Pablo Gorostiaga no ha podido despedirse de Judith, su compañera, que falleció durante la noche del pasado lunes. Se lo ha impedido la (despiadada) razón de estado torpemente travestida en burocracia. Hacía cuatro días que el exalcalde de Laudio, que fue uno de los condenados del macrosumario 18/98, había recibido en su celda de Herrera de la Mancha un permiso para lo que se sabía que inevitablemente sería la última visita. Pero el traslado se demoró. Se puede fletar un helicóptero para llevar puerta a puerta a alguien esposado a la Audiencia Nacional y, sin embargo, se hace un mundo encontrar un furgón de tres al cuarto para que un preso llegue a tiempo de decirle adiós para siempre a la persona con la que compartió su vida. Ya, claro… No hablamos de un recluso cualquiera, sino de uno de los que recibe una sentencia con propina: lo legalmente dispuesto más la cuota variable de venganza que toque en cada momento. Sin sanción social o, si cabe, con aplauso del respetable. ¿Quién va a protestar, aparte de los de siempre, por haber violentado las ordenanzas y disposiciones vigentes en perjuicio de un malísimo oficial? Un paso más allá, ¿quién se va a enterar siquiera de lo ocurrido? Estas noticias solo tienen difusión en un círculo muy concreto. De hecho, actúan como mensaje para que ese entorno tenga claro lo que está dispuesto a moverse el Gobierno, o sea, nada.
Tienen toda la razón quienes, a la vista de esta arbitrariedad de manual, denuncian la utilización perversa de la política penitenciaria que practican las autoridades españolas. Es rigurosamente cierto que se pone de manifiesto el afán de revancha. Pero no debería quedarse todo en indignación y rabia. Compartiendo y comprendiendo el sufrimiento de Pablo Gorostiaga quizá se pueda llegar a entender lo que sintieron tantísimas personas que tampoco tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. ¿Tan difícil es?