Lo malo es acostumbrarse a los escándalos. Apenas si arqueamos una ceja cuando vemos dimitir en bloque a los miembros de la cúpula del Banco de España, sobre los que recae la sospecha de haber permitido que Bankia saliera a Bolsa sabiendo a ciencia cierta que era un chicharro infame. ¡Y si solo fueran ellos! La investigación judicial —cuánto más claro el nombre anterior: imputación— alcanza a quienes en el momento de la más que probable estafa ocupaban los puestos de mayor responsabilidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la propia entidad (supuestamente) supervisora.
Casi nadie al aparato en ambos casos, pero especialmente en el segundo. Hablamos del hasta ahora todopoderoso e intocable máster del universo económico Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más conocido por su petulante acrónimo, MAFO. La de veces que nos habremos ciscado en su parentela por haber propugnado bajadas de sueldos, aumentos de la jornada laboral u otras recetas neoesclavistas del pelo. Nombrado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no lo pasemos por alto.
Respecto a este sujeto y otros barandas y exbarandas de los máximos organismos financieros españoles, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostiene que poseían quintales de información del desastre que sobrevendría a la salida a bolsa de Bankia y que, aun así, hicieron la vista gorda. Calculando por lo bajo, además del quebranto a miles de accionistas y preferentistas, el fiasco rondó los 50.000 millones de euros que tuvimos que pagar a escote. Duele pensar que salir en los papeles sea todo el castigo que les espere.