Yo no estoy a favor del aborto. No creo que casi nadie lo esté, en realidad. Ni siquiera los que lo reclaman como derecho, entre los que no tengo claro si me encuentro o no. Es una de tantas trampas del lenguaje, que nos plantea disyuntivas falsas. En este caso, lo opuesto a estar en contra no es estar a favor sino, como mucho, asumir que la interrupción voluntaria del embarazo bajo determinadas circunstancias es un mal que busca evitar otro mayor. Hay que ser malnacidos —miren qué palabra me sale— para sostener que las mujeres que toman esa decisión lo hacen como si estuvieran escogiendo entre peinarse a lo garçon o hacerse rastas. No diré que todas, porque tampoco quiero ser más papista que el papa, pero estoy seguro de que la inmensa mayoría de las que han estado en ese trance lo han hecho pagando un altísimo precio de lágrimas, noches sin dormir y dudas atormentadoras… tanto antes como después de pasar por la camilla.
Hasta donde soy capaz de percibir, diría que se daba un amplio consenso social sobre lo que describo. Incluso personas de mentalidad conservadora habían llegado a aceptar, quizá tratando de no pensar demasiado en ello, que la ley de plazos suponía una solución realista. Si habían tenido una experiencia cercana y no digamos si lo habían vivido en carne propia, la convicción de que no se puede tapar el sol con un dedo era aun mayor. Y en cuanto a los que reclamaban una normativa más abierta, el sentido común les había hecho comprender que, sin dejar de ser mejorable, lo que estaba vigente resultaba razonable.
En un lugar en el que se levantan trincheras por la menor chorrada, era difícil encontrar cuestiones que, siendo peliagudas y resbaladizas, se llevaran con tal grado de sensatez. Esta era una de ellas hasta que, en nombre de su ego y obrando al servicio del integrismo pro-vida —esa expresión sí que es falaz—, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón la ha dinamitado.