que los agresores se entregaron en los días posteriores. Como eran menores, carpetazo. “Ellos también son víctimas”, se atrevió a decir el santurrón de costumbre. Quizá a ese buenrollero le merecía la misma consideración el tipo que en la noche de Halloween de 2016 violó analmente a una niña de 14 años. ¡Cuánta indignación en los comunicados y cuánto silencio cuando una jueza lo dejó en libertad para que él pusiera tierra de por medio!

Termino con un episodio que me asquea especialmente. En carnavales de ese fatal 2016, varios adolescentes acorralaron a dos menores en un bar del Casco Viejo de Gasteiz y abusaron de ellas hasta que se dio cuenta un camarero. En esa ocasión, más que en otras incluso, se impuso la ley del silencio.

¿Declaración o proclama?

Leo que el grupo municipal de EH Bildu en Gasteiz se ha desmarcado de una declaración institucional en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, asesinado —quién no lo sabe— ahora hace veinte años. Antes de dar cuenta del resto de la noticia, me indigno, me rebelo, me desazono. El subtítulo contribuye a profundizar mi malestar. “La coalición soberanista discrepa con el relato”, señala. Transpirando sulfuro, me pregunto qué narices de relato cabe no compartir sobre aquella vileza que, como siempre he defendido, es el catón del rechazo del terrorismo.

La respuesta me llega en la letra pequeña, junto con la constatación del error de mi prejuicio. Los concejales de EH Bildu tienen toda la razón en negarse a suscribir un texto en que la figura de Miguel Ángel Blanco es una mera excusa para colocar una teórica tan rancia como simplona sobre hechos que van mucho más allá del secuestro y ejecución del concejal de Ermua. Es, con algún leve matiz, la doctrina habitual del ultramonte, entendible en un editorial de ABC o La Razón o, si se quiere, en una proclama que suscribiera solo el PP. Nunca en un escrito con carácter institucional y, por eso mismo, con el imperativo de respetar la pluralidad.

Algo me dice que las demás siglas que pusieron su firma lo hicieron por el adagio al que tantas veces hemos recurrido: por la paz, un avemaría. En este caso, opino humildemente que se ha hecho un flaco favor a la pretendida causa. Desde luego, no se trata de embarrar el patio, pero lo cortés no debe quitar lo valiente. Simplemente, no se puede permitir que, de nuevo, el aniversario de una crueldad se use a beneficio de obra.

3 de marzo, no tocar

Para una juez de Gasteiz, la matanza del 3 de marzo de 1976 es una cuita del pasado que no hay que remover. A instancias, cómo no, de la peculiar fiscalía de Araba, su señoría ha desestimado la querella de las Juntas Generales del territorio bajo una de esas argumentaciones entre la perogrullada y el encaje de bolillos que tan queridas le son al gremio de las togas y las puñetas.

En la versión corta, y aunque cupiera tipificarlos como asesinatos u homicidios, la cosa se resume en que los hechos está prescritos. Nos ha jorobado, diríamos los legos. Ya imaginábamos que era así, y es de cajón que por eso mismo, lo que se pide en la denuncia es que se califiquen los sucesos como delitos de lesa humanidad, que son los no sujetos a caducidad. Pero ahí es donde viene el jeribeque judicioso. Como quiera que la ley que introduce la figura de delito de lesa humanidad en el derecho penal español es de 2003, se concluye que no cabe aplicársela a acontecimientos anteriores a su promulgación.

Seguramente, es un razonamiento técnicamente irrefutable. Tanto como moralmente injusto y hasta mezquino. Mucho más, si tenemos en cuenta que lo que buscan esta y otras querellas no es llevar a la cárcel a los culpables de la masacre que siguen con vida, sino determinar su responsabilidad criminal en lo que el tristemente célebre policía de la grabación denominó “la paliza más grande de la Historia”. No tiene ni medio pase que 41 años después de aquella actuación policial a sangre y fuego, la versión oficial, amén de dejar marchar de rositas a quienes la ordenaron y ejecutaron, siga convirtiendo a las víctimas en verdugos.

Buenos fines, malos medios

No vale todo. Por supuesto que no. Ni siquiera por una buena causa. De hecho, el propósito más noble queda bastardeado cuando en su nombre se usa intencionadamente el juego sucio. La mentira, la manipulación o eso que una vocera de Trump ha bautizado con jeta de titanio como “Hechos alternativos” ponen en evidencia a quienes, a falta de escrúpulos y argumentos, los utilizan como atajo hacia sus fines. Insisto, por meritorios que estos sean. Y peor, si la sórdida estrategia incluye un ataque de mala fe a una persona, que en el caso que nos ocupa, reúne, además, la condición de representante de la soberanía popular.

Cierto, son mis palabras. No creo, sin embargo, que la opinión que expresan esté muy lejos del mensaje que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lanza a las plataformas antidesahucios en el auto de archivo de la denuncia que presentaron contra Iñigo Urkullu por haber aportado datos sobre el desalojo de una mujer en Gasteiz. Ocurrió, seguro que lo recuerdan, en el debate electoral en EITB. Interpelado por una de sus adversarias, el entonces candidato a la reelección aportó los citados datos, que desmentían la versión —como poco— exagerada que se había hecho circular. “Lo único que está haciendo es constatar una realidad y lo que es más importante, cumplir con su obligación de mandatario público”, anota el TSJPV junto a media docena de consideraciones en las que deja claro que no hay falsedad, revelación de secreto ni intromisión en ninguna intimidad. El daño está hecho. No tanto al lehendakari como a la verdad y a la propia causa justa a la que supuestamente se pretendía servir.