Gracias al dilema planteado por el caso del etarra, Josu Uribetxeberria, quien padeciendo un cáncer terminal ha solicitado su puesta en libertad amparado en la legislación vigente, acerca de si en un Estado de Derecho es moralmente aceptable la piedad para con sus condenados, los medios de comunicación en aras de ponérselo más difícil todavía al ejecutivo – no menciono al juez porque en nuestro país la separación de poderes no alcanza el nivel mínimo teórico exigido para ello – que arde en deseos de corresponder los gestos emprendidos por la izquierda Abertzale, en cuanto a distensión se refiere, han aireado el escalofriante dato “parcial” de las personas que mueren por distintas enfermedades en nuestras cárceles, al objeto de presentar un contrargumento a la opinión pública con el cual presionar a aquel para que mantengan en prisión al secuestrador de Ortega Lara.
Pero como sucede con cualquier argumento cuya primera intención es la de vencer al oponente, sucede que lejos de convencer afianza todavía más las convicciones radicalmente opuestas del auditorio que hay enfrente y en este caso, me atrevería a decir que incluso de la propia feligresía. Porque la cifra que únicamente era conocido por Instituciones Penitenciarias y las típicas asociaciones humanitarias y profesionales del Derecho que predican en el desierto mediático institucional sobre estos asuntos la mayor parte del año, es tan sumamente abultada, es tan grande la cantidad de gente que muere silenciosamente intramuros sin que nos enteremos, mientras denunciamos cínicamente que la Pena de Muerte se aplique en EEUU casi a escondidas y sin apenas respuesta social, que uno sólo puede enmudecer de espanto, si es un buen cristiano.
Varios han sido los medios de desinformación que han presentado el hecho bajo el espectacular titular de “Un preso muere cada tres días en las cárceles españolas” deducido de un informe oficial donde se refleja que en el quinquenio comprendido entre el 2005 y 2010, 799 internos fallecieron a causa de una larga enfermedad entre las paredes de su celda o en la enfermería de la prisión. Para comprender bien lo que esto significa y por qué hablo de “parcial” cuando a ello he aludido anteriormente, es porque, en ese mismo informe se especifica que en el dato ofrecido, no se recogen los fallecidos en tercer grado, ni los más de 2.000 internos excarcelados por padecer una enfermedad incurable en dicho periodo, ni los que han muerto por infarto, sobredosis, suicidio o en una reyerta. De sumarse todos los números, seguramente empezaríamos a percibir nuestros centros penitenciarios como siniestros centros de extermino, cosa que repugnaría al ciudadano medio que se cree a salvo de cometer crímenes contra la humanidad.
Pero, si hemos sido capaces por medio del silogismo garzoniano de ligar el voto democrático en las urnas de un simple hombre de pueblo con boina enroscada a la cabeza a un sanguinario atentado como se ha hecho con el electorado vasco de Batasuna respecto a ETA, qué no habríamos de hacer, sabido esto, cuando hay una relación directa entre nuestros impuestos, el gobierno democrático y la regencia de Prisiones…Mucho me temo, que como bien saben nuestros representantes, a los españoles no les repugna que esto suceda en nuestras fronteras. Lo que le repugna e inquieta es enterarse de ello; que se sepa; porque una vez sabido, no hay escapatoria a nuestra hipocresía que desea hablar de justicia cuando de lo que de verdad se trata es de satisfacer nuestro natural y comprensible ánimo de venganza. A lo mejor nos convendría abrazar el modus operandi de la Sharia donde no se esconde el derecho de la víctima a hacer sufrir a su verdugo devolviéndole ojo por ojo y diente por diente.