Cuando pedimos justicia para Iñigo Cabacas, hacemos un enorme ejercicio de voluntarismo, y lo sabemos. Por desgracia, no hay modo de reparar lo que ocurrió. Ninguno. Nada le devolverá la vida. Nada aliviará el sufrimiento de su familia. A lo máximo que podíamos aspirar era a no hacer mayor la herida. El tiempo, estos cinco crueles años, ha demostrado que ni eso se ha conseguido. Al contrario, da la impresión de que cada movimiento ha profundizado en el dolor de sus allegados y en la absoluta sensación de impotencia y amargura de cualquier persona con un gramo de corazón. Como he hecho desde la primera vez que escribí sobre lo que nunca tendría que haber ocurrido, vuelvo a denunciar la colosal falta de humanidad que ha envenenado el tristísimo episodio. Mírese cada quien el ombligo y conteste honestamente qué ha tapado o qué ha amplificado por el más abyecto de los partidismos.
Y la cosa es que, a primera vista, no parecía tan difícil, como poco, determinar las responsabilidades básicas. Menos, cuando la inmensa mayoría de los testigos y protagonistas tienen la condición de servidores de la ley. ¿Es aceptable ampararse en la oscuridad, la confusión o la tensión? ¿Es profesional? Desde luego, es una actitud muy cobarde y, a la larga, perjudicial para un cuerpo, la Ertzaintza, contra el que hay algo más que una campaña de acoso y derribo sistemático. Claro que este asunto se ha utilizado como ariete en esa guerra sin cuartel, pero por eso mismo, la herramienta más eficaz, además de la más honesta, para hacer frente a los pescadores de río revuelto habría sido una transparencia fuera de la menor duda.