Las donaciones de Amancio

Palabra que no dispenso gran simpatía por Amancio Ortega. Ni antipatía, ojo, que hay sarampiones que tengo muy pasados a estas alturas de mi vida. Sí es verdad que le valoro, porque yo también sé por experiencia lo que es la necesidad, su condición de pobre casi de solemnidad en los primeros años de su vida. Y por supuesto, las horas y horas de curro que se pegó cuando solo era un tipo que quería salir adelante. Ahí les gana por goleada a su legión de odiadores, que amén de no haber madrugado un puñetero día de su vida, ni se imaginan qué es no saber si vas a cenar mañana.

Me divierte a la par que me encabrona que sean estos seres de mentón enhiesto los que vuelvan con la martingala chochiprogre de las actividades filantrópicas del gallego podrido de pasta. Versioneándose una vez más a sí mismos, los campeones de la rectitud moral reclaman que la sanidad pública no acepte sus donaciones de carísimas máquinas para el tratamiento del cáncer. Sostienen, en su infinita sapiencia prepotente, que lo que tiene que hacer el baranda de Inditex es pagar todos sus impuestos. Ocurre que al hacer la cuenta, les sale la de la lechera y le atribuyen a Ortega una elusión fiscal del recopón. Tan cabestros han sido, que el gabinete de comunicación del Midas de la ropa low cost lo ha tenido a huevo para rebatir la letanía. El imperio de Arteixo apoquinó a las arcas españolas 1.700 millones de euros en 2019. Seguramente mejorables, mantiene 50.000 empleos. ¿Beneficencia? Me quedo con lo que leí a una querida compañera que también sabe, desgraciadamente, de lo que habla: ojalá tantos multimillonarios del fútbol sigan su ejemplo.

Otra subida, y van…

Hay cosas que no cambian. Busquen las diferencias entre el Cristóbal Montoro de la mayoría absolutísima y el de los equilibrios aritméticos sobre el alambre. Ninguna. Ahí lo tienen, igual en la opulencia parlamentaria que en las estrecheces, teniendo idénticas ideas, es decir, ocurrencias, para rascar el parné que la madrastra europea le ordena recortar de donde duele.

Digamos de saque que algunos nos acordamos de la reiterada promesa, en labios del patrón Rajoy, del propio Montoro o de su antagonista en el gabinete, De Guindos, de dejar enterrada para siempre la tijera. Pues ya ven. Y también dijeron que no habría subida de impuestos, que es adonde vamos. ¿Acaso no son impuestos los recargos sobre el precio del tabaco, las bebidas alcohólicas o (ahora también) las azucaradas? Metan la mano en los bolsillos de los ciudadanos, pero, por lo menos, no nos traten como a imbéciles.

Por lo demás, se pregunta uno hasta dónde dan de sí el bebercio graduado, el fumercio, los brebajes con el llamado veneno blanco y dulce, o los combustibles, que esta vez se han librado de la subida. Desde su reconquista del poder en 2011, el PP ha usado estos productos supuestamente perversos como surtidor de pasta, juntos o por separado, en más de una docena de ocasiones. En una de ellas apunté la tremenda catástrofe económica que supondría el triunfo de las (hipócritas) campañas para que el personal abandone los malos hábitos. O quizá no, porque conociendo los procesos mentales de los gobernantes, pondrían la diana en las actitudes saludables. Y ya que lo menciono, ¿qué tal un impuesto especial a artículos para runners?

Obra social (2)

Resumen de la columna anterior: la mejor obra social que pueden hacer las entidades financieras —bajo el nombre blando de caja o el duro de banco— es pagar impuestos para que la administración, a través de los presupuestos, pueda cumplir con las obligaciones que le son exigibles. Si como política promocional, lavado de imagen o incluso por convicción quieren, además, destinar un pequeño pico a buenas causas, pefecto, pero siempre quedando claro que las necesidades básicas deben ser cubiertas por los gobiernos de los diferentes niveles. Se me escapa por qué muchas personas que van con la bandera de lo público en ristre dan por bueno un modelo que, como señalaba ayer, tiene más que ver con la beneficencia que con los derechos.

Sospecho que el error de partida reside en algo que no ha dejado de maravillarme en las distintas fases del proceso que empezó con la fusión (a la fuerza) y culminará con la conversión en fundaciones: hay quien alberga la idea romántica de que un banco puede ser una ONG. Como usuarios (también a la fuerza) que somos todos los integrantes del censo, deberíamos tener las suficientes experiencias para comprender que no hay nada más lejano a la realidad que eso. Independientemente de su carácter (con cierto control institucional, cooperativas o sociedades anónimas puras y duras), no son ni más ni menos que un negocio. Díganme uno solo que no desahucie, que no cobre comisiones hasta por respirar o que no haya limitado ciertos servicios que no le son rentables, como el pago de recibos en ventanilla. Por eso la obra social que les pido es que paguen cuantos más impuestos, mejor.

Obra social

Uno de los grandes caballos de batalla en la bronca/debate sobre Kutxabank —como lo fue en la saga fuga de la CAN— es la obra social. Cuando los promotores de la conversión de las cajas en fundaciones bancarias nos cuentan las bondades de su modelo, remarcan con fosforito que por ese lado no hay nada que temer y nos silabean que, de hecho, lo que se ha pretendido con la discutida fórmula es poner a salvo ese capítulo. Desde enfrente, los que claman contra lo que califican como privatización sitúan en la cúspide de los males del proceso emprendido la pérdida de esas cantidades destinadas al bien común. Unos y otros parecen tener claro que para la defensa de su postura o, lo que es lo mismo, para la venta de su mercancía dialéctica y la consiguiente suma de adhesiones de entre el común, es imprescindible que hagan bandera de la obra social.

Sabiendo que rozo el tabú, me atrevo a pedirles que reflexionen un par de segundos en el concepto. ¿No les suena, aunque sea solo un poquito, a eufemismo para decir beneficencia? ¿No le ven ese toque del capitalismo paternalista de los economatos y el paquete de navidad que dejaba claro quién estaba en condiciones de dar y quién en condiciones de recibir con gratitud? Si bucean en el origen histórico de las entidades, verán que hay bastante de eso. Y si repasan los fines a que se dedican esos pellizquitos del negocio de prestar con interés —¿o estamos hablando de otra cosa?—, comprobarán que se trata de asuntos que deberían estar cubiertos por lo público. Me refiero a lo genuinamente público, o sea, a lo que sale directamente de los impuestos. Ahí lo dejo.

La guerra de los taxis

Sigo con atención y cierta perplejidad lo que, con nuestro habitual gusto por la épica, los medios hemos bautizado como guerra de los taxis. Mi primer apunte del natural al respecto es que si hace apenas quince días el común de los mortales, empezando por el que suscribe, no tenía idea de la existencia de la tal plataforma Uber, ahora la conocen decenas de miles de personas. Efecto Streisand de manual, impagable e impagada campaña publicitaria para lo que, por mucha modernez que la envuelva, no deja de ser otra empresa más con su estrategia para conseguir cuota de mercado y, por descontado, ánimo de lucro.

Ahí entiende uno que debería terminar la bronca. Si compite y busca lograr beneficios, debe someterse a las mismas reglas que cualquier otra compañía: obtiene su licencia de actividad, cumple los requisitos concretos del sector, acuerda unas condiciones con sus trabajadores o colaboradores y, naturalmente, paga sus impuestos. Obviamente, el precio final del producto ya no sería tan atractivo y el negocio no resultaría tan redondo, gajes de la economía de mercado regulada.

Me sorprende de este caso —o quizá no— que los más progres del lugar se hayan erigido en defensores de los vivillos promotores del invento. Cual furibundos neoliberales de la escuela de Chicago andan pontificando que cada quien se lo monta como quiere, que el Estado no es nadie para meter sus zarpas en una iniciativa social (hay que joderse) y que lo que tienen que hacer los taxistas tradicionales es espabilar, o sea, currar más por menos. Y al de un rato, te los encuentras echando pestes del malvado capitalismo. Coherencia.

Fumemos, bebamos

Si el Gobierno español fuera medio consecuente —qué cosas pido—, debería dejarse de campañas ñoñas contra el alcohol y el tabaco y empezar a promocionar el bebercio y el fumeque a todo trapo. Canta una barbaridad que después de las moralinas que nos atizan, presuntamente en beneficio de nuestra salud, los primeros bolsillos en que se piensa para restañar las heridas de la caja sean los de quienes le pegan a uno, al otro o a ambos vicios. Cada equis viernes, salen los santurrones Soraya SdeS y Cristobal Montoro, dama mayor y caballero magno de la liga de la decencia y las buenas costumbres, respectivamente, a arrearle un buen tantarantán a la lista de precios de los trujas y las bebidas espirituosas. En la última vuelta de tuerca, 15 céntimos más por cajetilla y 85 por litro; eso sí, dejando exentos el vino y la cerveza, no se nos vayan a enfadar según qué señoritos. A modo de justificación, la armonización europea, esa misma que se pasan por la entrepierna cuando se trata de salarios y no digamos ya de derechos sociales.

Aparte de revelar una creatividad recaudatoria manifiestamente mejorable, el empeño obcecado en acudir impepinablemente a los estancos y los bares para rebañar calderilla es síntoma de una inmensa contradicción. Si un día a la población le diera por atender a rajatabla los llamamientos a adoptar hábitos saludables y a mantener a raya los demonios etílicos y nicotínicos, nos encontraríamos con un colosal problema. De saque, se acabaría la única teta fiscal de chorro sostenido, pero la cosa no quedaría ahí. Veríamos irse al guano, puestos de trabajo incluidos, los multimillonarios negocios basados en la producción y/o distribución legal de las perversas y dañinas sustancias. Con cinismo pero también con cierta razón, un amigo mío dice, pitillo en una mano y chupito en la otra, que sus pulmones ennegrecidos y su hígado castigado son pilares fundamentales de la economía.

Fiscalidad

A la fuerza ahorcan. Cuando las arcas públicas amenazan con ser criadero de telarañas, se cae en la cuenta de lo obvio: quita y no pon, se acaba el montón. No queda otra que abrir el melón de la fiscalidad. La cuestión es que de una vez por todas se haga en serio, porque hasta ahora en cada ocasión en que esa palabra-fetiche se ha venido a los labios de los que viven de nuestro voto, ha sido más bien parrapla que firme determinación de cambiar algo. O te venían con el asustaviejas de que subir los impuestos era asfixiar a los cuatro emprendedores aún dispuestos a echarse al ruedo o con la letanía del “que paguen más los que más tienen”. ¿A nadie le escama que entre los que más fervorosamente silabean el latiguillo de marras se encuentren tipos y tipas con el riñón forradísimo? Señal de que saben sus cuartos a salvo de la normativa vigente y de cualquiera otra que pueda dictarse en el futuro.

Conviene recordar que, a diferencia, por ejemplo, de la malhadada Ley Hipotecaria, que coma arriba o abajo sigue siendo la que se promulgó en 1909, la legislación tributaria ha tenido meteduras de mano sin cuento en los últimos años. En cada ejercicio la Hacienda central y las forales se han ido dando un festín de toques y retoques a diestra y siniestra. Este año te podías desgravar esto; al siguiente, no había lugar. Ahora este porcentaje; luego, el otro y después, el de más allá. Todo ello, dejando siempre un inmenso territorio a la discrecionalidad o a la interpretación así o asá. Pregunten a tres funcionarios distintos si un autónomo puede incluir como gasto los bonobuses y tendrán tres respuestas diferentes, ninguna vinculante, por cierto; lo que hagan será bajo su responsabilidad.

Hacía ahí encaminaría este humilde contribuyente el primer objetivo de cualquier reforma que piense acometerse. Debe haber un criterio uniforme que impida que pagar impuestos sea una lotería o un juego de pillos.