La verdad, por fin

Supongo que debemos felicitarnos porque presuntamente se haya restablecido la verdad histórica del atentado que acabó con la niña de 20 meses Begoña Urroz el 27 de junio de 1960. No fue ETA, sino una singular organización que se presentaba como antifranquista y antisalazarista, y que atendía al pomposo nombre de Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, por sus siglas, DRIL. Ocurre, tirando de refranero español, que para este viaje no hacían falta alforjas y que a buenas horas, mangas verdes. Hacía muchos años que se conocía cada pormenor de la acción criminal. Prácticamente desde que —creo que sin mala intención— Ernest Lluch echó a rodar la historia y fue comprada por golfos ávidos de efemérides truculentas, decenas de estudiosos y contemporáneos de los hechos han documentado sin lugar a la duda la autoría del grupo hispanoluso.

En todo caso, la novedad, que debe enunciarse entre el pasmo y la indignación, reside en la circunstancia de que la fuente del desmentido que pretende quedar como oficial sea la misma que durante todo este tiempo ha dado pábulo a la versión manipulada. No hablo, ojo, de los investigadores que firman la monografía titulada Muerte en Amara. La violencia del DRIL a la luz de Begoña Urroz, sino de la entidad que la avala, el tal Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo escorado ya sabemos a qué lado. Cuánto dolor y cuánto bochorno nos hubiéramos evitado sin el empeño en sostenella y no enmendalla… hasta ahora.

Por lo demás, y para los que levantan el mentón y hasta exigen peticiones de perdón, esta revelación no convierte a ETA en buena. Cerca de mil muertos lo atestiguan.

Cabacas, ya cinco años

Cuando pedimos justicia para Iñigo Cabacas, hacemos un enorme ejercicio de voluntarismo, y lo sabemos. Por desgracia, no hay modo de reparar lo que ocurrió. Ninguno. Nada le devolverá la vida. Nada aliviará el sufrimiento de su familia. A lo máximo que podíamos aspirar era a no hacer mayor la herida. El tiempo, estos cinco crueles años, ha demostrado que ni eso se ha conseguido. Al contrario, da la impresión de que cada movimiento ha profundizado en el dolor de sus allegados y en la absoluta sensación de impotencia y amargura de cualquier persona con un gramo de corazón. Como he hecho desde la primera vez que escribí sobre lo que nunca tendría que haber ocurrido, vuelvo a denunciar la colosal falta de humanidad que ha envenenado el tristísimo episodio. Mírese cada quien el ombligo y conteste honestamente qué ha tapado o qué ha amplificado por el más abyecto de los partidismos.

Y la cosa es que, a primera vista, no parecía tan difícil, como poco, determinar las responsabilidades básicas. Menos, cuando la inmensa mayoría de los testigos y protagonistas tienen la condición de servidores de la ley. ¿Es aceptable ampararse en la oscuridad, la confusión o la tensión? ¿Es profesional? Desde luego, es una actitud muy cobarde y, a la larga, perjudicial para un cuerpo, la Ertzaintza, contra el que hay algo más que una campaña de acoso y derribo sistemático. Claro que este asunto se ha utilizado como ariete en esa guerra sin cuartel, pero por eso mismo, la herramienta más eficaz, además de la más honesta, para hacer frente a los pescadores de río revuelto habría sido una transparencia fuera de la menor duda.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.

Saber quiénes son

Lo primero, el aplauso. No está todo perdido en este oficio de tinieblas. Un porrón de auténticos periodistas del mundo entero se han dejado las cejas durante meses para poner al descubierto a miles de figurones planetarios que —como poco— han escaqueado y/o escaquean pasta a paletadas en Panamá. Eso merece una celebración, incluso aunque todo quede en uno de esos gigantescos esfuerzos que por baldíos conducen irremisiblemente a la melancolía. ¿Por qué ha de ser así, si las pruebas son tan claras? Veamos…

De entrada, técnicamente, para España el país centroamericano no es un paraíso fiscal. A pesar de que el pato anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, el gobierno de Zapatero —oh, sí, me temo que sí— retiró tal consideración para no perjudicar (o sea, para beneficiar) a los emporios patrios de la construcción que pretendían pillar cacho en las obras de ampliación del canal.

Añadan, como se están encargando de explicar con gran dolor de su corazón los autores de la investigación y los expertos en marrones económicos, que en buena parte de los casos ni siquiera estamos ante delitos penalmente perseguibles. Resulta que las empresas offshore, los testaferros, los accionistas fiduciarios y toda esa casquería financiera que aparece en las noticias pueden ser instrumentos inmorales de cabo a rabo, pero no necesariamente ilegales. Más allá de alguna dimisión cosmética —en Islandia, pongamos— y quizá un pellizco de monja de las supuestas autoridades fiscales, no cabe esperar castigo. ¿Qué nos queda, entonces? Saber quiénes se ríen de nosotros y, a partir de ahí, actuar en consecuencia.

Gasteiz, ¿y la investigación?

Gazteiz, un profesor al que se le atribuyen, según las versiones, entre cuatro y cinco episodios de abusos sexuales a criaturas de 3 a 5 años sigue dando clase 4 cursos después de que se presentara la primera denuncia. De ello nos enteramos —¡al mismo tiempo que las y los progenitores del resto de los alumnos que han mantenido o mantienen contacto diario con el individuo!— porque El Correo (al César lo que es del César) informó de que la niña de esa denuncia inicial se había vuelto a encontrar con su presunto agresor… ¡en el colegio al que huyó precisamente para no tener que cruzárselo! La indignación sulfurosa que despierta la noticia provoca que el Departamento de Educación del Gobierno vasco aparte de las aulas al docente en cuestión.

Se diría que es el final menos malo de esta sucesión de despropósitos. No pierdan de vista, sin embargo, que por infinito asco que nos dé, en el momento procesal actual, el maestro es técnicamente i-no-cen-te. Es decir, que si tuviera posibles para contratar a uno de esos picapleitos sin alma, podría sacar los higadillos a la institución que lo ha suspendido. Ocurre, y para mi es una brutal perversión, que Educación, que es poder ejecutivo, ha tenido que adoptar una medida que le corresponde a las instancias judiciales. O nos engañan con lo del Estado de Derecho, o son sus señorías togadas las que deben determinar la inocencia o la culpabilidad tras un proceso que parte de una investigación de los hechos. Ahí le hemos dado. A día de hoy, la fiscalía, entorpecida su labor parece ser que por jueces (requete)garantistas, no tiene lo suficiente contra el tipo.

Fabricando pruebas

Como sabemos de largo por aquí arriba, la policía española opera a menudo exactamente a la inversa de lo que marcan los manuales. En lugar de tirar de un hilo y ver a dónde conduce, decide de antemano a quién hay que echar el guante, y a partir de ahí, se dedica a recopilar las pruebas que demuestren la culpabilidad del que quieren llevar esposado al cuartelillo. Dado que buscar pistas e indicios es demasiado laborioso, máxime cuando el objetivo elegido puede ser del todo inocente, lo más práctico es saltarse ese paso y proceder a la creación de elementos probatorios a medida. Ni siquiera hace falta esmerarse en la confección. Por un lado, está la manga ancha de las togas judiciales, y por otro, que siempre habrá un medio amigo —o un plumilla con ínfulas de sabueso— para que un par de fotocopias chapuceras conviertan en delincuente a quien no lo es.

Tiene toda la pinta de que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha sido la penúltima víctima de este modus operandi. Durante cuatro días, ha tenido que sufrir otras tantas portadas del diario El Mundo que le acusaban de haber tenido una multimillonaria cuenta en Suiza. Se aportaba documentación filtrada directamente desde las covachas policiales que ha resultado falsa. Una carta de la Unión de Bancos del país helvético certifica no solo que Trias jamás ha sido cliente de ninguna entidad de aquellas latitudes, sino que la numeración del depósito que se le atribuía es un invento chusco. Y lo más grave es que hay periodistas que aseguran haber recibido presiones del ministerio de Interior para que dieran pábulo a la trola infecta. Pura marca España.

I más D igual a…

Tremendísimo drama, mazazo a la línea de flotación del progreso, brutal acometida al bienestar de las generaciones futuras y me llevo una: según el Eustat, la inversión de la CAV en I+D (sin pecado concebida) descendió un 0,3% el año pasado. ¿Cómo? ¡Pero eso es imposible! ¡Si hace dos semanas sacaron bajo palio a Patxi López en el programa más chachi y más piruli de la tele como apóstol único e indivisible de la financiación de cerebros! Como ya chamullé en esta misma columna, miles y miles de especta-tuiteros lanzaban jubilosos “¡vivas!” de 140 caracteres al enterarse de que al norte de la tierra del “¡Que inventen ellos!” había una Arcadia donde los hombres y mujeres consagrados al saber reciben trato de estrellas del balompié y no tienen más que pedir por esa boquita para que les pongan un laboratorio complemente equipado con vistas al inspirador Cantábrico. Qué menos, por otra parte, en un paraíso gobernado por el cráneo privilegiado que descubrió que el principio de Arquímedes no era uno sino varios.

La faena es que hayan llegado los datos a pinchar el globo. Pero no me contaré entre los que la cojan llorona ante la disminución de la pasta destinada a lo que para mi no es más que una suma de letras que luce más de lo que alumbra. Me resulta muy llamativo que gente que se dice de ciencia y de razón pronuncie la ecuación (a veces añadiendo otra i al final) como si fuera un conjuro o un mantra que acarree la buena fortuna. Del mismo modo que no comparto la letanía que sostiene que un país que lee mucho es un país avanzado porque la tal lectura masiva puede ser el Marca o el Hola, tampoco comulgo con la idea de que cada euro asignado a la investigación nos será devuelto multiplicado en prosperidad. Dependerá, digo yo, de qué y cómo se investigue.

Pero no me hagan caso. Ya sé que en esto soy minoría absoluta y herética. De hecho, tras el punto final, me aguarda una merecida hoguera.