Multado por no multar

Mingote ha muerto. Pero el chiste nacional continua. Por si fuera poco que en plena crisis los pobres ciudadanos debamos socorrer con nuestros impuestos a los bancos, resulta que a un Guardia Civil adscrito a Tráfico en Huelva se le ha rebajado el sueldo en 200 euros por no poner suficientes multas. ¡Vamos! Que se le ha multado por no multar.

De la noticia se desprende al menos dos conclusiones a falta de un desmentido: de una parte que parece haber establecido un cupo de multas a cubrir por cada agente con el que nos cruzamos por la calle o la carretera y de otra, que vivimos en un Estado de Deshecho más que de Derecho, por cuanto se supone que la Ley es anterior al delito y el castigo de su infracción posterior al mismo, aunque evidentemente la necesaria coacción que acompaña a toda Ley para reforzar su cumplimiento en defecto o ausencia de amor y respeto a la misma por la ciudadanía, sea anunciada con antelación como no puede ser de otra manera para su eficacia. Empero, es todo un despropósito cuantificar a priori el grado de incumplimiento de la misma que va a acontecer, por muy refinada que esté la ciencia de la estadística.

No sé de donde partirá orden semejante, si desde el Ministerio de Economía para cuadrar el balance y generar confianza en el FMI o directamente desde Hacienda para ensayar nuevos métodos con sus recaudadores, pero de ser cierto que existe tal mandato, es evidente que el entero Sistema se rige por la idea judeocristiana del Pecado Original que traducida al Código de Circulación vendría a decir que “Todo conductor, peatón o cualquier otra cosa que circule, por el mero hecho de existir para la DGT, es infractor.” Más o menos lo que venía a mantener la SGAE y su cómplice el Gobierno con la imposición del Canon Digital respecto a la adquisición de Cds, Mp3 etc.

De seguir por este camino cuyos vericuetos ni el más anhelado juicio sintético a priori kantiano hubiera podido prever, en breve nos enteraremos que los jueces tienen dictado un cupo de sentencias condenatorias, los médicos han acordado un mínimo de pacientes hospitalizados, los docentes poseen una cuota de suspensos a cubrir, los bomberos para ganarse el sueldo descubriremos que han de apagar cierta cantidad de incendios…porque de lo contrario se verán sancionados.

La pregunta que yo me hago, ahora que sabemos que un Guardia Civil ha sido multado por no multar, es la siguiente ¿Y el resto? Se sobre entiende que si sólo un agente ha sido pillado in fraganti perdonando por su cuenta y riesgo la presupuesta naturaleza infractora de sus vecinos, es que los demás si alcanzan dicha marca. Y ello me sugiere entonces otra pregunta ¿Cómo lo consiguen? Supongo que como cualquiera de nosotros a principio de mes estarán relajados disfrutando de la paga recién recibida; luego empezarán a hacer buenos propósitos para ponerse al día en lo concerniente a poner multas, más o menos hacia mediados de mes; ya entrados en la última semana como que se conciencian que han de hacerlo; pero no será hasta el final, incluidos los días 32 y 33 del calendario imaginario, que como los buenos estudiantes se muestren ágiles a la hora de encontrar pretextos a su alrededor para cubrir el expediente.

Entonces, si mi anterior suposición fuera cierta, así como todos circulamos a más de 120 km/h frenando justo antes de un radar, podemos ir tranquilos sin miedo a multas a comienzos de mes, con algo de prudencia a mediados y sólo a partir del 26 o 27 – con cuidado de que no sea Febrero – respetando escrupulosamente todas las normas de circulación. Eso, u ofrecer “ahorita mismo” la correspondiente mordida al gachupino güevon de turno, práctica para cuya erradicación sucede que está pensada la multa por no multar, aunque no se quiera reconocer desde el Gobierno por el desprestigio que general que supone.

¡Que se les ejecute!

Cuando un grupo de personas se confabula para cometer un crimen o delito, suelen las más de las veces actuar ¡todos a una! como Fuenteovejuna o el apuñalamiento de Cesar mismamente, en principio, al objeto comprensible de que su directa implicación material en los hecho garantice el eterno silencio de sus integrantes, mas también, para preservar algo tan etéreo como la paz espiritual a una Conciencia ambivalente que con el paso del tiempo puede ser el peor de los verdugos, de suerte, que pueda operar la conocida sentencia que aflora entre el vulgo en estos casos cuando se comenta que “nadie fue y entre todos la mataron”.
La estratagema es de tal eficacia que se emplea incluso para ejecutar por orden judicial legal a los condenados a muerte en EEUU cuando, por ejemplo, en un pelotón de fusilamiento compuesto, por digamos cinco tiradores, está estipulado que al menos uno de ellos, pese a haberse ofrecido voluntarios para la ocasión, dispare una bala de fogueo. Por eso mismo, la técnica de diluir la responsabilidad con la finalidad de diluir igualmente las culpas y aún los remordimientos, igualmente ha llegado ¡cómo no! al Gobierno del Estado, la dirección de las Grandes Empresas y sobre todo a las Asambleas de Accionistas de la Banca, entidades potencialmente criminales que han sabido en el ejercicio continuado de su perversidad refinar aún más si cabe, los mecanismos de inhibición mentales de la comunidad afectada, por medio de la denominada cadena de mando donde cada eslabón no hace otra cosa que su trabajo, sibilino engranaje comportamental en el que encajan a la perfección excusas tales como “yo hago lo que me mandan” “No puedo hacer otra cosas” “Si no lo hago yo, lo hará otro” “Yo sólo obedezco órdenes” “A mi no me digas, díselo al que manda”, “Yo sólo soy un empleado”…fórmulas socorridas para cuantos desean hacer frente al acusador dardo certero de saberse instrumento necesario para hacer el Mal y aún así, no se frenan porque les conviene aunque sea poco, conducta todavía más abyecta propia de gente miserable por cuanto por mínima ganancia, venden su alma al mismísimo Diablo.
Claro que, si subimos por tan mezquina jerarquía de criminales, al final deberíamos dar con el responsable en origen; Es decir, quienes dan las órdenes y dirigen el cotarro. Este fue el Principio regente en los Juicios de Núremberg. Y sin embargo, además de actuar en grupo, los ejecutivos – curioso nombre – sean políticos o empresariales, como los jerarcas nazis, no se quedan cortos en hallar toda clase de subterfugios explicativos-justificativos a priori, posteriori y fortiori que se los endosan a realidades suprapersonales como las circunstancias, la voluntad popular, el bien común, el deber, la necesidad de espacio vital, o como ahora está de moda, a la crisis económica que por lo visto sirve para poner de patitas en la calle a familias enteras, dejar sin empleo y sueldo a una madre con tres hijos pequeños, morir de hambre a una viuda anciana en su casa sin asistencia…y tantas y tantas cosas que me hierve la sangre hasta exclamar parafraseando a Arquímedes ¡Dadme un arma y escogeré una nuca! Porque está visto que el Evangélico “¡Dios mátalos! ¡Cristo óyenos!” actúa demasiado lento para los tiempos que corren.
Pese a que mis avanzadas ideas al respecto fueran rechazadas en la Asamblea abierta del 15-M que tuviera lugar en el Retiro Madrileño hace casi ya un año cuando me hicieran abrumadoramente la famosa “equis” con los brazos y me retiraran el micrófono con prisas por proponer la instauración de la Pena de Muerte para delitos económicos y de corrupción que afecten al caudal público por cantidades superiores a los cien millones de euros…he seguido sopesando el asunto de eliminar por vías pacíficas y democráticas a los sujetos y entidades nocivos para la supervivencia de la comunidad, cuya línea de reflexión me ha hecho progresar hasta el estadio que hoy tengo a bien participarles en primicia, cuál es, el de proponer la ejecución pública de cuantos a diario firman sentencias de muerte civil no dudando en ordenar que se ejecuten por vía sumarísima, a saber: en primer lugar todos los directivos y grandes accionistas de bancos y cuantos trabajen para ellos; todos los miembros del Gobierno Central y Autonómicos, las directivas de los Partidos que les apoyen y cuantos funcionarios colaboren con ellos; Todos los Jueces y Fiscales – y de paso algún que otro abogado – que se empeñan con celo en hacer cumplir leyes injustas a sabiendas de que lo son y quienes trabajan en los juzgados a sus órdenes sin que les vaya en ello algo personal; Los altos ejecutivos de Empresas Multinacionales, de la Industria del Automóvil, del Petróleo, Armamento, etc, ¿bajo qué acusación? Se preguntarán ustedes. ¡Muy sencilla! La de Alta Traición a la Patria, maquinación perversa para hacerse con los recursos comunitarios, despojar a la población de sus derechos y libertades civiles y finalmente de conspiración para sabotear la pacífica convivencia y destruir la Sociedad.
Y ahora vénganme los moralistas domingueros a advertirme eso de que, de llevarse a cabo esta limpieza orgánica, seguramente pagarán justos por pecadores que conmigo, por no ser Dios, no les hará falta regatear como hiciera Lot para Salvar Sodoma y Gomorra y les anticipo que de encontrar entre todos ellos ¡al menos! diez justos que renuncien a hacer el Mal si ello les perjudicase en su puesto, yo dispuesto estaría a retirar mi propuesta que va ganando simpatizantes por momentos soterradamente, pues nunca antes en la historia como ahora, resultó más barato y mejor, ser lacayo que Señor.

Que se preparen los clubes de fútbol

El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su pasada intervención en el Congreso, adelantó en lineas generales el futuro que nos espera a partir del próximo Junio en la España de Rajoy, donde literalmente, como dice el chiste, ¡no nos podremos quejar! por muy calentito que se prometa el veranito, de salir adelante el otro recorte que está en ciernes, cuál es, el de las libertades civiles. Porque, si como promulgan los paladines de la democracia no puede haber libertad económica sin libertad política, también así sucede a la inversa, que no debe haber recortes sólo en economía si no son acompañados de recortes en los derechos individuales y colectivos.

Por medio de un anteproyecto de Ley para reformar – y hasta disciplinar me atrevería yo a decir – el permisivo y ñoño Código Penal vigente, con el propósito de endurecer las penas previstas para actos vandálicos, imputándose delito de pertenencia a organización criminal a quienes convoquen a través de cualquier medio, actos que degeneren en episodios de violencia o alteren el orden público, cosa que comportará una pena mínima de dos años de cárcel, para facilitar a la fiscalía poder solicitar prisión provisional y al juez, decretarla. Con lo cual, se equiparará los actos vandálicos callejeros con la ‘kale borroka’ en el País Vasco y Navarra, meta anhelada por todo el espectro político gobernante desde hace tiempo, para asentar debidamente el Estado de Derecho, entendiendo por Derecho ¡Firmes!

Fernández Díaz que no baciló en aludir hipócritamente a la espiral de violencia protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de guerrilla urbana coordinada previamente, para justificar la necesidad de tan magna aberración jurídica, no contento con pergeñar el modelo totalitario, en su efervescencia llegó a señalar la enorme laguna del actual Código Penal donde no está debidamente tipificada la peligrosísima “Resistencia pasiva” practicada por elementos incontrolados del denominado “Terrorismo no violento”, es decir, la actuación de aquellas personas que desobedecen de forma reiterada y coordinada las órdenes de los agentes de Policía y protagonizan, por ejemplo, una sentada que ponga en riesgo los intereses de la Patria.

A nadie escapa que esta iniciativa persigue – nunca mejor dicho – por un lado ahogar al movimiento pacífico y democrático de los espíritus libres Indignados que vieron la Luz en la Plaza del Sol el año pasado y por otro, ahorrarse la reacción furibunda de una población comprensiblemente enfadada en cuanto se convenza de que todo va a peor y que las promesas del “Predecible” – Rajoy merece el apelativo tanto cuanto Juan Carlos el de “Demócrata” – como era predecible, no se cumplen.

Así, como diría Becquer, “volverán las oscuras golondrinas a sus nidos a anidar, pero aquellas que tú vistes, aquellas no volverán…” porque se han transformado en gaviotas agresivas que creen les ha llegado el momento de hacer vestir de nuevo a las muñequitas de azul con su camisita y su canesú. Pero resulta que esta nueva vuelta de tuerca en el Garrote Popular donde nos encontramos maniatados los ciudadanos, de nada va a servir para sofocar y reprimir la contestación inevitable en las calles de parte de quienes no tienen nada que perder por no poseer empleo, ni sueldo, ni prestaciones sociales, ni subsidio, ni derecho a la sanidad, ni a la educación, ni un techo donde cobijarse por haber sido desahuciado por el banco…y poco les impresionará en consecuencia estar al corriente de estas amenazas judiciales. Sin embargo, tal como se ha planteado la cuestión, ya pueden irse preparando los clubes de fútbol, sus directivas y los diarios deportivos para asumir multas y condenas debidas a los desórdenes públicos que siguen a los partidos, pues parece ser, que de ahora en adelante, las Fuerzas de Seguridad, las Instituciones y el Gobierno sólo están como meros observadores sin ninguna responsabilidad en el desarrollo de los mismos.

Cómo se fabrica una tarta

El pasado 27 de octubre, en Toulouse, opositores al TAV lanzaron tres tartas a la Presidente de Navarra Yolanda Barcina durante una sesión extraordinaria del consejo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Como explicaron los propios activistas, para su sorpresa, los miembros de seguridad se limitaron a separarles pero ni siquiera les sacaron del local. Fueron los propios implicados quienes decidieron salir por su propio pie para dar una rueda de prensa y poder explicar los hechos.
Pero como quiera que para algunas cosas todavía rija aquello de que Europa empieza en los Pirineos, al día siguiente, de regreso a Navarra, a los tres Tartalaris les estaban esperando en sus domicilios agentes de paisano que tras registrarles – supongo por si llevaban merengue camuflado – les detuvieron. Y aunque posteriormente quedaron en libertad, se les comunicó que estaban acusados de un delito de “Atentado a la Autoridad” lo que suponía que serian juzgados por nuestra querida Audiencia Nacional, porque según reza la “Ley Orgánica del Poder Judicial” si una persona de nacionalidad española atenta contra otra de la misma nacionalidad fuera del Estado español, y en ese otro territorio no se abre ningún tipo de investigación, el caso pasa automáticamente a la Audiencia Nacional. Y claro, en Francia que es un Estado de Derecho como la Razón Ilustrada manda, propinar un tartazo está catalogado como falta, que en muchos casos ni siquiera tiene repercusión legal, y en caso de haberla, se solventa con una multa, como sucede en casi toda la Europa democrática, dicho sea de paso.
¡Pero esto es España! Y las cosas en España se hacen de modo distinto. Aquí las Autoridad es tan canalla y criminal que tiene miedo constante a ser sorprendida por el Pueblo del que diariamente se mofa, al que recurrentemente traiciona y al que oprime, reprime y exprime mediante impuestos, perenne vigilancia y latrocinio masivo. En consecuencia, se ha cuidado muy mucho de blindarse jurídicamente como corresponde, de la lógica reacción de la gentes en relación directamente proporcional al daño que nos infringen. Y ¡Sabe Dios! Que las personas de bien, pacíficas y moderadas como yo, participamos de este Principio del Derecho que vela y protege el ejercicio del Cargo Público para que pueda desempeñar su función con libertad sin peligro para su persona física ni sus intereses, entendiendo entonces que se ha de perseguir y castigar con mayor celo que cuando los mismos hechos acaecen entre iguales civiles. Sin embargo, a todo Derecho va ligada una obligación, que cuanto menos, en la que se trata debería ir acompañada de cierta reciprocidad para no convertirse en una especie de “Ley del embudo” siendo lo suyo que cuando la Autoridad atentase contra el Pueblo o los indefensos ciudadanos, también se ejecutara tan aguda medida, si cabe, con mayor dureza. Mas, visto que lamentablemente no sucede así, parece más justo dejar de aplicar la Ley Parcial, que aplicarla sólo cuando la agresión va de abajo a arriba e impune cuando sucede a la inversa, para que se cumpla lo establecido hace más de 4.000 años por Hermes Trismegisto.
Por otra parte, si por unos dulces tartazos se puede solicitar sin sonrojo judicial penas de cárcel de hasta diez años como se acaba de hacer, el mensaje que se le transmite pedagógicamente a la población es “te sale igual de caro darles un tartazo que un tortazo” y quien dice tortazo, dice puñetazo, mazazo o zambombazo. En este orden de cosas, la Presidente de Navarra debería dar gracias de que estos buenos ciudadanos no la desearan a ella lo que ella sí parece desearles a ellos, porque de igual modo le agasajaron con tartas, por el mismo precio o incluso menos de lo que solicita la Fiscalía, le podían haber arrojado ácido como sucede por otros lares. Si estos vanguardistas morales de la ciudadanía merecen algo, es un sincero agradecimiento de parte del Gobierno de Navarra por poner al descubierto un gran fallo en su seguridad. Hasta me atrevería a proponer que de ahora en adelante se creara una Brigada especial de Tartalaris cuya misión consistiría en intentar estampar tartas a cuantos dirigentes y gobernantes pillaran por sorpresa en toda la geografía española para poner a prueba los dispositivos de seguridad de los que tanto se habla en los Tontodiarios, como en su día, varios prestigiosos rotativos se tomaron la molestia en burlar las medidas antiterroristas de los aeropuertos para poner en evidencia su ridiculez y falsa eficacia.
Para terminar, he observado que algunos medios tratan esta y otras noticias relacionadas con los territorios díscolos con algo de morriña de aquella ETA que tanto juego daba para llenar portadas y a cuyo rebufo muchos se han labrado carreras de articulistos, de modo que un día de estos a alguno se le escape comentar que en las pastelerías de Navarra y el País Vasco se enseña a los jóvenes a fabricar tartas, como en su día se escribiera que en las Ikastolas se enseñaba euskera a los niños desde muy pequeños. Dato que por más que se empeñen algunos en negar, era verdad.

Plena inmunidad para los políticos

http://www.youtube.com/watch?v=ukMQDh8nxkI

Dado que los Partidos Políticos operan en la práctica como auténticas organizaciones para la comisión del crimen y el delito en funciones de captación, formación, amparo, complicidad, etc, no podemos consentir por más tiempo que sean juzgados y condenados los menos hábiles de entre sus miembros, menos aún cuando estos son auténticos demócratas de condición representativa como es el caso del que fuera Presidente de la Comunidad Autónoma Balear, Jaime Matas, quien recientemente ha recibido una sentencia ejemplarizante de seis años de prisión, cosa que me parece un entero despropósito porque, así como no se puede dejar de pagar primas millonarias a los altos ejecutivas de los bancos que nos han llevado a la ruina mientras se han beneficiado en jugosos dividendos todos nuestros ahorros, nuestras jubilaciones, nuestros impuestos en ayudas y subvenciones, por miedo a que abandonen el barco ahora que se hunde para ponerse a sueldo de un mejor postor, así viene a suceder, pero a la inversa, en el caso de los juicios a los representantes políticos pillados en corrupción durante el ejercicio de su cargo, que no deberían ser sometidos a juicio en ningún caso y si lo fueran jamás de los jamases habrían de ser declarados culpables, y de serlo, más pronto que tarde, lo suyo sería concederles un indulto total desde el Gobierno, para evitar que en el futuro próximo a los puestos de mando del país, lleguen gentes sin ambición por temor a ser procesados algún día.
Lo que está aconteciendo últimamente con tanto juicio y condena por corrupción, me tiene bastante preocupado. De seguir esto así, en este país, nadie va a estar interesado en meterse en política; ¡Hay formas menos arriesgadas de robar! Como por ejemplo en finanzas, aunque para ello son necesarios estudios superiores que no están al alcance de cualquiera sea de su bolsillo o de su capacidad mental. Si a ello le unimos el hecho de que, a ningún mangante a estas alturas le pasa desapercibido que en las Arcas Públicas circula el aire que da gusto, es fácil adivinar que la carrera política va a tener menos interés que las Paraolimpiadas y a ella sólo concurrirán idealistas, moralistas y resto de buenas personas, cargadas de buenas intenciones, pero nadie capaz de resolver los problemas con los que se han de enfrentar los políticos profesionales, cuyo primer propósito consiste en mantener el orden y la paz social mientras se trabaja en el reparto y distribución a partes desiguales de la riqueza entre la población, por medio de la fuerza y la coacción. Y que quieren que les diga…la gentuza que actualmente hay en los Partidos, hemos de reconocer que esto lo sabe hacer muy bien.
Pero si los criminales que hasta ahora han visto factible dedicarse a la política en democracia para organizar de modo sistemático, planificado y legal el saqueo del pueblo, empiezan a sospechar que de su acción de Gobierno se pueden seguir tantos perjuicios particulares como los que ha de padecer un ratero de barrio en la periferia de la ciudad, entonces se abstendrá de andarse con debates y leyes y derivará toda su ciencia criminal a otro sector que le comporte menor margen de peligro, como pudiera ser la industria de la alimentación, que es lo que ha sucedido en los Estados Unidos con tanta vigilancia como hay de las cuentas públicas.
Por todo ello, comprendo y aplaudo la Alianza establecida en este sentido entre la Banda Socialista y la Banda Popular para firmar a toda velocidad indultos para todo el hampa, como los recientemente concedidos a dos miembros de CiU, a modo de ensayo general de la que se avecina. Porque si un político ha de ir a la cárcel para que se le indulte, entonces en breve será necesario excarcelar a etarras para dar cabida a sus Señorías. Y evidentemente eso no puede ser.
Con todo, creo que el Legislador, que en España es tanto como decir el Ejecutivo y el Juez de la situación, no se aplica lo suficiente en el caso que nos ocupa. A mi modo de ver las cosas, la capacidad criminal de sus Señorías debe ir acorde al grado de inmunidad que del ejercicio de nuestra representación se desprende y en consecuencia, lo correcto sería, que viendo la persona aumentada por su cargo la capacidad de su poder para la comisión de delitos continuados, no me parece digno de un Congresista, Senador o Alcalde, que pueda sometérsele, con o sin motivo, a la vergüenza de ser llevado ante tribunal alguno, todavía menos ser condenado en firme, no digamos ingresar en prisión viéndose en la necesidad de pedir un indulto. Todos nuestros políticos, deberían contar con la misma inmunidad que goza Don Juan Carlos, quien por cierto, de cometer delitos, no los haría nunca en representación nuestra, sino del Estado, de ahí que los aprendices en el oficio de la representación, aplaudan tanto a su Maestro.