«Vacunaron a mi hija adolescente hace dos semanas. A la salida no le dieron ningún justificante y, desde el día siguiente, hemos intentado tener al menos un certificado digital. Hemos recurrido a todas las vías posibles, presenciales y on line , a los servicios de atención ciudadana que o bien estaban colapsados telefónicamente o electrónicamente se remitían a sí mismos en un infernal y desasosegante círculo vicioso. Y hoy todavía no hemos conseguido nada…»
Todo esto me comentaba un buen amigo, a punto de anular la reserva de su viaje de vacaciones para el que le piden el mentado certificado.
En una columna anterior ,ya se dio cuenta de que la inversión en Sanidad Pública había descendido en un 50,7% durante los años de austeridad neo-liberal que siguieron a la crisis económica de 2008.
Y sin duda, esta escalofriante falta de inversión habrá repercutido en infraestructuras, medios técnicos propiamente sanitarios y , por supuesto, personal médico, habiendo sido la pandemia del COVID-19 la prueba de fuego en la que se han evidenciado, de repente, y a pesar del gran esfuerzo institucional desplegado, todas las insuficiencias, siendo quizá las más sonrojantes las relativas a la Atención Primaria.
Pero , a la vista de testimonios como el anterior, parece que la radical reducción de la inversión en la Sanidad Pública ha afectado también al personal administrativo y a la red electrónica que tanta importancia ha adquirido en el contacto con la ciudadanía.
Una ciudadanía que, sin embargo , ha continuado pagando sus impuestos y ha asumido severas restricciones salariales, y que a la hora de conectarse con la Administración, tiene en muchas ocasiones la desgraciada impresión de conectarse…a la nada.