Hace treinta años y un día, 57 jóvenes se presentaron voluntariamente ante los gobiernos militares de todo el estado español para declararse insumisos al servicio militar obligatorio. Poca broma con el todavía por entonces desbravadero de mozos patrios que seguía atendiendo al castizo nombre de la mili. Incluso con un gobierno autotitulado de izquierdas, el encabezado por Mister Equis González, el de “OTAN, de entrada no y de salida, menos”, tal osadía se pagaba muy cara. No era solo el puñado de años en una cárcel infecta, sino la muerte civil. Aquellos chavales, muchos de ellos con brillantísimos expedientes académicos y prometedoras expectativas de futuro, se enfrentaban a la inhabilitación para aspirar a una plaza en la administración pública. Y tampoco se lo iban a poner nada fácil en la empresa privada.
Desde luego, les habría salido más a cuenta perder 13 o 18 meses desfilando en Ferrol, Cartagena o Melilla. O haber regalado esa cantidad de tiempo a la versión descafeinada del secuestro, la llamada Prestación Social Sustitutoria, de la que fueron cómplices tantas y tantas organizaciones que hoy seguimos teniendo por justas y benéficas. Sin embargo, esos 57 y muchos cientos que llegaron detrás —hasta 12.000— optaron por el camino más difícil, el que después de un rosario de juicios les llevaba casi con total seguridad a la trena y a la condición indefinida de apestados laborales. Ya quisiera el más gallo de los legionarios descamisados tener la mitad de valentía de estos tipos que, utilizándose a sí mismos como munición, acabaron ganando la batalla de la dignidad. Un millón de gracias por haberlo hecho.