El pasado 2010 nos enteramos que en la España intramuros hay un sexagenario que cumple condena desde 1976 sin haber cometido delitos de sangre, toda vez, gente sin piedad y sin vergüenza le denegó por un tecnicismo refundirle todas sus penas anteriores para que como argumenta su letrado Félix Ángel Martín, pueda salir a la calle que es donde debería estar desde 1994.
Esta semana, casi un año más tarde, hemos sabido que el Tribunal Supremo ha anulado el auto de la Audiencia Provincial de Granada que rechazó la solicitud de Miguel Francisco Montes, pero, aunque estima el recurso de la defensa, su sentencia no supone la salida de prisión del interno, pues no ha podido pronunciarse sobre la refundición de sus condenas. En su defecto, ha ordenado a la Audiencia Provincial de Granada que dicte un nuevo auto, más claro y completo, que «cumpla las normas esenciales del procedimiento» y «en el que se hagan constar todos los datos o elementos precisos» para resolver el recurso.
Sin entrar a valorar nuestro sistema penitenciario que debe ser de lo mejorcito que hay, dado que lejos de entrar en crisis, cada vez va a más, más presupuesto, más cárceles, más población reclusa…y sin cuestionarme la moralidad que subyace en una legislación como la nuestra que permite la impunidad y prescripción de los mayores delitos contra la entera sociedad, cuáles son, los económicos y de corrupción, mientras pobres infelices cuya suma de faltas no da ni para pagar las gafas negras de Fabra, pasen media vida entre rejas, creo que el caso de este pobre hombre que lleva más de treinta y cinco años en prisión, por acumulación de condenas debidas a sus intentos de fuga, habiendo empezado todo por un hurto en un kiosco cuando tenía la terrible edad de dieciséis, clama al cielo.
Y es que, más allá del juego sadomasoquista de carácter lúdico-sexual que cada cual haya practicado o fantaseado, es un hecho que en todas y cada una de las relaciones sociales que puedan establecerse, sean de pareja, de amistad, laborales o institucionales, puede reproducirse consciente o inconscientemente, en mayor o menor grado, situaciones en las que ciertas personas disfruten haciendo daño a sus semejantes, generalmente en aquellas donde se da una posición de poder o dependencia, como pudiera ser aquella que hay entre un enfermo y sus médicos en un hospital denominado sadismo médico consistente en hacer pasar al paciente por tratamientos innecesarios, entre un alumno y el claustro de profesores conocido como sadismo académico que se traduce en hacer repetir curso a una persona por una sola asignatura por una sola décima del examen final, o el que puede darse entre un sacerdote y su obispo que es reconocido como sadismo eclesial, cuando el segundo en virtud del voto de obediencia le ordena dejar de escribir, de dar clase, etc. En todos ellos la parte débil es sometida al tormento de su superior o de quien depende, por hallarse del todo indefenso ante su actuación; Cuando el caso es probado, pasa a denominarse abuso de poder como puede ocurrir con un mando militar con su subordinado y si se demuestra que no hay base legal para una actuación, entonces suele definirse como acoso como sucede con los jefes que buscan hacerle la vida imposible a su empleado. Y no me cabe duda que en toda esta terrible historia personal de nuestro particular Conde de Montecristo, de nuestro Nelson Mandela, hay algunas mentes oscuras sádicas que la gozan y se estarán cascando buenas pajas bajo la toga, con sólo saber lo que debe estar sufriendo Miguel Francisco quien todavía confiaba con poder vivir su vejez en libertad, sadismo judicial consentido por el Consejo de Ministros que para solicitar los indultos de los mayores criminales bancarios del país, bien que interviene de oficio.
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¿Quién lo ordena?
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La organización católica Caritas, aprovechó la presentación de su informe “La situación social de los inmigrantes” para denunciar un ilegal aumento de los controles por parte de la policía en sus centros asistenciales e inmediaciones, así como en locutorios, parques y estaciones de transporte público. Para Caritas, esta práctica, no está justificada, únicamente responde a una política migratoria planificada que trata al inmigrante irregular como a un presunto delincuente, con el riesgo de generar sentimientos racistas en la población que sólo percibe cómo se les detiene cuando no han cometido ningún delito.
Aunque el Ministerio del Interior lo desmiente, resulta que el pasado Miércoles, el propio Sindicato Unificado de Policía presentó una denuncia similar ante el Congreso por medio de su Secretario General, José Manuel Sánchez-Fornet, quien reconoció precisamente que, en España se producen millones de identificaciones a inmigrantes sin que se cumplan los requisitos estipulados por el Tribunal Supremo para que un agente pueda exigir la documentación a un ciudadano en la vía pública, cuáles son: que resulte sospechoso de haber cometido un delito o parezca que puede cometerlo. En su opinión, la libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad, pero no por los policías que se ven forzados a cumplir órdenes.
¡Y es verdad! Hace tiempo que el SUP está dando un auténtico ejemplo de democracia y valentía a toda la sociedad, especialmente a la casta política, en lo que concierne al trato despiadado y contrario a los DDHH que España dispensa a los inmigrantes. ¿Quién ordena las redadas indiscriminadas en el centro de nuestras ciudades para dar caza a la carrera a esos desgraciados que intentan malvivir entre nuestra inmundicia moral? ¿ Quién manda a la policía a los comedores sociales para pillar con el pan en la boca a un pobre indocumentado? ¿Quién ordena darles palizas para evitar que molesten a los buenos ciudadanos en los barrios residenciales y se limiten a quedarse en los guetos asignados? ¿Quién amenaza a las madres con quitarles a sus bebés si no desaparecen del lugar? Es evidente, que un trabajo tan ingrato como el descrito, no participa de la voluntad de los agentes que se ven obligados a llevarlo a cabo directamente, llenándose de vergüenza ante sus familias y ante si mismos para toda la vida. Entonces…¿Quién lo ordena?
La primera respuesta que viene a la cabeza, son sus superiores en la cadena de mando. Pero si pese a todas las películas que se hagan, nadie aquí se creyó lo de Tejero, lo suyo es que todo el cuerpo de policía no haga otra cosa que seguir las directrices políticas, pues de lo contrario, no viviríamos en democracia, sino en un Estado policial. Por consiguiente, parece plausible que sea Alfredo Pérez Rubalcaba que está al frente del Ministerio del Interior quien de las órdenes en este sentido. Pero, sería ingenuo pensar que una acción sistemática, planificada, de carácter general, con el concurso de varios organismos implicados, como la denunciada por Caritas, tenga por responsable de la barbarie a un solo individuo, por depravada que sea su conciencia, de igual modo que la Historia se ha abstenido de volcar sobre la figura de Hitler toda la culpa de las atrocidades cometidas durante el Nazismo.
Y es que, el Ministro del Interior, es a la vez Vicepresidente del Gobierno, por lo cual, es fácilmente deducible que no actuará por su cuenta y riesgo, sino en sintonía del buenismo, sonrisismo y solidarismo propio del talante de ZP quien a su vez, como demócrata que es, sin importarle lo más mínimo que le llamen demagogo en los asuntos sociales, no hace nada que a ciencia cierta sepa, le pueda restar votos entre las filas socialistas. Así pues, cabe suponer que es el PSOE, sus militantes y sus votantes, quienes dan las órdenes, bien sea por activa, bien por pasiva, para que se cometan estos actos contrarios al espíritu cristiano y de lesa humanidad.
Un 22,6% preocupante
La misma semana que hemos conocido la segunda condena a España del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y que el Tribunal Constitucional anima a los jueces a tomar en consideración las quejas de los presos, resulta que los medios de comunicación, presentan como relevantes los datos aparecidos en el último estudio del CIS, pero leídos de un modo incorrecto desde un punto de vista periodístico, pues destacan que el 77,4% de los españoles no percibe que para la Administración de Justicia, todos seamos iguales ante la Ley. Concretamente, para el 48,6% de los encuestados, los ricos son los más beneficiados seguidos de los políticos para el 26%; y de los poderosos para un 13,3%. En este sentido, un 60% aprecia que los tribunales no protegen a los ciudadanos de los poderosos y un 82,6% cree que la Justicia no dispensa igual trato a un político que a un ciudadano corriente…Mas, en las facultades de periodismo, dejan muy claro desde el principio que, la noticia no se halla en un perro que muerde a un policía, sino en un policía que muerde a un perro y en consecuencia, lo suyo sería que se resaltara en titulares ¡Todavía un 22,6% de la población cree en nuestro sistema judicial! asunto verdaderamente preocupante.
El modo estúpido de presentar la interpretación de este tipo de estudios pseudocientíficos queda evidenciado con el mismo método con el que se recomienda atender el discurso de cualquier político en campaña, cuál es, el de ponerlo en negativo para apreciar lo superfluo de su mensaje dado que decir lo contrario de ¡Vamos a hacer lo posible por erradicar la droga de nuestras calles! O ¡Vamos a luchar contra el paro y crear empleo! sería absurdo, que en el caso que nos ocupa quedaría tal que así: el 77,4 de los españoles cree que los Tribunales tratan con equidad a todos los ciudadanos; Es más, para el 48,6 de los ciudadanos, los ricos son los más perjudicados, seguidos de los políticos y poderosos etc.
Paradójicamente, del nuevo informe del CIS se desprende que, los profesionales son los únicos en salvarse de la mala opinión que tienen los españoles del sistema judicial. Jueces, abogados, fiscales, policía judicial y personal administrativo de los juzgados aprueban, superando todos ellos el cinco, quizá porque el Jurado Popular les aplica la atenuante de falta de medios, pues el 61,6% de los encuestados los considera insuficientes, casi un 40% estima que hacen falta más jueces, un 28% más y mejores medios informáticos y un 21,4% más personal auxiliar. Por el contrario, las más importantes entidades jurídicas del Estado como son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional, no cuentan con la misma confianza de los ciudadanos quienes pese a todo, sin llegar a aprobarles, les valoran mejor que a las Cortes y al Gobierno. Este último dato, unido a que los números son sensiblemente mejores respecto a un idéntico estudio de 2005 en el que hasta un 84,1% de los encuestados percibía un trato desigual, anima a tener esperanzas. Y es que el que no se consuela, es porque no quiere.
Pero no deja de sorprenderme el hecho de que, mientras en la política personalizamos la corrupción con nombres y apellidos para no privarnos de votar una y otra vez a los partidos que los amparan sistemáticamente, aplicamos la operación inversa en el aparato judicial, o sea, eximimos de culpa a quienes integran su maquinaria y no tenemos empacho en suspender a las entidades que sin su concurso no serían posibles. Pero ahí están los bancos para mostrar la lógica que rige entre nosotros y ayudarnos a comprender estos resultados, pues es evidente que los bancos no tratan por igual a los ciudadanos, que son los que más discriminan, las entidades menos democráticas, opacas y oscuras de cuantas nos gobiernan, que nos prejuzgan, juzgan, condenan y ejecutan sin derecho a réplica ni impugnación y sin embargo, les confiamos todo nuestro dinero.
Condecoración al mérito civil para Mari Carmen
Mari Carmen, la madre que fuera condenada a nueve años de cárcel, de los que ha cumplido un año y diez días, por inmolar al violador de su hija de 13 años cuando aquella basura tuvo la desfachatez de acercársela a preguntarle ¿qué tal está tu hija? mientras disfrutaba de un permiso penitenciario por buen comportamiento, no volverá a prisión para cumplir el resto de la sentencia, en tanto en cuanto, no se resuelva la petición de indulto que tramitó a finales del pasado mes de febrero. Así lo ha acordado la sección VII de la Audiencia, por estimar que, su ingreso en el centro penitenciario puede afectar negativamente la evolución del tratamiento médico que la penada sigue por su enfermedad mental, a parte de considerar que mantiene una vida ajena al delito sin antecedentes penales.
Por supuesto, comparto la alegría de su hija y la tranquilidad de la madre al saber esta resolución judicial. Pero creo no ser el único en disentir en algunos extremos agridulces de la noticia, que me impiden aplaudir con alborozo la medida provisional de nuestros Tribunales.
De la información recibida, se desprende entre líneas primero, que la mujer fue encontrada culpable de asesinato, cuando lo suyo sería haberla declarado heroína de la justicia y merecedora de una condecoración al mérito civil por parte del Perfecto Irresponsable; Segundo, que fue condenada a nueve años una madre a la que ampara el Derecho Natural y el Divino a eliminar a la bestia que el sistema legal puso de nuevo en circulación para riesgo de todos, por buen comportamiento, toda vez la mujer tuvo la certeza de que su hija volvía a correr peligro, dado que el Estado que debería velar por su seguridad a todas luces no lo hacía; Tercero, que los Tribunales, hacen un flaco favor a la Educación para la Ciudadanía que estudian forzados nuestros jóvenes en los institutos, al de una parte, conceder permisos carcelarios “por buena conducta” a violadores y pederastas y de otra enviar a prisión a una madre que no hizo otra cosa que defender a su hija; Y Cuarto, que los jueces, lejos de reconocer la virtud moral de esta ciudadana que ha hecho de España un lugar mejor para la convivencia al suprimir un agente nocivo para la sociedad, la llena de ignominia obligándola a pasar por trastornada mental para obtener un indulto que jamás debería acontecer, de haber sido premiada por el Gobierno en lugar de condenada por nuestro sistema criminal, cuando su comportamiento es precisamente el normal, el natural y propio de una persona cuerda, recta, valiente, buena y sobre todo justa.
¿Por qué sucede esto? En mi opinión, creo que hay un entendimiento tácito entre criminales y el aparato represor que sólo funciona contra la indefensa población, y en el caso que nos ocupa, entre violadores y pederastas por un lado y abogados, jueces, fiscales y funcionarios de prisiones, por otro, para no hacerse daño mutuamente. Me explico: si yo fuera un violador, créanme que de salir libre, lo primero que haría sería vengarme de quienes me han estado jodiendo la existencia mientras he estado en el trullo, o sea, iría a por las hijas del juez que me condenó, a por las nietas del abogado que me defendió mal, a por las sobrinillas del fiscal que me acusó, a por las mujeres de los psicólogos y funcionarios, etc. Pero claro…tal y como funciona el sistema, ello sería como tirar piedras sobre mi propio tejado, así que, me contengo un poco y reincido evitando precisamente violar a sus hijas, sobrinas, nietas y mujeres, para que cuando necesite de sus servicios, tengan en cuenta todos los atenuantes y sobre todo mi buen comportamiento. Visto así…a lo mejor la madre debió apuntar más alto.
Justicia social para Marta del Castillo
Que alguien me explique lo que está sucediendo en este vergonzoso caso, porque no lo entiendo: el próximo 14 de Febrero, Miguel Carcaño va a cumplir dos años en prisión provisional como asesino confeso de Marta del Castillo, mientras el resto de implicados, su hermano, un amigo y la novia acusados de complicidad y encubrimiento, gozan de entera libertad, sin que todavía haya aparecido el cuerpo de la joven.
Lo sucedido hoy mismo, en el transcurso del juicio que se está celebrando a puerta cerrada en Sevilla contra el menor apodado el Cuco, me parece todo un despropósito más que sumar a este esperpento de proceso. Resulta que estos mocosos se han negado a declarar alegando indefensión. ¡La madre que les parió! A ellos y a quienes consienten que la burla, mofa y recochineo de esta gente que merece pena de muerte continúe para mayor dolor y sufrimiento de la familia de la victima.
No puedo creerme que con todos los medios parademocráticos con los que cuenta un Estado como el español, cuyo Misterio del Interior se muestra muy eficiente en desmantelar redes terroristas internacionales, localizar zulos y pisos francos a las pocas horas de realizar cualquier detención, se revele incapaz de sonsacarles de una vez a esta escoria humana, dónde se deshicieron del cuerpo de su víctima, de no ser que los miembros de ETA tengan por norma responder cuanto sepan a las primeras de cambio durante los interrogatorios y entonces, me facilitaría entender los decepcionantes resultados obtenidos a este respecto. Pero me resisto a creerlo.
Recuerdo una película en la que, el acusado principal del asesinato y violación de una niña, estaba protegido por las instituciones penitenciarias para que el resto de reclusos no le cortase los cojones. Entonces, no recuerdo si fue el padre de la pequeña, sus familiares o amigos, empezaron a dar caza a quienes habían colaborado activamente en la tragedia pero que por falta de pruebas continuaban en la calle jactándose de haber salido de rositas y según fuera su grado de implicación, les amputaban una oreja, los pies, las manos, les sacaban los ojos, pero sin llegar a matarles, dejándolos en mitad de las calles y llamando a los medios para que dieran la noticia. La película terminó con la retirada de la acusación por parte de la familia y el criminal autoinculpándose ante el juez.
Hemos de confiar en el Sistema, pero no por sistema. Cuando las garantías procesales de un asesino confeso empiezan a erosionar los derechos de la sociedad a defenderse civilizadamente de los indeseables, en ese caso, no queda otro remedio que atender al derecho natural a la autodefensa que toda comunidad tiene para deshacerse de los miembros que la someten a miedo e inseguridad continua, quienes pierden el privilegio de nuestra clemencia en el mismo momento en que no colaborasen para esclarecer lo sucedido y no mostrasen arrepentimiento.
Recuérdese, antes de continuar, que estoy hablando en todo momento de criminales confesos o juzgados y condenados que no colaboran con la justicia ni muestran arrepentimiento. Pues bien, para estos casos especiales, como pederastas, violadores, asesinos, etc, deberíamos plantearnos la cuestión de qué resulta más civilizado y democrático, si conservarles la vida a toda costa, para que sus genes puedan reproducirse en generaciones futuras o eliminarles de la existencia para preservar nuestra supervivencia futura.