Fue bastante simple. Hubo un referéndum y salió que se iban, punto. Todo lo que quedaba por hacer era marcharse y se puso a su disposición un generoso plazo para que la salida fuera lo menos dañina posible para la ciudadanía. El jueves pasado, 29 de marzo, era el día fijado para que Gran Bretaña dejara de pertenecer a una Unión Europea en la que siempre estuvo con el morro torcido pero disfrutando de ventajas que el resto de los estados miembro no podían ni oler. Unas semanas antes, la santa paciencia, cornuda y apaleada, de las autoridades comunitarias amplió el vencimiento al 12 de abril, e incluso se estableció una nueva fecha, el 22 de mayo, si se cumplían determinadas condiciones.
Este es el minuto en que todavía no sabemos si va a haber más prórrogas o, traducido a román paladino, hasta cuándo nos van a estar dando la brasa las autoridades del Reino Unido. Botellita y coco, por cierto, para quien sea capaz de explicar razonablemente en qué punto del enredo estamos ahora mismo. El premio es ampliable si, además, se ofrece una argumentación sobre por qué los otros 27 países, o los dos —Alemania y Francia— que de verdad cortan el bacalao, no han pegado un puñetazo en la mesa y acaban con el vodevil de una pinche vez. Es tremendo no solo que tal cosa no esté en su ánimo, sino que la inacción vaya a provocar la adulteración de las próximas elecciones elecciones al Parlamento europeo del 26 de mayo. Si nada lo impide, los que técnicamente deberían estar fuera tendrán opción a presentarse de nuevo a esos comicios, alterando el reparto de escaños que ya se había hecho y estaba asumido por todos. Intolerable.