Los dueños del vertedero

Sorprende la rapidez y la contundencia de la empresa Verter Recycling para denunciar lo que consideran “detención ilegal” de su propietario, su ingeniero jefe y su gerente. Cómo hubiéramos agradecido una celeridad semejante para haber aclarado las circunstancias de la tragedia —parece que nada accidental— del vertedero de Zaldibar, su vertedero, según consta en el registro de la propiedad. Pero no. Todo lo que hemos tenido en estos casi seis meses eternos han sido tibias notas de despeje a córner, pobres excusas y, en definitiva, silbidos a la vía. Para qué otra cosa, si el marronazo del desplome se lo estaba comiendo a mordiscos el gobierno vasco o, más concretamente, el lehendakari.

Y miren, yo no digo que el ejecutivo o el propio Iñigo Urkullu hayan estado acertados en todas sus decisiones, especialmente en los primeros días tras el desplome, cuando mostraron más titubeos de los necesarios. Pero nos conocemos lo suficiente, porque tenemos un puñado de casos calcados a este, para saber que el carroñerismo político no se iba a parar en barras. Como botón de muestra, los buitres de signo ideológico opuesto cacareando las mismas letanías presuntamente en nombre de los dos trabajadores sepultados. Sin descartar otras responsabilidades, ahora el foco está donde debe, en los dueños de la empresa.

Muertos ‘de más’

Como señaló atinadamente Juanjo Álvarez ayer en la tertulia de Euskadi Hoy de Onda Vasca, resulta tremendo que en la técnica estadística existan conceptos como Mortalidad esperada o Exceso de defunciones. Es uno de los aprendizajes siniestros y no exentos de morbo de esta pesadilla interminable. Lo primero viene a ser la previsión de muertos en un periodo, supongo que en función del comportamiento medio de otros años en las mismas fechas. Lo segundo, lógicamente relacionado con lo anterior, es el número de fallecimientos que se dan por encima de la estimación.

Y ahí es donde se han roto todas las marcas. Con datos puros y duros de los registros civiles en la mano, resulta que solo entre el 13 de marzo y el 22 de mayo murieron en el estado español 43.000 personas más de las que se esperaba. La cifra está muy por encima del balance oficial de fallecidos por coronavirus que aporta el ministerio de Sanidad. Se puede argumentar que no necesariamente cabe achacar al maldito covid19 cada uno de los decesos de más. O no, por lo menos, como consecuencia directa. Otra cosa es cuántas de las muertes han sido por efecto colateral del virus, al deberse a dolencias eclipsadas ante la emergencia sanitaria. Averiguarlo es un reto que tiene la ciencia y que nos dará la estremecedora dimensión de la tragedia.

La verdad, por fin

Supongo que debemos felicitarnos porque presuntamente se haya restablecido la verdad histórica del atentado que acabó con la niña de 20 meses Begoña Urroz el 27 de junio de 1960. No fue ETA, sino una singular organización que se presentaba como antifranquista y antisalazarista, y que atendía al pomposo nombre de Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, por sus siglas, DRIL. Ocurre, tirando de refranero español, que para este viaje no hacían falta alforjas y que a buenas horas, mangas verdes. Hacía muchos años que se conocía cada pormenor de la acción criminal. Prácticamente desde que —creo que sin mala intención— Ernest Lluch echó a rodar la historia y fue comprada por golfos ávidos de efemérides truculentas, decenas de estudiosos y contemporáneos de los hechos han documentado sin lugar a la duda la autoría del grupo hispanoluso.

En todo caso, la novedad, que debe enunciarse entre el pasmo y la indignación, reside en la circunstancia de que la fuente del desmentido que pretende quedar como oficial sea la misma que durante todo este tiempo ha dado pábulo a la versión manipulada. No hablo, ojo, de los investigadores que firman la monografía titulada Muerte en Amara. La violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz, sino de la entidad que la avala, el tal Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo escorado ya sabemos a qué lado. Cuánto dolor y cuánto bochorno nos hubiéramos evitado sin el empeño en sostenella y no enmendalla… hasta ahora.

Por lo demás, y para los que levantan el mentón y hasta exigen peticiones de perdón, esta revelación no convierte a ETA en buena. Cerca de mil muertos lo atestiguan.

Cabacas, ya cinco años

Cuando pedimos justicia para Iñigo Cabacas, hacemos un enorme ejercicio de voluntarismo, y lo sabemos. Por desgracia, no hay modo de reparar lo que ocurrió. Ninguno. Nada le devolverá la vida. Nada aliviará el sufrimiento de su familia. A lo máximo que podíamos aspirar era a no hacer mayor la herida. El tiempo, estos cinco crueles años, ha demostrado que ni eso se ha conseguido. Al contrario, da la impresión de que cada movimiento ha profundizado en el dolor de sus allegados y en la absoluta sensación de impotencia y amargura de cualquier persona con un gramo de corazón. Como he hecho desde la primera vez que escribí sobre lo que nunca tendría que haber ocurrido, vuelvo a denunciar la colosal falta de humanidad que ha envenenado el tristísimo episodio. Mírese cada quien el ombligo y conteste honestamente qué ha tapado o qué ha amplificado por el más abyecto de los partidismos.

Y la cosa es que, a primera vista, no parecía tan difícil, como poco, determinar las responsabilidades básicas. Menos, cuando la inmensa mayoría de los testigos y protagonistas tienen la condición de servidores de la ley. ¿Es aceptable ampararse en la oscuridad, la confusión o la tensión? ¿Es profesional? Desde luego, es una actitud muy cobarde y, a la larga, perjudicial para un cuerpo, la Ertzaintza, contra el que hay algo más que una campaña de acoso y derribo sistemático. Claro que este asunto se ha utilizado como ariete en esa guerra sin cuartel, pero por eso mismo, la herramienta más eficaz, además de la más honesta, para hacer frente a los pescadores de río revuelto habría sido una transparencia fuera de la menor duda.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.

Saber quiénes son

Lo primero, el aplauso. No está todo perdido en este oficio de tinieblas. Un porrón de auténticos periodistas del mundo entero se han dejado las cejas durante meses para poner al descubierto a miles de figurones planetarios que —como poco— han escaqueado y/o escaquean pasta a paletadas en Panamá. Eso merece una celebración, incluso aunque todo quede en uno de esos gigantescos esfuerzos que por baldíos conducen irremisiblemente a la melancolía. ¿Por qué ha de ser así, si las pruebas son tan claras? Veamos…

De entrada, técnicamente, para España el país centroamericano no es un paraíso fiscal. A pesar de que el pato anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, el gobierno de Zapatero —oh, sí, me temo que sí— retiró tal consideración para no perjudicar (o sea, para beneficiar) a los emporios patrios de la construcción que pretendían pillar cacho en las obras de ampliación del canal.

Añadan, como se están encargando de explicar con gran dolor de su corazón los autores de la investigación y los expertos en marrones económicos, que en buena parte de los casos ni siquiera estamos ante delitos penalmente perseguibles. Resulta que las empresas offshore, los testaferros, los accionistas fiduciarios y toda esa casquería financiera que aparece en las noticias pueden ser instrumentos inmorales de cabo a rabo, pero no necesariamente ilegales. Más allá de alguna dimisión cosmética —en Islandia, pongamos— y quizá un pellizco de monja de las supuestas autoridades fiscales, no cabe esperar castigo. ¿Qué nos queda, entonces? Saber quiénes se ríen de nosotros y, a partir de ahí, actuar en consecuencia.

Gasteiz, ¿y la investigación?

Gazteiz, un profesor al que se le atribuyen, según las versiones, entre cuatro y cinco episodios de abusos sexuales a criaturas de 3 a 5 años sigue dando clase 4 cursos después de que se presentara la primera denuncia. De ello nos enteramos —¡al mismo tiempo que las y los progenitores del resto de los alumnos que han mantenido o mantienen contacto diario con el individuo!— porque El Correo (al César lo que es del César) informó de que la niña de esa denuncia inicial se había vuelto a encontrar con su presunto agresor… ¡en el colegio al que huyó precisamente para no tener que cruzárselo! La indignación sulfurosa que despierta la noticia provoca que el Departamento de Educación del Gobierno vasco aparte de las aulas al docente en cuestión.

Se diría que es el final menos malo de esta sucesión de despropósitos. No pierdan de vista, sin embargo, que por infinito asco que nos dé, en el momento procesal actual, el maestro es técnicamente i-no-cen-te. Es decir, que si tuviera posibles para contratar a uno de esos picapleitos sin alma, podría sacar los higadillos a la institución que lo ha suspendido. Ocurre, y para mi es una brutal perversión, que Educación, que es poder ejecutivo, ha tenido que adoptar una medida que le corresponde a las instancias judiciales. O nos engañan con lo del Estado de Derecho, o son sus señorías togadas las que deben determinar la inocencia o la culpabilidad tras un proceso que parte de una investigación de los hechos. Ahí le hemos dado. A día de hoy, la fiscalía, entorpecida su labor parece ser que por jueces (requete)garantistas, no tiene lo suficiente contra el tipo.