Por alguna razón, los gestores de la Educación de cualquier gobierno español independientemente de sus siglas sienten la necesidad de cambiar las normas cada rato. Ocurre con las grandes leyes que, en realidad, son sucesivas contrarreformas, pero también con los reglamentos de cada una de ellas. Así, ahora que se debe aterrizar la recién aprobada LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, nos encontramos en los titulares las ocurrencias más recientes del equipo de expertos del ministerio, que nunca defraudan. Esta vez la petenera por la que han salido es el aguachirlado de los suspensos. La intención de lo que se asegura que todavía es un borrador es que se pueda pasar de curso en primaria y secundaria hasta con tres asignaturas no aprobadas. Sí, nada más y nada menos que tres. La decisón final dependerá de un comité de cada centro que deberá establecer si el alumno o la alumna en cuestión acredita la suficiente madurez para promocionar al siguiente nivel. Así, a primera vista, no se diría que el método va en la línea de la búsqueda de la excelencia con la que tanto nos dan la matraca. En todo caso, es una forma de reconocer que buena parte de los contenidos de los programas educativos son perfectamente prescindibles y que la evaluación basada en los exámenes clásicos debería pasar a mejor vida de una vez. Otra cuestión es encontrar una alternativa razonable, viable y sobre todo, justa para determinar no solo el paso de curso sino los méritos concretos y diferenciales de cada estudiante. Es algo que se busca desde que yo estaba en un pupitre, mucho me temo que sin resultados. Por eso vamos de parche en parche.
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Con un suspenso
Les cuento una batallita de adolescencia. En 2º de BUP —4º de la ESO al cambio actual— me suspendieron Matemáticas. Fue un atraco a mano armada (de rotulador rojo) en toda regla. Mis ejercicios, confrontados con los de mis compañeros de fila, daban, como poco, para un 8. Sin embargo, la peculiar docente al mando de mi destino académico, una tipa que espero paste ya en el infierno, decidió catearme simplemente porque le caía mal, supongo que por mi fama de rebelde, aunque no podría asegurarlo. Mi respuesta a la injusticia, acorde con esa reputación de indócil, consistió en no presentarme a ninguna recuperación. Ni ese mismo mes de junio, ni en septiembre, ni en las mismas fechas del año siguiente. Total, que llegué a COU —de letras puras, latín y griego, por demás— arrastrando la maldita materia y, en consecuencia, sin el título de Bachillerato que era la condición obligatoria para poder presentarse a Selectividad.
Ni se imaginan la bronca que me montó mi tutora por mi absoluta irresponsabilidad, pachorra, inmadurez, soberbia y no sé cuántas cosas más. Aunque la inmensa mayoría de los profesores, en atención a mi currículum, abogó por regalarme el aprobado y dejarlo correr, ella se negó en redondo y me obligó a presentarme a un examen a cara o cruz.
A quien no esté en el secreto le desvelo ahora que esa tutora inflexible (buena profesora y persona a la que siempre he tenido en gran estima, por otra parte) se llamaba Isabel Celaá Diéguez. Es, en efecto, la misma ministra de Educación que impulsa una reforma que contempla que se pueda obtener el título de bachillerato con una asignatura pendiente. Paradojas.