Volvamos atrás. Exactamente hasta el instante en que en mi anterior (y muy borrascosa) columna escribí que en última instancia debería ser la ciudadanía con su voto la que decidiera si era pertinente que el o la lehendakari no fuera capaz de desenvolverse en euskera. Me faltó apostillar que, personalmente, hoy no votaría unas siglas que propusieran para el cargo a una persona no euskaldun. Simplemente quería expresar que no me siento la unidad universal de medida. Como en tantas cuestiones, mi opinión es solamente eso. Tengo la suficiente tolerancia a la frustración como para comprender que, por maravillosos que sean mis planteamientos, si estoy en minoría, ahí me jodo.
Puro principio de realismo, que es del que suelo partir. Y si hay que cambiar las cosas, propóngase abiertamente, pero siempre sin perder de vista las consecuencias. ¿Está algún partido en situación de propugnar la obligatoriedad del conocimiento del euskera y la capacidad de su uso para aspirar a ser la principal autoridad de los tres territorios? ¿Lo extendemos a la presidencia de Nafarroa y a la de la Mancomunidad de Iparralde? ¿Y a las personas que figuran como elegibles para cualquiera de los parlamentos?
Si la respuesta es sí, procedamos. Hagamos una propuesta clara donde no quepan dudas y apliquemos el tantas veces invocado derecho a decidir. Aceptemos después que nos saquen la conocida letanía de los ciudadanos de primera y de segunda —esta vez, quizá con complicada posibilidad de réplica— y, además, el riesgo de que en todo nuestro país o en alguna de sus tres partes haya una mayoría social que no esté por la labor de cruzar ese puente.