Al primer bote, parecía algo maravilloso. Representantes de todas las sensibilidades (aunque no de todas las siglas) de Iparralde, con subrayado especial para las no abertzales, suscriben un texto para avanzar en el camino de la normalización. Qué envidia, Bidasoa abajo, ver a destacadas figuras del PSF o la UMP prestándose a aparecer en una fotografía que aquí ni nos atrevemos a soñar. Y no solo eso: mientras en la demarcación autonómica —y no digamos ya en la foral— una coma se convierte en una barrera infranqueable, los políticos del norte del país han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada menos que dos folios completos. La decepción, en mi caso, llegó al leerlos.
Pintaban muy bien los primeros párrafos. Poco que objetar a la petición al gobierno francés para que se implique en el proceso y busque una interlocución con ETA. Completamente de acuerdo en el catón penitenciario, es decir, fin de la dispersión, acercamiento, libertad condicional con los mismos requisitos que cualquier otro preso, o liberación de reclusos gravemente enfermos. ¿Ayudas para la consecución de empleo, vivienda o acceso a ingresos de jubilación a quienes abandonan la cárcel? Empieza a sonarme a agravio comparativo con el común de los mortales.
A partir de ahí, simplemente me rebelo. ¿“Suspensión de los procedimientos jurídicos y policiales contra militantes de ETA”? ¿“Exclusión de los delitos políticos en la aplicación de la Orden de Detención Europea”? ¿“Elaboración de una ley de amnistía para los asuntos ligados al conflicto vasco”? El de Baiona es, siento escribirlo, un documento de parte. Y un gran paso atrás.