La gran injusticia respecto a la renta de garantía y las ayudas sociales no es tanto que haya quien las percibe de forma fraudulenta, sino que se les nieguen a personas y familias que las necesitan imperiosamente para subsistir. Si unimos la evidencia de que ocurre lo primero y lo segundo —muchas veces, en la misma escalera—, encontraremos parte de la explicación a la creciente desconfianza hacia los mecanismos de protección social. Y la palabra desconfianza es un eufemismo. Me temo que estamos más cerca de un rechazo visceral ante el que se hace un mundo oponer argumentos razonados. Tanto peor, si se trata de combatir a base de maquillar la realidad, retorcer estadísticas o, como es el caso más habitual, insultar a quienes manifiestan tal estado de ánimo.
Hago notar que, contra lo que marcaría la intuición, este sentimiento refractario a la solidaridad pública arraiga con mayor profundidad cuanto más humilde es el entorno. Es de los barrios que peor lo pasan de donde salen las diatribas más furibundas. Para comprobarlo, basta ir a un bar de esos en los que todavía echan serrín al suelo cuando llueve y poner la oreja. En la viceversa, los mensajes preñados de inmejorables intenciones suelen proceder —no digo que siempre sea así— de lugares en los que la comida del día siguiente o la factura de la luz del mes que viene no generan grandes quebraderos de cabeza… por lo menos, todavía. Se comprenderá que los que padecen estrecheces contantes y sonantes no muestren una gran disposición a recibir lecciones de supervivencia de quienes tienen resuelto lo inmediato.
Me desdigo: no se comprende. Y ahí es donde reside el problemón y la abismal diferencia a la hora de interpretar, por ejemplo, que el Gobierno Vasco anuncie que a partir de 2014 los perceptores de la RGI podrían tener que realizar ciertos trabajos comunitarios. Es justo, dicen unos. Un atropello intolerable, denuncian otros.