Menos mal que todavía quedan asuntos que se resisten al rodillo democrático como pueden ser, una operación a corazón abierto en el quirófano de un hospital que para nada queremos sea dirimida a mano alzada entre su personal de limpieza, administrativo, visitantes, familiares y pacientes incluidos, o sencillamente el caso contrario del condimento de la propia ensalada que hemos de comer nosotros, en la que no deseamos meta nadie más la mano por muchas estrellas Michelin que tenga el establecimiento, pues apañados estaríamos si los casos de corrupción política, dependieran de las urnas y no de los Tribunales que, aunque sospechosamente dependientes en sus nombramientos de quienes tienen la obligación de vigilar y juzgar, acaso su mera existencia persuade a las conciencias ingenuas de la diferencia entre el Bien y el Mal, porque de lo contrario, ya hemos visto el paradójico resultado obtenido por casi un centenar de cargos públicos entre concejales, alcaldes, senadores, congresistas y diputados que pese a estar salpicados por los delitos continuados de nepotismo, malversación, cohecho, falsificación de cuentas, desviación fiscal y demás voces empleadas para disfrazar lingüísticamente el robo a manos llenas en las Instituciones, han salido electos por decisión libre y democrática de la ciudadanía, pero no absueltos por los jueces. Claro que ello, supone todo un problema moral, dado que nos representan, pero no para el sistema político, pues no me hartaré de decir una y mil veces que, el concepto de Democracia, no excluye necesariamente el de corrupción.
Buscando el modo de distinguir al Diputado corrupto en potencia del Diputado corrupto en acto, la jurisprudencia española se topa con la inmunidad parlamentaria, algo así como un salvo conducto democrático para cometer fechorías continuas contra el bien general que dificulta en exceso el control de sus actos. Pero el castellano permite en ocasiones jugar con las palabras para introducir esos matices que ayudan a explicitar al entendimiento lo que la tramposa Ley imposibilita. Así pues, visto que hemos de convivir con esta nueva especie de Diputados electos imputados, propongo el híbrido idiomático de “Dimputado” para referirnos a cuantos cargos públicos ostenten acta de congresista, senador o diputado mientras los jueces les mantengan su condición de imputados en los casos abiertos de corrupción.
He de admitir que Ockham advertía sobre el peligro escolástico de un excesivo conceptualismo que multiplicaba los entes por el mero hecho de nombrarlos con distintas voces, siendo posible que la introducción de “Dimputado” incurra en dicho defecto al paso que va la burra camino de hacer acto de presencia toda la potencia de la Cámara, convirtiendo a todo Diputado en imputado en las próximas elecciones. Mas como quiera que igualmente en las clases de Retórica se nos previene contra los pleonasmos como “subir para arriba”, no creo yo sea mejor opción escuchar y leer entonces la temida fórmula de “Diputados imputados” por lo que, aún a riesgo de multiplicar los entes en nuestra esfera mental por poco que aumente su correlato en la realidad, sí le veo utilidad al nuevo concepto que propongo.
La constitución de las Cortes Valencianas, en las que han tomado posesión de sus actas diez parlamentarios del PP implicados e imputados en casos de corrupción, entre ellos, nada más y nada menos, que su Presidente en funciones, Francisco Camps, acusado de cohecho por recibir miles de euros en regalos de la trama Gürtel y el vicepresidente Vicente Rambla, inmerso en un proceso por financiación ilegal del PP, es hoy el mejor ejemplo, de la necesidad mediática de manejar este nuevo palabro que ofrezco gratuitamente a la politología y la profesión periodística, para distinguir el grano de la paja, tanta como los asistentes a la sesión tuvieron de que se les cogiera confesados, de ahí la muy oportuna presencia del Crucifijo a instancias del Presidente de la Cámara Juan Cotino, quien solicitó se lo trajeran de su despacho para ser colocado en la mesa que presidía la instancia.