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«Ajustada a Derecho»

En mi última descarga compartía con ustedes el asco infinito y la brutal desazón que me produjo la sentencia del ya para los restos Tribunal de La Manada que reducía a diez meses la condena a un tipo que intentó matar de dos maneras distintas a una mujer en presencia de los hijos de ambos. Hoy, trepando por la escala del dolor y la perplejidad, les hago partícipes de mi espanto por el aguacero de justificaciones de la decisión judicial de marras que me ha caído desde la publicación de la columna. Y no precisamente solo por parte de gañanes de palillo en comisura babosa y copazo de Soberano, que también, sino en su mayoría, por hombres (ahora que me doy cuenta, únicamente hombres) muy cabales y profesionales del Derecho que ejercen en varios ámbitos, desde la universidad a los juzgados en diferentes responsabilidades, incluida la de dictar sentencias.

Algunos de esos educados bofetones por lo que escribí han sido públicos —vayan a mi muro de Facebook— y otros los he recibido en privado. Absolutamente todos tienen en común la misma idea: no hay un solo pero que ponerle a la sentencia y los que nos atrevemos a discrepar somos átomos manipulados de una turbamulta ignorante que solo merece el desprecio de los sumos sacerdotes de la ciencia jurídica. No crean que se conforman con el comodín del “es ajustada a Derecho”. Sostienen sin dudar que es justa. O sea, les parece totalmente de recibo que se vaya casi de rositas alguien que —¡en presencia de sus aterrados hijos!— intentó asfixiar y acuchillar a su pareja. ¡Solo porque no termina de hacerlo! Y aquí sí que no hay más preguntas, señorías. Hoy es 25-N, ¿verdad?

No es terrorismo

Andaban algunos chafarderos indomables echándole los perros a Pablo Iglesias por haber dicho que, aun sin leer el auto judicial, tenía la convicción de que el episodio de Altsasu no es terrorismo, cuando llegó la Audiencia de Navarra a poner orden. Aquí sobran las acusaciones de indocumentación, frivolidad o conchabanza con los malvados. Los componentes de la Sección Primera del tribunal territorial, personas de orden con todos los títulos oficiales en regla, y tras la lectura no solo del auto sino de las notas a pie de página y hasta el último legajo del sumario, entienden que no hay tutía.

“No es posible concluir que en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo”, aseveran en el texto en que se acepta el recurso de los nueve jóvenes investigados —tres de ellos todavía en prisión— por la tristemente célebre agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida hace ya seis meses. Evidentemente, antes de llegar ahí, los magistrados detallan profusamente los fundamentos jurídicos que dan lugar a su dictamen. El resumen es que bajo ninguna circunstancia cabe establecer que estemos ante un delito lo suficientemente grave como para que se juzgue en un tribunal especial. Como consecuencia inmediata, se exhorta al juzgado de Iruña a reclamar a la Audiencia Nacional, vía conflicto de competencias en el Supremo si es necesario, la devolución de la causa para seguir adelante con el proceso.

Aún restan capítulos a esta pesadilla literalmente kafkiana, pero por lo menos, ha quedado claro que defender que no es terrorismo no implica ser cómplice ni connivente.