Lecciones de un asesino

No es solo Andoain…

Con toda la razón del mundo, nos pasamos la semana anterior echándonos las manos a la cabeza y desgañitándonos por la indignante respuesta del Gobierno español y sus mariachis mediáticos a la sentencia europea sobre las torturas (perdón, malos tratos) a Portu y Sarasola. Imposible no encabronarse ante el ministro Catalá en plan chulopiscinas, menospreciando la enésima condena por lo mismo y, sobre todo, barritando que por la multa no había problema, porque iba a salir del pastizal que debían los torturados (perdón, los maltratados). Y qué decir de esas vomitonas de los cavernarios que fingían rasgarse los correajes porque, en su versión, los magistrados de Estrasburgo se ponían tiquismiquis por colocarles unas hostias de nada a dos terroristas.

Esos argumentos infames sin matices se contrarrestaron desde la mayoría política y social vasca, como no cabía otra, con la denuncia de tamaña iniquidad en las reacciones y, por descontado, del propio hecho que daba lugar a lo demás, es decir, las torturas. Un bonito cuento dentro de lo terrible del asunto, si no fuera porque una parte no pequeña de los denunciantes tendría bastante que callar. Y se lo ilustro con un ejemplo con nombre y apellido. El pasado sábado, José Antonio López Ruiz, más conocido como Kubati, asesino de Yoyes y de (por lo menos) otra docena de personas, pontificaba sobre la cuestión en un acto celebrado en Irun y tuiteado al minuto desde la cuenta oficial de Sortu. Esa es nuestra cacareada normalización. Un matarife múltiple da lecciones de dignidad ante el aplauso de unos y el silencio asqueroso de muchos otros.

El cobarde Rodrigo Lanza

De Ciutat morta recuerdo dos impresiones. La primera, que mantengo, es la existencia de una trama judicial y policial para manipular los hechos que quedó a la vista de todo el mundo en el documental. La segunda, en la que en este instante me reafirmo, es la sospecha de que el tal Rodrigo Lanza fue, efectivamente, el autor material de la pedrada que dejó tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. O, como poco, sabía quién lo hizo. El mal cuerpo que se me quedó al llegar a los títulos de crédito respondía, de hecho, a la sensación de haber asistido a la impunidad de uniformados torturadores y jueces prevaricadores, pero también a la cobardía de este figura bocachancla que, según lo entendí yo, dejó que un puñado de chavales se comieran un marrón en el que poco —en algún caso, nada— tuvieron que ver. Una de las jóvenes se suicidó, poca broma.

Ahora que el tipo vuelve a ser presunto autor de un hecho criminal, nada menos que un asesinato (o no sé si técnicamente, de momento solo homicidio—, considero ventajista la enmienda a la totalidad del mensaje de la película. Con su gruesa capa de demagogia y lo que se quiera, que a ver si a estas alturas vamos a descubrir el género panfletario, Ciutat morta mostraba y sigue mostrando la sordidez de determinadas alcantarillas del llamado Estado de Derecho. Quizá los retenes de retroprogres de guardia que se han lanzado a disculpar al personaje, cuando no a justificarlo porque su víctima era un ultraderechista casi literalmente con correajes, deberían pararse a pensar en el daño colateral que su defendido le ha acabado haciendo a una buena causa.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.

Memoria de Mikel Zabalza

Curioso ganapán, el de delegado o delegada del Gobierno español en las taifas peninsulares del café aguado para todos. Miren la que acaba de liar la que ejerce en Madrid a cuenta de la estelada. Del virrey en la demarcación autonómica de Vasconia, Suecencia Urquijo, qué les voy a contar; como aquel viejo eslogan del cupón de la ONCE: cada día, un numerito. Y no pierde comba en el concurso de hacer la gapuchipez más gorda la titular de la prefectura patria en el cachito foral, Carmen Alba.

“Ya estoy acostumbrada a que me reprueben y pidan mi dimisión”, se refocilaba hace unos días la que lleva como apellido cierto ducado de infame recuerdo. Razón no le falta, a ella plin, así que, sin dejar de sumarme a la inútil petición de que se las pire de una vez, le muestro mi gratitud en estas líneas. Sí, lo que leen: gratitud. Su infinita torpeza —seguramente malvada, por demás— al relacionar con ETA a Mikel Zabalza en el tristemente célebre requirimiento para que se borrase la pintada de Aoiz contra la tortura ha servido para sacar del olvido uno de los más truculentos crímenes cometidos en las cloacas del Estado español.

Invito a los lectores más jóvenes a documentarse sobre el caso. Más de 30 años después, los mismos que berrean sobre la asunción del daño causado y nos dan lecciones de memoria, siguen sin tener los bemoles de reconocer como víctima a un inocente al que sacaron de su casa de madrugada, lo llevaron a Itxaurrondo para inflarlo a hostias, y apareció 20 días más tarde en una zona del río Bidasoa que ya se había rastreado. ¿Cómo era la cantinela de la verdad, la justicia y la reparación?

Denunciar no es calumniar

Pues otra vez los golpes en la puerta no eran del lechero, salvo que lo tomen por el lado metafórico. Gajes de la democracia a la española y de sus presuntos guardianes de uniforme, con gran frecuencia dispuestos a demostrar quién manda aquí. Y, como ha sido el caso de las últimas horas en Navarra, a regalar ocho excursiones de ida y vuelta al cuartelillo por un quítame allá esa pintada. En concreto, una ubicada en Burlada en la que se ven unas manos encadenadas, la palabra Tortura atravesada por un trazo rojo y el anagrama #Aztnungal, es decir, Laguntza, escrito de derecha a izquierda.

¿Qué tiene todo eso de delictivo? Quienes no estén al corriente del asunto podrán pensar en un exceso de celo ante el incumplimiento de algún reglamento en materia de limpieza urbana. Pero no. Se supone que todos los elementos referidos constituyen, al parecer de la luminaria que ha ordenado el operativo, un delito de injurias y calumnias a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si no estuviéramos ante una martingala tan grave, la primera sonrisa sería al pensar en lo fácilmente que se dan por aludidas las tales fuerzas y lo mal que les sientan ciertas verdades.

Quizá haber escrito lo anterior me haga merecedor del mismo trato que han recibido los detenidos. Si eso toca, sea, pero ni ellos, ni servidor ni miles de personas o entidades respetables —empezando por Amnistía Internacional— decimos nada que no se haya constatado en numerosas ocasiones: por estos lares se ha torturado y se sigue torturando. Y las denuncias ni siquiera se investigan, como prueban las multas a España del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

Torturas de allá y de acá

Festival de vestiduras rasgadas y manos a la cabeza. Con el tono del gendarme Renault en Casablanca, los escandalizables a tiempo parcial se hacen lenguas sobre el informe del Senado de Estados Unidos que acusa a la CIA de haber practicado “brutales e inefectivas” torturas. Si la cuestión no fuera para llorar tres océanos, sería hasta divertido contemplar las teatrales soflamas de esta panda de fariseos del nueve largo. Cómo se adornan los muy joíos con el respeto a los Derechos Humanos, la existencia de límites que ningún poder público debe rebasar y la imperiosa exigencia de que caiga sobre los autores todo-el-peso-de-la-ley.

Ningún problema en ganar el concurso de denuncias cuando el asunto que se dilucida está a 7.000 kilómetros. Ahora, si el catálogo de horrores indecibles lo aplican en la comisaría de la vuelta la esquina, la cosa cambia, y de qué manera. Entonces los discursos se engolfan en la negativa —¡esas cosas no pasan aquí, por favor!—, en la teoría pusilánime de la excepción excepcionalmente excepcional, o en el más vergonzoso y clamoroso de los silencios.

Y no es difícil remitirse a las pruebas. Hace apenas tres meses, la asociación Argituz y otras siete organizaciones sin color político presentaron en Madrid un rigurosísimo informe sobre malos tratos infligidos en dependencias policiales españolas. Aplicando el Protocolo de Estambul, método científico internacionalmente aceptado, el trabajo documenta 45 casos de torturas, algunas de ellas idénticas a las de la CIA. De aquello nos hicimos eco la media docena de medios de siempre, mientras los que ahora cacarean silbaban a la vía.