
El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha sido seguido de un estallido de revueltas callejeras que, en algunas ocasiones, han provocado violentos enfrentamientos.
Simultáneamente se ha generado una tormenta de informaciones y contra-informaciones, así como valoraciones políticas e ideológicas.
Políticamente se han podido escuchar argumentarios estratégicos desautorizando la violencia en general , así como también tácticos, proponiendo una modificación legislativa sobre la libertad de expresión, o, en su caso, algunos cambios en los protocolos de actuación de la policía.
Ideológicamente se ha defendido la libertad de expresión como principio democrático elemental, o se ha animado a la continuidad de una lucha «anti-fascista».
Pero, en ningún momento se ha hecho referencia a la situación psico-social que se está viviendo como consecuencia de la implantación de las medidas frente a la pandemia del COVID-19.
Y sin embargo, este último aspecto se debería tener muy en cuenta, ya que ha supuesto una disciplinarización de la vida social y laboral que en algunos casos ha llegado hasta su fractura, sobre todo ante la evidencia de la arbitrariedad algorítmica de alguna de las decisiones tomadas.
Así, es más que posible que no se puedan comprender los estallidos violentos antes mencionados sin tener en cuenta la acumulación de hartazgo social y el escepticismo colectivo (¿escalados según territorios?) que acaso habrían encontrado en el caso Hasél una oportunidad para catartizarse, independientemente de perspectivas ideológicas o políticas.
De hecho no sería la primera vez que ocurre un fenómeno similar, ni probablemente será la última…








