Me pongo la venda antes de tener la herida. Hay muy pocos motivos para pensar que el juicio del Caso Noós nos vaya a proporcionar una satisfacción mayor que ver a Cristina de Borbón sentada en el banquillo. Si cierran los ojos y acude a ustedes la imagen de la mengana entre descompuesta y con cara de sota de copas, tal vez convengan que no es escaso castigo. Insisto, para lo que cabe esperar de un Estado panderetero cuya jefatura la ostenta un tipo que por más Zotal que se eche encima, jamás se quitará el pelo de la dehesa franquista; nadie olvide que fue el bajito de Ferrol quien nombró digitalmente al campechano padre del que hoy luce la corona y de la señora enmarronada. “Pero luego se ratificó por la ciudadanía en el referéndum constitucional”, me apostillaba en Twitter, tirando de repertorio, un amable purista. Pulpo, animal de compañía, fue mi respuesta.
Limitemos daños, pues, ante la más que posible librada de la individua a través de un cachivache jurídico que, como apuntan legos e iniciados, llevará su propio nombre. Ni Botín, ni Atutxa. Los manuales de Derecho tienen sitio reservado a la Doctrina Cristina (o Borbón, si quiere evitarse la cacofónica rima), cuya traducción al lenguaje coloquial vendrá a decir que la Justicia no hace distinciones, los cojones treinta y tres. Quizá les parezca un tanto procaz, pero no es muy diferente en esencia del regüeldo que soltó en sede judicial una abogada del Estado —o sea, con nómina a nuestra cuenta— llamada Dolores Ripoll. Sin sonrojarse, afirmó que lo de “Hacienda somos todos” solo es un reclamo publicitario. “Putos pringaos”, le faltó añadir.