¿Qué gana la Generalitat denunciando como “ayuda de estado ilegal” el acuerdo con el Gobierno español que acaba con la histórica discriminación a las empresas vascas conectadas a la alta tensión? Me lo pregunto desde que en Onda Vasca empezamos a trabajar esta noticia —sí, fuimos nosotros los que la sacamos, aunque luego fuéramos víctimas de la habitual rapiña de la profesión—, y sigo sin encontrar la respuesta. No paso del perro del hortelano, de los amigos que hacen innecesarios los enemigos, del escorpión y la rana o, en fin, del inveterado —¡y muy español, hay que joderse!— pecado capital de la envidia.
Tan triste como suena. Uno mira y remira las circunstancias y no atisba otro asidero. Ese pacto, arrancado con sangre, sudor y lágrimas, no supone ningún privilegio. Todo lo que hace es acabar con un agravio que implicaba, ahí estaba el tumor, un lastre insufrible para las compañías secuestradas por el perverso mecanismo eléctrico.
Y aquí viene la segunda parte de esta reflexión, más desazonadora todavía. No ha sido a 600 kilómetros sino en casa, donde los acusicas del Palau de la Plaça de Sant Jaume han encontrado sus más entusiastas justificadores. Las argumentaciones han ido desde el socorrido “Eso pasa por pactar con el PP corrupto” al memo “Se lo merece Urkullu por no apoyar el procés”, aunque la más reveladora es la que sostiene que la denuncia es muy procedente porque la medida beneficia a las empresas explotadoras de personas. Eso, en labios de los mismos que hace unos días, tras caerse del caballo camino de Damasco, repetían que lo que hace falta es una “auténtica política industrial”.