Por más conocido que me resulte el fenómeno, no dejará de maravillarme el empeño obsesivo del PP vasco en avanzar retrocediendo. ¿Cómo va a creer nadie a Alfonso Alonso reclamando la moderación frente al casadocayetanismo que escora a su partido hasta los mismos confines de Vox o, a veces, dos palmos más a la derecha? Ni diez días después de lo que los más ingenuos tomaron como una declaración de intenciones, la sucursal genovesa en Vasconia ha vuelto a revelarse exactamente como tal acudiendo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para denunciar la ilegalidad del decreto que regula el uso del castellano y el euskera en los ayuntamientos.
Así andamos a estas alturas del tercer milenio, haciendo de la lengua motivo de gresca y, sobre todo, teta de la que ordeñar algún que otro minuto en los medios, a ver si hay suerte y en la próxima cita con las urnas se detiene la sangría de votos. Para que la acción resulte más patética, ni siquiera es original. Los populares autonómicos —que no autónomos— chupan de nuevo rueda de Vox, que se adelantó en el recurso ante los primos togados de Zumosol.
Esto va, lisa y llanamente, de la competición por ver quién se sitúa más al fondo y, sobre todo, más a la derecha. Sería solo una ridiculez que no debería quitarnos un segundo si no fuera por el objeto que han escogido para medir sus crestas ultramontanas. Una vez más, han hecho presa en el euskera, al que pretenden convertir en instrumento de división a base de trolas tan zafias como la que ha desmontado el alcalde de Gasteiz. La buena noticia es que pinchan en hueso. La sociedad vasca ya no traga esos burdos cebos.