Etiqueta: Derecho

Contra la Usura Legal

Umberto, un infatigable pagador de impuestos, trabajador nato, buen ciudadano respetuoso de la ley y la autoridad, seguramente votonto habitual en las elecciones, vecino del barrio madrileño de Tetuán, ha sido desahuciado con la colaboración de la Policía Nacional este pasado lunes de su primera vivienda tras ponerse los Tribunales de parte de su acreedor Antonio Arroyo Arroyo cuyo nombre habrá de ser recordado por la sociedad para que cobre a su debido tiempo igualmente por vía judicial, quien en calidad de prestamista le concedió un crédito de 4.000 euros en 2011, deuda inicial que por lo que se ve se transformaría en 32.000 euros al cabo de seis meses según Antonio Arroyo por los intereses vencidos, cantidad que evidentemente Umberto ha sido incapaz de afrontar, lo cual le ha supuesto en pleno siglo XXI en un estado miembro de la Unión Europea y con sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la pérdida legal de su propiedad y ser echado a la calle junto a su mujer y tres niños pequeños en pleno invierno.

Umbertos, lamentablemente hay muchos entre la pobre gente, personas normales, confiadas en que el Estado de Derecho vela por su seguridad contra los ladrones que acechan en las calles que se mantiene vigilante para evitar intoxicaciones alimentarias por parte de la industria del ramo, alerta también ante cualquier manipulación del mercado por parte de las grandes empresas para alterar al alza los precios, comprensible ingenua relajación de su responsabilidad civil de cuantos, además de tener que trabajar todo el día para poder llevar un jornal a casa, son padres que han de educar a sus hijos e hijos que han de cuidar de sus padres mayores, pues bastante contribuyen al Estado de Bienestar, haciendo su trabajo lo mejor que saben, criando como buenamente pueden a los futuros ciudadanos que habrán de pagar nuestras pensiones, como para exigirles lo que se supone es la tarea que tiene encomendada esa gentuza ejecutiva llamada Gobierno, esa calaña legislativa conocida como parlamentarios, esa chusma judicial integrada por abogados, jueces y fiscales y ese aparato represor en el que se integran el Ejército, la Policía y el entero sistema penitenciario, de modo que, en su literal idiotez etimológica, cuando se ven en la necesidad, que no capricho, de adquirir un producto financiero, dígase unas Preferentes, Acciones de Robankia, Bonos del Estado o como es el caso, un microcrédito, lo que menos se puede imaginar un trabajador honrado, ciudadano de un país desarrollado, es que la ley permita que, por no estar en disposición de pagar tan pequeña cantidad, ello suponga la pérdida de su vivienda por ley, la misma que respeta y a manos de la policía, la misma que paga diariamente con sus impuestos. Pero ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? No se molesten en responder, son preguntas retóricas: Esto es usura y vivimos en un país basura.

Algunos imbéciles en su sentido estricto psiquiátrico, creen que, si hay de por medio un acuerdo firmado, por muy aberrantes que sean las condiciones, este debe ser respetado moralmente y aún defendido por el marco jurídico imperante. Ahora bien, sucede que desde el código de Hammurabi, para que un contrato sea conforme a Derecho, este debe ser contraído por las partes en situación de libertad. Y explíqueseme a mi, en qué grado de libertad se puede hallar alguien que firma cosa semejante; la misma de la que participan los ancianos rodeados de abogados, en su lecho de muerte solos en las residencias cuando entregan cuanto tienen a los apoderados del banco; ¿Qué será lo siguiente? ¿Un contrato presentado a firmar por el cirujano a la entrada del quirófano antes de operarnos a vida o muerte para que le entreguemos las llaves del coche o de lo contrario no interviene? Precisamente, esta es la cuestión sobre la que la autoridad debe poner todo su celo, que los contratos hechos entre las partes sean libres y no sometidos a la coacción de las circunstancias ni suscritos por personas con sus facultades disminuidas, mermadas o alteradas por una necesidad extrema de la que individuos sin escrúpulos pretenden aprovecharse.
Antonios Arroyo, hay muy pocos. Pero muy malvados y sobre todo, muy poderosos, por contar con el apoyo decidido y nada disimulado del Gobernante criminal de turno que sitúa los inhumanos dividendos de las farmacéuticas por encima de la vida de los pacientes, los ingresos de las Grandes Multinacionales por delante de las Pymes, autónomos y pequeño comercio y como hemos podido comprobar a diario durante la Globalstaf, entiéndase crisis, los intereses de la Banca por encima y por delante de los intereses de la población, siendo lo suyo un botón de muestra de lo envilecido que está el sistema.
No sé cómo ni cuando se ha llegado a contemplar por parte de políticos, jueces y policías como legal y ajustado a Derecho que un trabajador honrado, padre de tres hijos pequeños pueda ser desahuciado y ejecutado de su primera vivienda por una deuda de 4.000 euros. Lo que sí tengo muy claro es que en breve les vamos a tomar declaración a todos desde el primero, el Jefe del Estado, hasta el último agente, para que expliquen si les es posible hacerlo, su cruel actuación en estos crímenes cometidos contra la población civil indefensa, a fin de que paguen por su responsabilidad o en su defecto, como le sucederá en el Juicio Final de nuestro Dios Padre a Antonio Arroyo, ser desahuciados y ejecutados en la plaza pública.

PP(r) Partido Popular Revisable

El camarada Arenas nada tiene que temer por esa r entre paréntesis añadida al PP; su Marca Registrada de Revolucionario todavía está a salvo por estos lares cuando más la necesitamos. Como tampoco nada tienen que temer los fanáticos que en nombre del dios hermano en la Fe, Alá, están dispuestos no sólo a arrebatarnos la vida en un atentado despiadado indigno de las enseñanzas samuelistas del Señor de la Montaña, sino también a entregarla en sacrificio para ganarse el Paraíso, de ese eufemismo que han dado en llamar “Prisión Permanente Revisable” para eludir los problemas constitucionales derivados de los artículos 10, 15 y 25 como ha señalado El Consejo General de la Abogacía Española donde no se contempla la figura de la “Cadena perpetua” por aquello de que nuestras cárceles tienen la función de reeducar a quienes entran en ellas, como si los de afuera nos sobraran los modales.

El caso es que, si este endurecimiento formal de las penas, parece del todo inadecuado para afrontar el salvajismo camicace e indiscriminado del terrorismo yihadista, uno podría sospechar que nuevamente nos hallamos frente a un arrebato gubernamental que legisla a golpe de actualidad para sosegar los ánimos y transmitir sensación de que todo está controlado. Y por una vez, resulta que es verdad, mas no en el sentido ingenuo de la expresión:

Si ustedes se paran a pensar fríamente la cuestión, de un tiempo a esta parte, los Gobiernos criminales esperan como agua de Mayo un atentado en su territorio que afecte psicológicamente lo suficiente a la población para endosar contra el régimen de libertades civiles esos paquetes de leyes precocinados que todavía la crisis económica no había logrado hacer pasar por adecuados a la ciudadanía en una especie de Pedagogía Negra consistente en hacernos creer que el recorte de libertades, el endurecimiento de las leyes, así como el aumento del presupuesto para la maquinaria represora del Estado, entiéndase nuevos centros penitenciarios, equipación antidisturbios, cámaras de videovigilancia callejera…, obedece a la necesidad de procurarnos seguridad, es decir, por nuestro propio bien.

Esta escalada en la tensión social, a ojos de los más simplones puede apreciarse como un soberbio acto de afirmación del estado de Derecho, de la autoridad gubernamental y por extensión, del Partido que ostenta el Poder y de quienes les apoyan. En cambio, cualquier analista contempla la escena como lo que es, un claro signo de debilidad, motivado no tanto por la presencia de una amenaza externa –que la hay – cuanto por la galopante respuesta interior a sus despropósitos. A estas alturas parece próxima la disolución de formaciones que han demostrado ser comparsas de la farsa como IU, y que poco tiempo más durará la impostura de un PSOE cuyo destino no es otro que el que en su día siguiera el PSI de Bertino Craxi y compañía. Pero como quiera que en esta España mía, en esta España nuestra, la izquierda mencionada ha permitido que la derecha no sea manca, sucederá que sin su presencia cómplice, el final del PP como partido también asoma a la vuelta de la esquina en el 2016, pues como en una disposición domino, caída una de las fichas, tarde o temprano caerán todas las demás que han ido juntitas de la mano en la traición cometida contra el Pueblo y la Patria.

Sea entonces, que la Prisión Permanente Revisable, adopta la forma de un Lucy in the Sky with Diamonds, un mensaje encriptado a manejar entre las élites del partido para apercibirlas de los cambios drásticos que se avecinan en la política española con idea de que les dé tiempo de posicionarse en la futura situación. Así el PP(r) estaría trabajando ya en una nueva organización política capaz de reemplazar a la actual en cuanto esta se venga abajo de la noche a la mañana, formación que seguramente usará una metáfora que deje en el olvido siglas o ideologías anteriores y al que puedan sumarse las gentes ignorantes que se fían más de las palabras que de los hechos.

Por un Tribunal del Pueblo

Denominándose “Ministerio de Justicia” en vez de como le corresponde “Ministerio de Legalidad” el organismo oficial del que depende su quehacer habitual impostor en su propósito declarado, absurdo en la disposición de sus medios e ineficaz en su resolución a la vista de los resultados obtenidos, el descomunal cuan lentitudinario ejército de abogados, jueces, fiscales, procuradores, notarios y secretarios judiciales que han vivido durante décadas del ejercicio disimulado de su profesión trayendo y llevando papeles, tiene una deuda de lealtad para con la población a la que como gremio han faltado, por no haberse negado a trabajar para un sistema deliberadamente aberrante, que llena las cárceles de pobre gente mientras protege a los grandes delincuentes del país, débito profesional que todavía están a tiempo de amortizar si se aprestan, aunque sea en esta fase de derrumbe del sistema, a conformar Tribunales del Pueblo dispuestos a juzgar y condenar como es debido por medio de publicidad de sus personas, expropiación de sus bienes y auténtica privación de libertad, a cuantos sinvergüenzas habiendo de modo reiterado cometido delitos probados en la realidad de los hechos contra el Estado, la Patria y la Sociedad Civil hayan empero escapado a su merecido castigo durante la Partitocracia que los ha protegido por motivos formales o procesales, permitiéndoles eludir el banquillo, archivar su causa, declarar nulo el procedimiento, prescribir el delito y demás triquiñuelas jurisprudenciales, contempladas en una legislación ideada para controlar a la gente en su vida diaria, mas dejar las manos libres a los criminales de traje y corbata.

Ciertamente, sabemos de su malestar y de sus quejas a través de asociaciones como “Jueces para la Democracia” o incluso pronunciamientos de los máximos responsables del CGPJ. Ellos mejor que nadie conocen de primera mano los desmanes cometidos en los juicios y los vicios del sistema empezando por su falta de independencia e imparcialidad. Pero resulta también y no es dato menor, que ellos son colaboradores necesarios de tan magno despropósito y no parece, en este caso, razón suficiente a esgrimir como justificación de su comportamiento, la obediencia debida a la Ley, no al menos en estas circunstancias donde todo indica que se trata no ya de una ley injusta, desfasada, inapropiada, equivocada, desproporcionada, mal hecha y a mala fe, sino de la entera Legislación, pues, si bien compartimos que el ciudadano particular debe comportase con criterios socráticos ante las leyes singulares aceptando su acatamiento al margen de su particular opinión sobre la calidad de su justicia o injusticia puntual, no así tratándose como se trata, de la mayoría de expertos en la materia. Me explico: Una cosa es la Legislación y otra las leyes que lo integran. Una cosa es un ciudadano común y otra un experto en Derecho. Es posible que tanto un ciudadano común como un Juez deban acatar la ley indistintamente de cuál sea su opinión, para que funcione el Estado de Derecho. Pero, si ya tengo mis reservas éticas sobre si una persona debe respetar un Régimen Legal cuando particularmente está convencido de su invalidez extrema de conjunto, mantengo que cuando la comunidad de expertos en Derecho coinciden en clamar contra los vicios ocultos de la Legislación que la invalidan de raíz para su sano cometido, entonces, existen motivos evidentes para su desobediencia o incumplimiento en las salas y Palacios de Justicia.

Para apoyar esta última mía observación, extrapolemos la situación a otras áreas de actuación funcionarial dependientes directamente de un Ministerio. Evidentemente, la casta docente poco o nada me ayudaría en mantener mi postura; antes reforzaría la actuación de los “puñeteros mangantes” – entiéndase los letrados que visten puñetas en sus mangas – pues no se quedan cortos que digamos en su impostor disimulo a cambio de percibir mensualmente su salario del erario público. Sin embargo, creo que todos ustedes estarán en condiciones de percibir cierto grado de verdad en lo comentado, si ponemos por caso, que la mayoría de médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos…despotricaran abiertamente entre ellos, ante sus pacientes y en los medios de comunicación sobre algunos medicamentos nocivos para la salud, sobre ciertos tratamientos peligrosos y acerca de varias prácticas incorrectas. ¿Creen ustedes que pese a las directrices oficiales o facultativas, la mayoría de los profesionales sanitarios continuarían administrando los fármacos, aplicando los tratamientos y realizando dichas prácticas? Yo sé que no. Rápidamente, lo primero que harían en conciencia y bajo su responsabilidad sería dejar de recetar los medicamentos que consideran dañinos para sus pacientes, interrumpir los tratamientos demostrados inadecuados para el enfermo, sin esperar las respuestas institucionales que den a sus posteriores denuncias tramitadas. Porque, cuando se trata de la vida de las personas, no vale salirse por la tangente y echar balones fuera.

Pero, es que la vida de las personas, hoy ya no está en manos sólo de los médicos; también lo está en la de los tribunales de modo directo o indirecto cuando dejan en libertad a quienes roban nuestros ahorros o consienten se ejecuten desahucios a familias sin recursos. Y es de esto de lo que se trata: si los expertos en leyes a quienes forma y confía la sociedad civil velar por la justicia y sus derechos, pueden lavarse las manos tras colgar la toga acabado el pleito, cual mecánico hace al quitarse el mono azul en su taller. Lamentablemente, no parece que la legislación se comporte como un motor inmóvil aristotélico cuya promulgación baste, sea para hacer justicia o injusticia.

Si deseamos evitar que a la actual situación de injusticia institucional le siga otra injusticia sumarísima de carácter popular, urge trabajar desde ya en la creación de Tribunales del Pueblo cuya articulación precisa de todos esos funcionarios que entran y salen de los juzgados echando pestes de las tropelías que se cometen amparadas por ley, al objeto de que la ciudadanía, harta de su inoperancia, no se tome la justicia por su mano, porque cuando acontece, suelen pagar de nuevo justos por pecadores.

Contra la Justicia Universal

Apreciando la sutileza en la expresión por mi utilizada “Ministerio de Injusticia”, algunos lectores me discutieron lo apropiado de la fórmula en sus inicios, si bien, conforme avanzan los acontecimientos en dicho área, más de uno ha acabado dándome la razón.

Desde que se estrenó en el cargo, el Ministro criminal Gallardón, no ha hecho otra cosa que disminuir el alcance de la Justicia por distintas vías legales nada legítimas, empezando por, en complicidad con el Ministerio de Represión Interior, dotar a su Gobierno de una Ley Mordaza cuyo objeto no es otro que disuadir a la población de todo conato de protesta, recortando su libertad de movimientos bajo amenaza de multas de cárcel y económicas que ya las querríamos ver aplicadas a corruptos políticos, estafadores bancarios y especuladrones financieros e inmobiliarios.

Un método más sibilino de silenciar a la ciudadanía ha consistido en la promulgación de la denominada Ley de Tasas, a fin de entorpecer los recursos ante los tribunales a las personas que no dispongan de recursos que a fecha de hoy, con lo avanzada que está la crisis-estafa, alcanza a la entera clase media que resignada acepta todo atropello bancario como lo sucedido con las preferentes, inmobiliario como lo acontecido a diario con los desahucios, laboral, político como las promesas electorales incumplidas una a una y social dado que el aumento de impuestos ha ido acompañado de drásticos recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales e infraestructuras.

Aunque en España, los Tribunales nunca han sido independientes, había un cierto espíritu de hipocresía e impostura por parte de los distintos puñeteros implicados en el Tribunal Constitucional, el Supremo, el CGPJ y la Fiscalía del Estado para salvaguardar las formas, cortesía comportamental de la que ha prescindido sin disimulo alguno el Ministro criminal Gallardón, por cuanto le urge poner santo remedio a causas judiciales en marcha que para sorpresa de propios y extraños, están haciendo más justicia de la esperada para un sistema corrupto desde la raíz; y si para ello se debe ordenar apartar del proceso y si es preciso de la profesión a un juez incontrolado como Silva del caso Blesa ¡pues se hace! sin importar lo más mínimo lo que piense la ciudadanía o lo que deje de pensar; y si a tal menester se ha de poner a los fiscales de todo el Reino a defender a imputados y acusados de defraudar a Hacienda o desfalcar las arcas públicas, como ha hecho el fiscal Horrach con la Infanta Cristina de Borbón, sin reparos nos ponemos manos a la obra, aunque ello suponga el mayor de los bochornos ante sus colegas europeos.

Así visto, negada en casa la Justicia, no de ahora, sino de siempre, ya que en España no se ha juzgado ningún crimen del Franquismo, ni se ha reparado a sus víctimas, ni se han investigado los raptos de bebés, ni se ha permitido a los familiares de desaparecidos recuperar a sus muertos enterrados en fosas comunes bajo autopistas o bloques de edificios…la última iniciativa del Ministerio de Injusticia de deslegitimar la continua intromisión de nuestra querida Audiencia Nacional en asuntos internos de terceros países como es la tortura durante la dictadura Argentina, los ejecutados en el Tibet a manos del régimen chino, el asesinato a sangre fría por los EEUU del periodista Couso en Irak, que nos enemista innecesariamente con sus gobiernos, hasta podría calificarse paradójicamente de justa la medida adoptada, pues un Estado como España, no está legitimado por todo lo comentado para dar lecciones a nadie sobre Justicia y de cómo debe er aplicarla, si no es que desea se le caiga la cara de vergüenza.

Porque para la Justicia Española, hace tiempo que la vergüenza es un lujo que no se puede permitir quedando sólo por dirimir si es una Justicia sin vergüenza es decir que no tiene vergüenza, si acaso es desvergonzada, o sea, que alguna vez tuvo vergüenza y ha dejado de tenerla, o se ha convertido por completo en sinvergüenza.

Primera aproximación al Aborto

https://www.youtube.com/watch?v=PZ2lThqzq-o

Llevo más de treinta años reflexionando sobre asuntos terriblemente emparentados como son la Pena de Muerte, la Eutanasia, el Suicidio, la Tortura, el Terrorismo, el Tiranicidio, la Eugenesia o el Aborto, siendo este último, el que más quebraderos de cabeza ha comportado, pues mientras en los demás, mal que bien, he alcanzado cierta serenidad de espíritu al conseguir fijar la opinión en un arco asumible de oscilación meditativa, no así con tan embarazosa cuestión, donde desde el inicio me ha sido imposible avanzar ni un miserable paso en ninguna dirección, quedándome como estaba cuando por primera vez en el instituto se requiriera una respuesta de mi parte durante la clase de ética. Dicha circunstancia, resulta todavía más extraña, si tomamos en consideración que en el resto de materias he modificado sustancialmente mi resolución de salida, que en casi todas partía del acostumbrado buenismo pseudocristiano que malada las mentes de los jóvenes y de la entera sociedad, salvo las de las élites extractoras que son educadas en principios muy distintos de justicia, fortaleza, prudencia y templanza de las que hablaremos en otro momento.

Desde entonces, he cursado una carrera de Filosofía, otra de Teología, he realizado infinidad de lecturas sobre genética, bioética, jurisprudencia, he acudido a seminarios donde se trataba a fondo este problema desde distintas perspectivas sociológicas, médicas, antropológicas, etc, y sin embargo, aquella temprana, inexperta, pueril posición inicial no ha variado un ápice en todo este tiempo. O sea: que con catorce años, sin conocimientos técnicos acerca de cuándo se forma el sistema nervioso central, sin tener noticia de que el Derecho Romano del que procede el nuestro, no concedía la categoría de persona al recién nacido hasta pasadas veinticuatro horas del alumbramiento, que la propia Iglesia Católica no bautiza el feto en cuanto la madre comunica su estado de buenaesperanza y demás, ya tenia claro ¡que no lo tenía claro!, siendo entonces como ahora mi impresión que el Aborto ¡Jamás! puede ser un Derecho, menos una obligación, mas tampoco algo a perseguir penalmente, por no ser algo a priori deseable.

Por este motivo, hasta la fecha, no he publicado un solo artículo sobre los distintos Abortos de Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy o Gallardón. Si ahora me atrevo a ello, es con espíritu de servicio a la comunidad, por si con mis reflexiones en voz alta, pudiera contribuir de modo constructivo al debate de actualidad en torno a esta realidad social, siendo la presente mi primera aportación de grado muy humilde, al declarar abiertamente mi incapacidad para exponerles con nitidez el conjunto de lo que pienso, por pensar cosas contrarias y todavía no serme posible determinar con coherencia un punto de equilibrio convincente para la razón práctica. Hoy me conformo con explicar mi posición de salida:
El Aborto, no puede ser “un derecho”, por cuanto este debe ser positivo explícita e implícitamente en el sentido de que establezca la garantía de una acción deseable o apetecida en principio lógico. De ahí que se haya promulgado el derecho a la vida o a una vivienda digna, cuando todavía no tenemos noticias del derecho a la muerte o a vivir debajo de un puente. Cierto es, que puede establecerse leyes reguladoras tanto del suicidio, como la eutanasia e incluso la Pena de muerte, y es bueno que así sea para evitar la arbitrariedad de su aplicación, pero ninguna de estas normativas, regulaciones, decretos o leyes, pueden ser elevados a la categoría de un derecho. La confusión aparece cuando todo el conjunto de leyes, normas y regulaciones son incorporadas a la ciencia que se ocupa de todo ello cuál es, “El Derecho”. Por supuesto, soy partidario de regular el fenómeno social del Aborto, que aunque ustedes no lo sepan, fue todo un avance moral respecto al infanticidio en su momento, por cuanto, al margen de nuestras convicciones morales particulares, la sociedad debe una respuesta práctica a las situaciones particulares que acontecen en su seno.

Ahora bien, a la vez que me muestro contrario a hablar del Aborto como “un derecho”, considero que el mismo no debe ser perseguido por las leyes, salvo cuando es forzado u obligado a manos de terceros, por cuanto siempre he sido de la firme opinión, de que ninguna mujer, en su sano juicio, aborta por gusto, placer, afición o ideología, sino por muy variados motivos negativos que le empujan a ello tras no pocos sufrimientos mentales en una toma de decisión cuya responsabilidad no puede transferir y que habrá de acompañarla el resto de sus días, cosa no siempre fácil de sobrellevar porque pueda ser cierto que la vida es corta, pero la existencia puede ser eterna.