Resumen de lo publicado: una antigua presentadora de noticieros televisivos convertida en reina por vía inguinal le hace cariñitos telefónicos a un compi yogui que está metido hasta las trancas en el pufo de la tarjetas black de Bankia. Un periódico digital —eldiario.es— se hace con los mensajes empalagosos de la mengana y de su real marido —que es más listo y no se compromete casi nada en sus escritos— y, como es lógico, los difunde. A pesar del silencio espeso de algunos de los más importantes medios de comunicación y de los representantes de tres de los cuatro principales partidos españoles, el asunto se convierte en un escándalo del carajo de la vela.
Y a partir de aquí, lo nuevo, que es que el gobierno en funciones toma cartas en el asunto. ¿Quizá para afear la conducta casquivana del Jefe del Estado y su señora? Pues no. Lo que ha hecho el ministro interino de Justicia es anunciar que se va abrir una investigación para determinar si la divulgación de los frotamientos verbales de la tal Ltzia (así firmaba) con su enmarronado partenaire de chakras constituye un delito de revelación de secretos. Como argumento, el licenciado Rafael Catalá esgrime su preocupación por el derecho a la intimidad y la protección de las comunicaciones. Otro del gabinete provisional que tal baila, el ostentador transitorio de la cartera de Interior, Jorge Fernández, se ha descolgado con la fresca que sigue: “Creo que es muy malo, afecte a quien afecte, que se revelen cosas que no deben ser conocidas”. Me dirán que menudo morro, pero vuelvo a exhortarles a sacar sus conclusiones. Es que si lo hago yo, me la cargo.