Conforme a pronóstico, mi columna anterior me ha procurado media docena de pescozones procedentes del sur de la península, bien es cierto que algunos de ellos, ejecutados con cariño por manos amigas. Menté, casi literalmente, la bicha, el gran tabú sobre el que hay mandato de guardar silencio o, mucho peor, defenderlo contra toda evidencia. Hablo del Plan de Empleo Rural, por sus siglas, PER, que me reitero en calificar como escandaloso artefacto para la compra de sufragios.
Tiene su gracia que al referirse a la vergonzosa situación creada por esta suerte de sopa boba, se emplee la expresión voto cautivo, cuando los encadenados no son quienes la reciben, sino los políticos que, sabiendo que la cosa no tiene medio pase, no se atreven a tocarla. Al contrario, alguna formación que empezó protestando ha terminado entrando en la habitual subasta electoral que consiste en prometer que se reducirá el número de peonadas necesarias para cobrar lo que en no pocos casos es un chollo.
Sí, eso he escrito, chollo. Nada tendría que decir si se tratase de un mecanismo de redistribución que persiguiera de verdad reducir las desigualdades y acabar con la miseria. No pongo ninguna objeción a que las personas que lo necesiten reciban una renta —el sistema vasco es un buen modelo— que evitara su exclusión. Eso bien poco tiene que ver con un sistema que, lejos de luchar contra la injusticia, profundiza en ella al fomentar el subsidio eterno como modo de vida. No se me ocurre filosofía más reaccionaria que esta cacicada del siglo XXI. Pero como en gran medida subsiste gracias a ella, Susana Díaz no querrá modularla.