Gazteiz, un profesor al que se le atribuyen, según las versiones, entre cuatro y cinco episodios de abusos sexuales a criaturas de 3 a 5 años sigue dando clase 4 cursos después de que se presentara la primera denuncia. De ello nos enteramos —¡al mismo tiempo que las y los progenitores del resto de los alumnos que han mantenido o mantienen contacto diario con el individuo!— porque El Correo (al César lo que es del César) informó de que la niña de esa denuncia inicial se había vuelto a encontrar con su presunto agresor… ¡en el colegio al que huyó precisamente para no tener que cruzárselo! La indignación sulfurosa que despierta la noticia provoca que el Departamento de Educación del Gobierno vasco aparte de las aulas al docente en cuestión.
Se diría que es el final menos malo de esta sucesión de despropósitos. No pierdan de vista, sin embargo, que por infinito asco que nos dé, en el momento procesal actual, el maestro es técnicamente i-no-cen-te. Es decir, que si tuviera posibles para contratar a uno de esos picapleitos sin alma, podría sacar los higadillos a la institución que lo ha suspendido. Ocurre, y para mi es una brutal perversión, que Educación, que es poder ejecutivo, ha tenido que adoptar una medida que le corresponde a las instancias judiciales. O nos engañan con lo del Estado de Derecho, o son sus señorías togadas las que deben determinar la inocencia o la culpabilidad tras un proceso que parte de una investigación de los hechos. Ahí le hemos dado. A día de hoy, la fiscalía, entorpecida su labor parece ser que por jueces (requete)garantistas, no tiene lo suficiente contra el tipo.
En este caso hay un detalle que ha pasado desapercibido o sobre el que no se ha querido prestar atención. Este profesor es de los que nutre la inmensa lista de candidatos a sustituciones y que por tanto vaga de centro en centro por meses o quizá pordías, según la baja de a quien sustituye.
Por ello no supone ninguna sorpresa que acabara coincidiendo con la niña, aunque ¡en diferentes niveles de Primaria!
Que diluciden las causas intruidas en los juzgados pero que se tenga en cuenta que en un centro público la vigilancia al profesorado es constante y no se dan esas visitas en solitario a los despachos de los profesores (porque no suele haberlos individuales entre otros motivos) y que no se pida poco menos que el despido por parte curiosamente de quienes más vehementemente reclaman un apuntalamiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores