
Durante una reciente visita a Valencia – atraído por la causa final de la magnífica exposición Jorge Oteiza- Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60, comisariada por Javier González de Durana para la Fundación Bancaja- paseando una soleada tarde por la plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia, me topé con una concentración anti-vacunas.
En un panfleto que se estaba repartiendo pude leer que la concentración estaba convocada por colectivos bastante variopintos como Policías por la Verdad o un tal Partido del Pueblo, y comprobé que entre la turbamulta se alzaban y agitaban de vez en cuando varias banderas españolas con el aguilucho preconstitucional así como una gran enseña carlista.
Además, enseguida me di cuenta de que en torno al grupo más vociferante, entre cuyos miembros algunos parecían reprimir el saludo a la romana, había un a modo de corona circular silente constituida por varones barbados canosos y mujeres canosas de faldas floreadas, de la tipología que una buena amiga de gran perspicacia sociológica suele denominar «jipijos» y «jipijas».
Y sin profundizar más, que bien se pudiera, en esta curiosa combinación «anti ( ¿Sistema?)», y aunque la causa primera de todo el decurso COVID-19 será revelada oportunamente en el futuro y acaso en clave John le Carré ( como en su momento ocurrió con el VIH), lo cierto es que la causa formal se está manifestando como un confuso y a veces delirante conflicto político sensu stricto entre los tres poderes propuestos por el camarada Montesquieu, y los poderes , subpoderes, contrapoderes y copoderes que nos informan.
Otro sí, mientras la ciudadanía cumple mayoritariamente con lo que considera el deber cívico de vacunarse y hasta acepta estupefacta los cambios algorítmicos de protoloco epidémico disciplinadamente , asumiendo incluso , y quizá con delirio, el copago disfrazado ( en el País Vasco se han gastado 4.300.000 de euros en la compra de 867.856 test privados de antígenos durante las pasadas navidades), una minoría se resiste numantinamente al pinchazo y a la mascarilla haciendo gala de su libertad individual.
Y para más inri , esa minoría anti-vacunas acaba siendo incluida, cómo no, en el conjunto de grupos «vulnerables» señalados por la expertise, tal y como los mayores de setenta años, las mujeres embarazadas o quienes padecen una enfermedad crónica grave, en nutriendo generosamente hospitalizaciones y camas de las UCIs del denostado Sistema.
Unas prestaciones sanitarias que esta facción de illuminati coherentemente debería rechazar… O aceptar, aceptando también ese impuesto especial que ya se estudia implantar en Quebec…
N. B. Me había propuesto no hablar más del COVID-19 y sus circunstancias, pero la «ira brevis» navarra ha podido con mi «reserva mental» jesuítica.








