Se pasó trescientos pueblos la vicepresidenta española al fantochear sobre el descubrimiento de una gigantesca bolsa de fraude en el cobro de prestaciones por desempleo. Su gobierno, que es la hostia en bicicleta y el recopón bendito, había pillado llevándoselo crudo a más de medio millón de parados que no lo eran. Eso dijo Soraya Sáenz de Santamaría, y cuadra mal achacárselo a un lapsus o a un baile de ceros, porque lo repitió en tres ocasiones. En tres. Con arrogancia, con suficiencia, con cara de a mi me la van a dar con queso estos desgraciados, amos anda, menuda soy yo.
Aunque los titulares de primer minuto tragaron y difundieron la especie a todo gas, apenas dos horas después de la rajada, se vino abajo la trapisonda. La desparpajuda portavoz, que de natural es más bien chata, quedó retratada con la nariz de Pinocho. Ante los insistentes requerimientos de los plumillas, que echaban cuentas y no les salían, el ministerio de Empleo tuvo que aflojar los datos auténticos. Ni medio millón, ni trescientos mil, ni cien mil. Exactamente 60.004 parados o paradas habían sido objeto de un expediente de retirada de la percepción. Adviértase por añadidadura que en buena parte de esos casos la sanción no era permanente sino temporal: quince días por haber entregado tarde un papel, un mes por no haber acudido a la oficina a una cita de control…
¿A qué vino, entonces, ese brutal inflado de unas cifras que en su verdadera dimensión están al alcance de cualquiera? ¿Por qué un gobierno se arriesga a mentir de modo tan impúdico en una cuestión en la que le pueden cazar en un abrir y cerra de ojos? Barrunto que la respuesta está en la fábula de la rana y el escorpión: porque está en su naturaleza. También porque le ha funcionado. Mariano Rajoy llegó a Moncloa a base de lo que el tiempo ha demostrado como trolas mondas y lirondas, y desde entonces no ha dejado de pasarse la verdad por la sobaquera.