A la fuerza ahorcan. Cuando las arcas públicas amenazan con ser criadero de telarañas, se cae en la cuenta de lo obvio: quita y no pon, se acaba el montón. No queda otra que abrir el melón de la fiscalidad. La cuestión es que de una vez por todas se haga en serio, porque hasta ahora en cada ocasión en que esa palabra-fetiche se ha venido a los labios de los que viven de nuestro voto, ha sido más bien parrapla que firme determinación de cambiar algo. O te venían con el asustaviejas de que subir los impuestos era asfixiar a los cuatro emprendedores aún dispuestos a echarse al ruedo o con la letanía del “que paguen más los que más tienen”. ¿A nadie le escama que entre los que más fervorosamente silabean el latiguillo de marras se encuentren tipos y tipas con el riñón forradísimo? Señal de que saben sus cuartos a salvo de la normativa vigente y de cualquiera otra que pueda dictarse en el futuro.
Conviene recordar que, a diferencia, por ejemplo, de la malhadada Ley Hipotecaria, que coma arriba o abajo sigue siendo la que se promulgó en 1909, la legislación tributaria ha tenido meteduras de mano sin cuento en los últimos años. En cada ejercicio la Hacienda central y las forales se han ido dando un festín de toques y retoques a diestra y siniestra. Este año te podías desgravar esto; al siguiente, no había lugar. Ahora este porcentaje; luego, el otro y después, el de más allá. Todo ello, dejando siempre un inmenso territorio a la discrecionalidad o a la interpretación así o asá. Pregunten a tres funcionarios distintos si un autónomo puede incluir como gasto los bonobuses y tendrán tres respuestas diferentes, ninguna vinculante, por cierto; lo que hagan será bajo su responsabilidad.
Hacía ahí encaminaría este humilde contribuyente el primer objetivo de cualquier reforma que piense acometerse. Debe haber un criterio uniforme que impida que pagar impuestos sea una lotería o un juego de pillos.