Como el lenguaje jurídico ha de ser mesurado, la sentencia del juzgado de lo social número 10 de Bilbao que declara nulo el despido de Jasone Aretxabaleta del ente público SPRI dice que la rescisión unilateral del contrato atenta contra la libertad ideológica y vulnera un derecho fundamental recogido en la Constitución. Eso es lo suficientemente claro, pero se puede traducir de una forma más llana si cabe: fue una purga política de tomo y lomo. Anótensela en la faltriquera de Bernabé Unda, el semiclandestino consejero de Industria del Gobierno López, actuando según el catecismo del cambio, que señala que Nueva Ajuria Enea no paga traidores. Para conversos y arrepentidos, sin embargo, hay tarifa doble y hasta una escudilla para comer junto al jefe de la porra.
Invito a los lectores a repasar los ilustrativos detalles sobre el fallo que traían los periódicos ayer. Les vale lo que publicó este, pero si albergan algún recelo, pueden acudir al de la acera de enfrente, que contó más o menos lo mismo con el consabido excipiente. El modus operandi fue de manual. Tras haber cesado como cargo intermedio del Gobierno anterior -ahí estaba su delito-, Aretxabaleta regresó como currita a la plaza que tenía en la SPRI. Poco tardó en recibir una carta donde se le informaba del descontento de sus superiores con su trabajo. Un mes y unos cuantos encontronazos después, se le comunicaba el despido, acompañado del cebo de rigor, a saber, la indemnización legal máxima.
Con más de uno y por aquello del pájaro en mano y los ciento volando, ese arreglo coló. Con Jasone, no. Fue a los tribunales a reclamar lo que entendía que era suyo, y ahora le han dado la razón en primera instancia, subrayando en fosforito que se trataba de una represalia. Queda el partido de vuelta en el Superior de Justicia del País Vasco. De momento, hay una sentencia que dice negro sobre blanco que el Gobierno López ha practicado una purga.