De acuerdo al gran mito cavernario repetido desayuno, comida y cena, la asunción de la gestión de las prisiones de la CAV por parte del Gobierno Vasco se traducirá en la inmediata libertad de todos los presos de ETA internos en Zaballa, Basauri y Martutene. Es obvio que no va a ser así… simplemente, porque no puede ser así. Por mucho que se rasguen las vestiduras los tramposos vocingleros, lo que se consumó el pasado viernes —¡con 42 años de retraso; esa debería haber sido la noticia!— no fue el traspaso de la política penitenciaria, qué más quisiéramos, sino el mero control de cada una de las cárceles. Eso implicará, desde luego, un cambio (ojalá a mejor) en el funcionamiento de los centros y, desde luego, en las condiciones de vida de los reclusos. Pero no más. La legislación básica, la que atañe a progresos de grado y periodos de cumplimiento de la condena, seguirá estando, como hasta ahora, en manos del Estado.
Es importante que lo vayamos interiorizando todos. También destacados portavoces de la autotitulada izquierda soberanista vasca que, empatando con el ultramonte hispano en el discurso, andan vendiendo la especie de que de que la consumación de la trasferencia implicará de facto la amnistía automática de “sus” presos. Y recalco lo de “sus” presos para hacer notar que la población reclusa va más allá de los condenados por terrorismo. Es un agravio comparativo indecible olvidarse del resto de los internos, como si solo fueran una especie de secundarios. Pues no. Salvo que nos estemos engañando en el solitario, la gestión de las cárceles por parte del Gobierno Vasco no hará distingos entre los presos.